La Cámara Alta decidió aplazar por 15 días el tratamiento del proyecto de ley que pretende proteger a niños de las influencias de las máquinas tragamonedas. La postergación, según mencionaron, es para definir si la iniciativa legislativa debe partir de Diputados, y para determinar si será necesario convocar a una audiencia pública.
La Cámara de Senadores decidió ayer, en sesión extraordinaria, postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley “Por el cual se establecen medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”. De esta forma, la nueva fecha para el tratamiento de esta propuesta es el jueves 22 de julio.
La senadora Esperanza Martínez fue quien mocionó la postergación del estudio del proyecto y afirmó que era un pedido unánime de la Comisión de Hacienda. Incluso señaló que sería necesario realizar una audiencia pública.
“Considerando la complejidad del tema, la situación social que se ha desatado con esto y la posición, a nuestro criterio, totalmente irregular de parte de la Conajzar de hacer una tercerización de sus competencias y de la explotación, cosa que es una atribución municipal, planteamos hacer una audiencia pública con todos los sectores para hacer un amplio debate”, propuso la legisladora.
Por su parte, el senador Blas Llano, uno de los proyectistas, señaló que no era necesario convocar a una audiencia pública, y que urge el tratamiento y aprobación de esta ley, dado que los niños y adolescentes siguen expuestos a estas máquinas de juegos de azar que están ubicadas en las veredas de cualquier comercio y sin ningún tipo de control.
“Cada día que nosotros les demos es para que esta gente siga especulando, siga ganando dinero”, indicó el senador respecto a las ganancias millonarias que genera este negocio, el que se maneja totalmente en la clandestinidad.
El legislador Sergio Godoy fue quien precisó que el artículo Nº 222 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados es la que debe tener la iniciativa respecto a este tipo proyectos que tienen implicancias en la legislación municipal.
Es importante destacar que el proyecto dispone que uno de los órganos de control de la explotación de tragamonedas serán las municipalidades.
“Con este defecto de forma pueden llegar a conseguir una medida cautelar y operar durante años”, expresó el senador, haciendo referencia a quienes explotan este negocio. Los senadores Blas Llano, Enrique Bacchetta y Esperanza Martínez también cuestionaron la concesión a la firma Icrop SA, empresa que actualmente se encarga de regular el negocio y de cobrar los cánones correspondientes, y la que se queda con el 76% de las recaudaciones.
Mientras esto se sigue dilatando, el problema sigue sin solucionarse, dado que miles de máquinas tragamonedas siguen operando en negro y generando ganancias millonarias para sus dueños y para los funcionarios municipales, quienes hacen cobros irregulares por la explotación y cuyo rédito no llega a las arcas del Estado. Los niños y adolescentes siguen teniendo a su alcance estas maquinitas, y se convierten en un blanco fácil para la adicción a los juegos de azar.