Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos, firmó la nota dirigida a los agentes fiscales alegando el secreto bancario para justificar su negativa de proveer información en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El alto funcionario podría ser destituido del cargo por haber incurrido en mal desempeño de sus funciones, pero para ello se requiere de un acuerdo en el Senado. Además, es pasible de una imputación por la posible comisión del hecho punible de obstrucción de la investigación penal.

• Fuente: Jorge Torres Romero – Cynthia Mora (“La caja negra”)

El superintendente de Bancos, Hernán Mela­nio Colmán Rojas, puede ser destituido del cargo por haber incurrido en mal desempeño de sus funcio­nes, para ello se requiere de un acuerdo en el Senado. Ade­más, es pasible de una impu­tación por la posible comisión del hecho punible de obstruc­ción de la investigación penal.

Tras el bochornoso allana­miento de las oficinas de la Superintendencia de Ban­cos, el titular de ese organismo dependiente del Banco Cen­tral del Paraguay se encuen­tra bajo el escrutinio público, al negarse a proveer infor­mación clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Altas, pro­piedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conme­bol Nicolás Leoz.

De acuerdo con la Ley N° 489, que establece disposiciones generales sobre la Carta Orgánica del Banco Cen­tral del Paraguay, la Super­intendencia de Bancos es un órgano técnico que goza de autonomía funcional, admi­nistrativa y financiera en el ejercicio de sus atribuciones y tendrá las funciones y organi­zación que esta ley y los regla­mentos establezcan.

Es así que el superintendente es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las leyes de carácter impositivo por parte de los bancos, financieras y demás entidades de crédito, y adoptar las medidas de orde­nación, vigilancia y disciplina.

Según el artículo 32 de la citada ley, el superintendente de Ban­cos, bajo cuya dirección y res­ponsabilidad actúa la Super­intendencia de Bancos, es designado por el Poder Ejecu­tivo de una terna de candidatos presentada por el directorio del Banco Central del Para­guay, y cesará en su cargo en los mismos casos previstos en el artículo 17 de esta ley.

En el mencionado artículo se deja expreso que el presi­dente y los directores cesarán en sus cargos por expiración del período de su designación; renuncia presentada al Poder Ejecutivo, con comunicación a la Cámara de Senadores; por el mal desempeño en sus funciones, previo acuerdo del Senado, y/o por la comisión de delitos comunes.

La orden judicial para acceder a los documentos, solicitada por el Ministerio Público, fue firmada por el juez de Delitos Económicos y Crimen Orga­nizado Humberto Otazú, quien ordenó este procedi­miento ante la negativa de la institución que supervisa el sector bancario.

Otazú señaló en una entrevista con radio Universo 970 AM que el funcionario responsable de la Superin­tendencia de Bancos podría tener un proceso penal en el caso de que hubiese exis­tido perjuicio o retraso en la información.

Además, consideró que la postura de la Superinten­dencia de Bancos constituye un alto riesgo para el Para­guay, teniendo en cuenta la evaluación que próxima­mente hará el Gafilat. “Ese fue el argumento que uti­lizó el Ministerio Público y se constituye en un razo­namiento lógico, jurídico y, podría ser, político, en cuanto al efecto país. Esta­mos a las puertas de una eva­luación de Gafilat. Realmente me sorprendió, por el buen trabajo que se viene reali­zando con la Seprelad, el BCP y la misma Superintenden­cia”, mencionó el magistrado.

El juez explicó que existe una ley especial y que permite a ciertas instituciones usarla de herramienta válida para acceder a documentos que son focos de investigaciones, y entre los entes que pueden utilizar esta ley se encuen­tran el Poder Judicial, la Fiscalía y sus agentes fisca­les. “Supongo que pudo no haber existido algún aseso­ramiento correcto con res­pecto a lo que dice esta ley especial. Esa circunstancia tendría ese contexto. Hubo un mal entendimiento y mal asesoramiento, no se evalua­ron las circunstancias y la solicitud”, dijo Otazú.