El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, detalló que se solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que la auditoría integral de sus inversiones y obras abarque desde el 2013. El inicio del proceso de fiscalización se encuentra previsto para este 2025.

González incluso recordó que la petición ya había sido realizada por el titular de la previsional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la auditoría guarda relación con el contrato de fideicomiso firmado entre el IPS y el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millones.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dila­pidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejemplo, el pago de salarios. "Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. En la Contraloría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría“, dijo a la 1080 AM.

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Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hospitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso. Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe financiero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos respuestas”.

Asimismo, González comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contralor, Camilo Benítez, la fiscalización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

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El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), senador Dionisio Amarilla, expuso los hallazgos “contundentes” sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través del sistema financiero, señalando al banco Atlas como uno de los casos más emblemáticos investigados por el grupo parlamentario.

El legislador explicó que uno de los ejes de la investigación de la CBI fue el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas mediante empresas o bancos, entre ellos, Atlas.

Según reveló, la entidad bancaria habría otorgado un crédito de USD 4 millones a la empresa Biobras Combustible, utilizando como aval dos estancias pertenecientes al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza branca, a través de un supuesto apoderado identificado como Gilberto Suárez, quien en realidad era un tractorista.

“Cuatro millones de dólares es mucho dinero aquí y en cualquier lugar y se desembolsa como si nada a un tractorista del esquema montado por Cabeza Branca, que le llevó evidentemente una propuesta muy rentable al Grupo Zuccolillo, diciéndole ‘te entrego dos estancias que no me preguntes cómo adquirí, con esa plata voy a seguir mis negocios’”, denunció Amarilla, quien adelantó que la documentación será remitida al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Durante el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media, el senador señaló otro hecho calificado como “gravísimo” es el intento del banco Atlas de rematar las estancias en 2024, pese a que ya estaban bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). “Si la Senabico no tenía abogados preparados, esos bienes se perdían. Estaban valuados en cerca de USD 40 millones”, afirmó.

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Amarilla también se refirió al caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, como parte del segundo eje de la investigación. Detalló que el banco Atlas confirmó haber recibido fondos multimillonarios de Leoz y haber constituido un fideicomiso a su nombre. “Se confirma la ilicitud de esos fondos cuando, tras la muerte de Leoz, sus herederos ordenan devolver el dinero a la Conmebol”, puntualizó.

Asimismo, otro hecho irregular que involucra al banco Atlas es la desnaturalización de un contrato de fideicomiso entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco de los Zuccolillo, que administró unos G. 850.000 millones destinados originalmente a obras emblemáticas de salud.

Según Amarilla, los fondos terminaron utilizados para mantenimiento y otros fines no estipulados, supuestamente como una maniobra para inyectar capital al banco en un momento de crisis por el escándalo Leoz.

El senador criticó la actuación del Ministerio Público, señalando múltiples cambios de fiscales en los casos que involucran a Atlas y cuestionó la falta de acción del IPS para proteger sus propios recursos.

Finalmente, valoró que la Cámara de Senadores haya aprobado remitir el informe a la Fiscalía, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y autoridades de EE. UU. “No es poca cosa que un banco del sistema esté sospechado de lavar dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas”, sentenció.

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El sistema financiero paraguayo presentó una evolución bastante significativa en los últimos años, principalmente impulsado por la digitalización, el crecimiento y la expansión del crédito, así como la inclusión financiera, según comentó Julio Cristaldo, gerente de Análisis y Regulación, de la Superintendencia de Bancos.

“Desde el Banco Central siempre tratamos de empujar y liderar la transformación en el esquema del ecosistema de pagos con la consolidación de la infraestructura como un motor central para la inclusión financiera”, inició comentando a la 1.000 AM.

A su vez, destacó que las transferencias instantáneas y la habilitación de los participantes a otros sectores como las billeteras electrónicas redujeron las barreras que tenían esas personas para acceder a ese tipo de servicios con un alcance a nivel país.

El movimiento en el 2014 era de 16 mil millones a través del Sistema de Pagos Instantáneos y en el 2024 se llegó a los 127 mil millones. “Esta interoperabilidad que existe a través de los productos financieros hace que exista un mayor nivel de inclusión financiera de personas y empresas en el país“, remarcó.

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El crecimiento en el volumen de operaciones, este llegó a las 670.000 operaciones por día procesadas. “Esto hace que lo que se procesó en un mes en el 2024 correspondía a lo que antes se hacía en todo un año“, destacó.

