El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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La recuperación económica luego de la dura pandemia se puede ver en diferentes indicadores y se puede decir que uno de los más notables corresponde a las cuentas básicas de ahorro (CBA), que presentaron una expansión muy importante en los últimos tres años, triplicando la cantidad.

Básicamente, estas cuentas tienen requisitos más laxos que otras y permiten permear mucho más rápido, siendo una poderosa herramienta de bancarización. Su reglamentación se hizo efectiva en 2014, con lo que comenzó a implementarse a nivel local.

Según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central del Paraguay (BCP), en los últimos años se disparó la cantidad de aperturas, llegando a 2,76 millones, al cierre de 2025. Tomando ese punto, 10 años atrás, había apenas 90.000, cifra que fue creciendo gradualmente hasta 2022, el año de inflexión, quizás, considerando que posteriormente se presentó una expansión de gran consideración, de más del millón, al cierre de 2023. (ver los datos en la infografía de abajo)

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Según el informe, se hace referencia a las posibles causas del crecimiento al impacto de las nuevas funcionalidades incorporadas en el SIPAP y a la digitalización del ecosistema de pagos. “Estas cuentas han contribuido a ampliar el acceso de la población a los servicios financieros formales, en tanto la expansión de las transferencias instantáneas y de los pagos electrónicos pudo haber fortalecido el uso cotidiano de estas cuentas”, indica.

En pocas palabras, las personas comenzaron a darse de alta en bancos para obtener la herramienta de transacción, que es simple y práctica, tanto para pagar, como para recibir dinero.

De acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Bancos (SIB) del BCP a La Nación/Nación Media, las características de las cuentas básicas de ahorro son las siguientes:

• No requieren monto mínimo de apertura ni saldo promedio mínimo de mantenimiento.
• La apertura puede realizarse en forma presencial o remota.
• Son de uso exclusivo en moneda local, pero pueden recibir remesas provenientes del exterior que se acreditarán en moneda local.
• No pueden cobrarse comisiones por su apertura, su mantenimiento, movimiento de fondos y consulta de saldos, salvo las que tengan limitaciones establecidas en la norma.
• Límite de acreditación mensual equivalente a 3 (tres) salarios mínimos legales vigente.
• Posibilidad de tener una cuenta básica en cada entidad financiera.
• Cierre de la cuenta en caso de que la misma registre saldo cero y haya estado sin movimiento alguno en los últimos 12 (doce) meses.
• Los depósitos constituidos en estas cuentas están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos.

En cuanto a los requisitos de apertura, solo se requiere la presentación del documento de identidad y la provisión de datos básicos del solicitante. Este proceso puede llevarse a cabo en forma presencial, en casa matriz, sucursales o a través de Corresponsales No Bancarios (CNB) o en forma remota a través de los canales digitales habilitados por la entidad.

La principal diferencia respecto a las cuentas convencionales, sean estas de ahorro o cuentas corrientes, es que las cuentas básicas de ahorro fueron diseñadas con el propósito de facilitar el acceso de personas no bancarizadas a través de la oferta de productos de ahorro de trámite simplificado, reduciendo barreras de acceso al sistema financiero formal y facilitar incursionar en la utilización de otros servicios financieros.

A través de estas cuentas es posible acceder a servicios financieros, como tarjeta de débito, línea de crédito, préstamos, seguros, saldo de interés sobre salto de cuenta, aclarando que debe ser “siempre sujetos a la aceptación expresa de los clientes”.

Como herramienta para permear en la población, desde la SIB señalaron que “las CBA constituyen una de las herramientas clave para la bancarización de las personas, ya que permite que ciudadanos que anteriormente se manejaban exclusivamente con dinero en efectivo puedan acceder a una cuenta dentro del sistema financiero formal”.

Sobre lo mencionado, aclararon que es importante diferenciar entre bancarización e inclusión financiera. “La bancarización se relaciona con el acceso a productos financieros como lo es una cuenta básica de ahorro y, por otro lado, la inclusión financiera abarca un concepto mucho más amplio que implica no solo el acceso a productos financieros, sino también la calidad, el uso efectivo de estos y su impacto en la calidad de vida de las personas”, explicaron.

Desde la SIB también destacaron la puesta en marcha de las Cuentas Básicas de Ahorro Mipymes a través de una reglamentación para el efecto. Están destinadas a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) sean estas personas físicas o jurídicas, que incorpora al sistema a unidades productivas que tradicionalmente han enfrentado dificultades para acceder a servicios financieros formales.

Para acceder al mecanismo el solicitante debe contar con Cédula Mipymes y no debe poseer cuentas de depósito convencionales en el sistema. En caso de contar con una CBA personal, esta se limita a 2 cuentas en el sistema.

Con esta cuenta, mipymes podrán contar con un historial, el cual les permitirá posteriormente acceder a herramientas financieras para expandir el negocio y ganar en sostenibilidad.

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El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.

“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contra­tos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

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En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.

El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.

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El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.

La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.

De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.

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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.

Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.

El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.

“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.

Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.

Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.

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