Este jueves, a las 9:30, en el Palacio de Justicia, se llevará a cabo la audiencia entre el periodista del Grupo Nación de Comunicaciones y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tras el incumplimiento de la hidroeléctrica de la resolución de la jueza Alice González, que le ordenó entregar toda la documentación sobre sus gastos sociales a este medio. La diligencia judicial había sido suspendida en mayo por duelo de la magistrada.

La audiencia entre el Grupo Nación de Comunicaciones y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por la demanda de des­acato está prevista para este 1 de julio en el Palacio de Justi­cia. La reunión fue ordenada por la jueza a modo de orde­nar la documentación para tener la certeza sobre la exis­tencia del delito de parte de la hidroeléctrica, luego de que la administración de Nicanor Duarte Frutos fuera denun­ciada de incumplir con el mandato de la magistrada.

Cabe recordar que la dili­gencia judicial que debía realizarse ante la jueza de la Niñez y la Adolescencia, Alice González, fue suspendida a causa del fallecimiento del hermano de la magistrada el pasado 18 de mayo, desde ese entonces la EBY ha tenido que cumplir con otras exigencias, como los pedidos de rendicio­nes de cuentas de la Contra­loría General de la República (CGR) que tuvieron su origen en el Poder Legislativo.

En este sentido, esta semana, la hidroeléctrica realizó una última entrega a la CGR de documentos respaldatorios sobre gastos socioambienta­les efectuados por la institu­ción durante el año 2020. En esta última tanda entregó 163 órdenes de pago, por valor de G. 8.947 millones, equivalen­tes a US$ 1,2 millones. En esta oportunidad, los expedientes fueron acercados al órgano contralor por el jefe adminis­trativo de Yacyretá, Armín Diez Pérez.

Cabe señalar que el pasado 9 de junio, la binacional tam­bién remitió dos tomos de expedientes, que contenían 160 órdenes de pago, por un monto G. 17.593 millones, igualmente pertenecientes al ejercicio fiscal 2020. La entrega de expedientes, ini­ciada el pasado 17 de mayo, se efectúa en el marco de la Resolución de la Contraloría, emitida tras un pedido reali­zado por la Cámara de Sena­dores, de auditar los gastos socioambientales de los entes Itaipú y Yacyretá.

El pasado mes de abril el periodista de investigación Jhojhanni Vega Fiorini pre­sentó ante el Poder Judicial una denuncia por desacato contra Yacyretá, debido a que el ente no entregó todos los datos que le fueron deman­dados mediante un pedido de acceso a la información pública. La solicitud del comunicador fue favorecida con un amparo firmado por la jueza Alice González.

Esta decisión de la jueza no fue acatada en su totalidad por la hidroeléctrica cuando envió una serie de archivos en formato PDF al correo del periodista, en el marco de lo dispuesto por la magistrada. Entre los documentos adjun­tos estaba una serie de capturas de pantalla de lo que se encon­traba en la web de la Binacional.

No obstante, no estaba la misma información que en la página de la EBY, ya que en varios casos los montos dife­rían de lo enviado y de lo publi­cado en el portal. Igualmente, no compartieron todos los documentos requeridos por el comunicador ni las rendi­ciones de cuentas de los gas­tos que incluyen los contratos y facturas de los proveedores.