Con respecto al marco regulatorio, dijo que se está trabajando para adecuarlo para la implementación a las normas internacionales de información financiera. “Estamos apostando a un esfuerzo bastante relevante para que el entorno pueda adecuarse”, dijo.

Actualmente, se están haciendo análisis de brechas regulatorias para determinar los ajustes necesarios a nivel normativo entre las normas contables del sistema nacional y las internacionales, luego seguirán los ajustes necesarios para la adopción parcial o total a mediano o largo plazo de forma gradual.

Con esto se busca reflejar o brindar mayor detalle de informaciones contables de manera a que esto esté disponible para cualquier inversionista tanto local como internacional. Fuera de esto, continúa el proceso de adaptación de las normativas actuales para adaptarlas a las mejores prácticas que permitan un buen desarrollo.

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La tarea ejercida por organismos de control en el sistema sanitario de un país es fundamental a la hora de una entrega de calidad de los servicios médicos que reciben los pacientes.

Por ello, es crucial entender el rol de la Superintendencia de Salud, organismo responsable del control y regulación de todo el sistema sanitario nacional, ya sea público, privado o mixto.

En efecto, el superintendente de Salud, Dr. Roberto Carlos Melgarejo Palacios, explicó que la institución supervisa desde clínicas, sanatorios y centros especializados, hasta empresas de medicina prepaga, más conocidas como seguros médicos.

“Este es el eje de la Superintendencia”, afirmó, destacando la importancia del registro y la fiscalización como herramientas clave para asegurar servicios médicos seguros y profesionales habilitados.

Según el procedimiento establecido por ley, toda institución de salud debe ser primero habilitada por el Ministerio de Salud Pública, como dicta el Código Sanitario y, posteriormente, registrada ante la Superintendencia.

Este registro incluye información sobre el establecimiento y el plantel médico, permitiendo verificar si los profesionales están realmente habilitados para ejercer.

“Así podemos saber quién es el regente y si el sanatorio o clínica cumple con las condiciones y quiénes son los médicos que van a atender allí”, explicó Melgarejo.

El funcionario explicó que la labor no se detiene ahí. Luego del registro, la Superintendencia realiza un proceso de categorización, que define el nivel de complejidad de cada institución en función de su infraestructura y la experiencia de su personal. “No es lo mismo una clínica pequeña que un centro especializado. Para eso contamos con equipos fiscalizadores que aplican los manuales vigentes para determinar su categoría”, añadió el superintendente.

El tercer y más ambicioso paso es la acreditación, un proceso que evalúa la calidad del servicio médico, tanto en términos de infraestructura como de atención al paciente.

“La Superintendencia tiene 25 años de funcionamiento, y en todos estos años, no se realizó nunca un proceso de acreditación, no tenemos registrado ninguna acreditación aún en el Paraguay. Estamos terminando un proceso largo de elaboración de un nuevo manual de acreditación, también de categorización, pero la acreditación lo queremos realizar y terminar por primera vez en la historia, por lo menos a fin de año, y acreditar unas 10 a 50 instituciones”, refirió el superintendente.

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La entidad de control tiene la facultad de realizar auditorías médicas, contables y jurídicas, ya sea de oficio o a partir de denuncias. Estas auditorías se realizan en instituciones públicas y privadas para asegurar que se cumplan las normativas y estándares establecidos.

Mientras se discuten nuevas propuestas legislativas sobre la creación de una “policía sanitaria”, el superintendente de Salud, Dr. Roberto Melgarejo, advierte sobre los riesgos de duplicar funciones y crear estructuras estatales paralelas que podrían resultar inviables y costosas para el país.

“Yo estuve leyendo el proyecto de ley presentado, y hay una superposición de funciones no solo con la Superintendencia, sino también con otras instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el CONES, e incluso con atribuciones que corresponden a la Contraloría General de la República, para mi es inviable”, señaló Melgarejo. Desde su experiencia, considera que antes de agrandar el Estado, deberíamos fortalecer las instituciones ya existentes, como la Superintendencia.

“La ciudadanía se queja de que el Estado no funciona, entonces, ¿por qué crear otra institución? Fortalezcamos la que tenemos. No creamos un Ministerio Público paralelo porque el actual tenga deficiencias”, sostuvo el profesional.

El Dr. Melgarejo reconoce que la Superintendencia no está exenta de limitaciones importantes, tanto presupuestarias como de recursos humanos. “Tenemos una gran falencia en personal. Actualmente, más del 20 % de nuestra capacidad está desplegada en Misiones e Itapúa para fiscalizar establecimientos de salud. Eso representa un gran esfuerzo para nuestro pequeño equipo”.

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