Fuente: La Caja Negra
La Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán Rojas, pisoteando lo que establece la ley, se negó a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al Banco Altas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
La Caja Negra accedió a la resolución del juez Humberto Otazú, quien autorizó el allanamiento a la dependencia del BCP y destacó en su considerando que la Superintendencia de Bancos omitió su deber legal de proveer información al Ministerio Público.
Además resaltó el argumento de los agentes fiscales acerca del poco favor que hace la negativa de proveer información a la Justicia sobre un caso donde se investiga a una entidad bancaria por presunto lavado de dinero.
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común cual es el mencionado precedentemente”, dice parte el escrito de la Fiscalía y que el juzgado acepta como argumento.
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó el martes de la semanada pasada las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
Por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo del 2021, la fiscala asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), los siguientes informes:
1- La copia autenticada de la nota de la Superintendencia de Bancos número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del Banco Atlas.
Este documento tiene relación con los informes solicitados por la Superintendencia de Bancos en el año 2016 sobre la constitución de los fideicomisos entre el Sr. Leoz y el Banco Atlas.
2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el Banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz.
La solicitud de esta documentación guarda relación con la inspección “extra situ” realizada por la Superintendencia de Bancos en el año 2015 en relación a las operaciones entre el Sr. Leoz y el Banco Atlas. La inspección se realizó por el perfil de “alto riesgo” que en ese momento representaban las operaciones comerciales de Leoz con Atlas.
3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al Banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del Banco Atlas.
Bajo la lupa desde el 2015
Estas documentaciones solicitadas por los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera a la Superintendencia de Bancos revelan que el Banco Atlas está bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015.
Las alertas en torno a las operaciones de Leoz desataron una inspección “extra situ” al Banco Atlas y la aplicación de la debida diligencia ampliada con el fin de obtener más información sobre el origen de los millonarios fondos invertidos por Leoz en Atlas.
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Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez, y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque la misma se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.
En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus agentes fiscales.
No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.
Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado.
En dicho documento, le recuerdan al superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, cual es la Ley N° 5787/16 que modificó la ley de N° 861, por lo que advirtieron por única vez que, en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.
Ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, otorgada por el juez Humberto Otazú, con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Otazú aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos de donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación.
Las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz están bajo la lupa de los órganos de control desde el año 2015, en ese momento Leoz ya contaba con procesos abiertos por la Justicia norteamericana en el marco del escándalo de FifaGate.
El Ministerio Público, en la causa abierta contra los directivos del Banco Atlas por presunto lavado de dinero, pretende “cruzar” la información obtenida tras el allanamiento en las oficinas del banco de los Zuccolillo con la documentación que obra en poder del Banco Central.