La empresa Icrop SA, encargada del cobro del canon por la explotación ilegal de las máquinas tragamonedas, que operan en la vía pública, cobra entre G. 300 mil y G. 400 mil al mes por cada tragamoneda, de los cuales G. 80 mil transfiere a la Conajzar. Estiman que existen 25 mil máquinas operando en forma ilegal ante el beneplácito del ente regulador. Políticos influyentes habrían operado para que la empresa privada logre un contrato directo otorgado por Conajzar que les genera mensualmente cerca de US$ 1 millón. Presumen esquema de lavado de dinero.
- POR JORGE TORRES.
- “LA CAJA NEGRA”, UNICANAL
La empresa Icrop SA, beneficiada vía resolución por la Conajzar para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con máquinas callejeras, es apuntada como una empresa de maletín. En la Comisión de Hacienda del Senado advirtieron que la firma podría servir como fachada para lavar dinero. La problemática detrás del negocio de las tragamonedas callejeras fue expuesta por el área de investigación del Grupo Nación.
¿Quiénes están detrás de la empresa? De acuerdo con los datos recogidos por el equipo de “La caja negra”, la empresa Icrop SA nace en el 2018. Entre sus directivos aparece Anderson Luis Lamb Vosh, un joven de 30 años, oriundo de Alto Paraná. También figura otro identificado como Pedro Paulo da Silva Pedroso, supuesto aportante de la campaña presidencial de Colorado Añetete.
Lo llamativo es que ninguno registra actividades comerciales conocidas en el país ni referente al rubro de los juegos de azar. La empresa como tal nace recién en el año 2018 tras la modificación de estatutos, pasa a denominarse Icrop SA. Según su página web y los registros de inscripción, la sociedad se dedica a “servicios informativos, data center y telecomunicaciones”.
En el esquema operativo de la empresa aparece un ex funcionario estatal, Cristian Vera, ex presidente de la Conajzar, y su hermano Ariel Vera, apuntado como supuesto brazo operativo de la empresa.
La firma presenta en octubre del 2019 una propuesta formal a la Conajzar, presidida por José Ortiz Báez, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes, de los cuales solo el 30% debe transferir al ente regulador. Icrop SA cobra entre G. 300 mil y G. 400 mil por mes en concepto de canon a cada máquina que registra. Sobre la base de que existirían 25 mil máquinas a nivel país surge el millón de dólares como recaudación mensual.
La empresa no registra domicilio conocido, al menos la información declarada en su página web en la ciudad de Hernandarias no fue ubicada. También se menciona un local ubicado en el Cuarto Barrio de Luque, pero en el sitio no se observa ningún cartel que indique que se trate del local de la empresa.
La misteriosa empresa tendría vínculos con políticos del sector de Colorado Añetete. Operadores legales e informales del negocio mencionan como padrinos políticos de la empresa a Óscar “Cachito” Salomón, actual presidente del Congreso, y al senador Juan Afara, ex vicepresidente de la República.
La sospecha de que se trataría de una empresa de maletín fue expuesta durante una reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, ocasión en que fue discutida la decisión de la Conajzar de delegar sus funciones y tercerizar a través de esta empresa el cobro de canon a estas máquinas ilegales.
En la reunión de la comisión del Senado, presidida por la senadora Esperanza Martínez, se alertó de la posibilidad de que se trataría de una empresa de maletín que apuntaría a registrar “máquinas fantasma” a fin de generar una fachada ideal para lavar dinero sucio.