Finalmente, la jueza Alice González confirmó que la administración del director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, no remitió toda la información solicitada por periodista e inicia trámite de denuncia por incumplimiento para intervención del Ministerio Público.

De nada le sirvió al director de Yacyretá, Nicanor Duarte Fru­tos, las campañas institucio­nales como las estadísticas que utilizó para convencer a la jueza Alice González y a la ciudadanía de que la informa­ción que había solicitado el periodista Jhojhani Vega fue proveída como corresponde. Esta resistencia ahora detona en la denuncia por desacato contra la binacional ante el Ministerio Público.

A casi un año de haberse denunciado en el diario La Nación que el director de la binacional evadía la pro­visión de información en relación con los gastos en publicidad como las trans­ferencias económicas rea­lizadas a organizaciones sociales, gubernamen­tales y no gubernamen­tales, durante los años 2019/2020, que en octubre del año pasado solicitaba el entonces periodista de nuestra sección, la Justi­cia cierra el círculo con la confirmación del desacato.

Recordemos que una primera justificación de la adminis­tración de Duarte Frutos para no brindar los datos es que la entidad necesita de la autorización de los argenti­nos para proceder a cumplir con el pedido.

Esta pulseada generó la denuncia por parte del perio­dista que estuvo represen­tado por el Dr. Raúl Prono, abogado de nuestro grupo de medios. Una serie de dic­támenes de instituciones encargadas de coordinar la aplicación de la Ley de Trans­parencia había sido favora­ble al pedido de información sobre los gastos.

Dr. Raúl Prono, abogado del Grupo Nación.

Sin embargo, Duarte Fru­tos y su subordinado, encar­gado de la Oficina de Trans­parencia, Hugo Joel Meza, se resistían a transparentar los gastos señalados, escu­dándose en el tratado inter­nacional de las binacionales. Una primera sentencia de la jueza González de marzo del 2021 ordenaba a Yacyretá a proveer toda la información requerida, por la vía solici­tada.

La administración de Duarte Frutos comenzó a especular con publicidades de estadís­ticas, números generales para no proveer la documentación respaldatoria de los gastos tal como se solicitó vía Ley de Acceso a la Información Pública.

La jueza González incluso convocó a una última audien­cia en la que a pedido de la misma binacional un perito informático de confianza de la administración Duarte Frutos de nombre Santiago Vázquez estuvo presente, pero no pudo sostener que los datos fueran proveídos en su totalidad y terminó dando la razón al periodista.

Después de un mes de aque­lla audiencia, la jueza Gonzá­lez remite el caso al Ministe­rio Público. “La explicación técnica dada por el inge­niero de sistemas informáti­cos Santiago Vázquez, quien depende de la Entidad Bina­cional Yacyretá, contrasta con la orden emanada de la SD N° 110 de marzo del 2021, dictada por este juz­gado, puede colegirse que pese a que la entidad deman­dada ha remitido parte de la información, no ha remitido la totalidad de lo requerido por el actor de la presente demanda, por lo tanto, ante el incumplimiento acaecido, corresponde dar trámite a la denuncia de incumplimiento formulada por el actor de la presente demanda y de con­formidad a las disposiciones del Art. 584 del CPC y al Art. 1 de la Ley 4711/20108, sacar compulsas de la presente demanda a costa de la parte actora y remitir las mismas al agente fiscal de turno, para que el mismo le imprima los trámites correspondientes, debiendo librarse oficios en la forma y a los efectos”, dice parte de la resolución de la magistrada por la cual pide la intervención de la Fiscalía.

DESACATO

El Dr. Raúl Prono sostuvo que con esta resolución se con­firma que “la EBY desacató la orden de la jueza de proveer­nos toda la información que solicitamos entonces sobre esa base, a la vista de eso, esta jueza, que es de la Niñez y Adolescencia, considera que prácticamente existe aquí la comisión de este hecho puni­ble de desacato, previsto en la Ley 4711/2018 y por ese motivo, de acuerdo a lo que dispone esta ley penal sobre desacato, es que ella dispone que se remita el expediente entero del amparo al agente fiscal de turno, que es algo que se va a hacer a través de la Fis­calía General del Estado para que se inicie la investigación penal del desacato”.

La Fiscalía no tiene aún en su poder este expediente, en el segundo punto del resuelve de esta resolución dice “dis­poner se saquen las compul­sas”, que significa fotocopias autenticadas, entonces a la vista de esta resolución noso­tros estamos disponiendo las fotocopias completas de este expediente, vamos a entre­gar estas fotocopias comple­tas a la secretaría de la jueza, esta secretaría va a autenticar cada una de estas hojas y ahí vamos a llevar físicamente este expediente a la Fiscalía General del Estado con un ofi­cio de la jueza a los efectos de que se inicie la investigación, explicó Prono.

Consultado sobre quién es el culpable o responsable en este caso, el abogado indicó que son en principio el direc­tor paraguayo, el director de la Oficina de Información Pública, Hugo Joel Meza, y otros que van a individuali­zarse en el curso de la inves­tigación.

Resolución de la jueza Alice González por la cual remite a la Fiscalía el desacato judicial de la EBY.

EBY PIDE NULIDAD Y ARCHIVO DEL CASO

Por su parte, Duarte Frutos y los suyos siguen dando manotazos de ahogados. Al conocerse la resolución de la jueza González, Yacyretá presentó un recurso de apelación y nulidad, y solicitó a la Justicia archivar el juicio por el incumplimiento de la Ley de Transparencia.

En el escrito de nulidad se “señala que la jueza no motiva su decisión, puesto que ni siquiera hace mención, respecto a qué o cuáles elementos de información faltan ser entregados al peticionante. La misma se limita a explicar en un párrafo que la información dada es incompleta, y hasta la fecha no sabemos qué es o cuál es la información en falta”, según la gacetilla difundida por Yacyretá.

El Dr. Prono refirió que ese recurso de apelación no puede concederse porque que en este momento el juicio de amparo terminó. “El trámite que se está siguiendo en este momento es nada más que el de determinar si existe o no un desacato y la jueza considera que existe un desacato y remite el expe­diente como una denuncia al agente fiscal de turno, no existe recurso de apelación contra el derecho de las personas afectadas en este momento, por ejemplo, el Poder Judicial que es la víctima, no existe ningún recurso de apelación y nulidad contra la decisión de denunciar un delito; entonces, ese recurso de apelación tiene que ser rechazado por improcedente”, remarcó el abogado del Grupo Nación.

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