El pasado 24 de mayo la Policía Nacional adjudicó una licitación a la firma Emprendimientos Comerciales, para consumir albondiguitas, choricitos al vino, lomito con salsa champingnon, papa a la crema, entre otras delicias de bocaditos fríos y dulces. Desde la Comandancia no explicaron por qué gastan tanto en esto. Mientras tanto la población sigue hablando de una ola de delincuencia que no cesa.

• Por Jhojhanni Fiorini
• jfiorini@gruponacion.com.py

La Policía Nacional adju­dicó G. 554 millones a la empresa Emprendi­mientos Comerciales, de Ana Elizabeth Fernández Espí­nola, por la contratación de servicio ceremonial y pro­tocolo. La licitación resulta llamativa considerando la austeridad que pregona el Gobierno y ante las debi­lidades del orden de segu­ridad que tiene aquejada a la ciudadanía por la ola de delincuencia.

De acuerdo con una nota diri­gida a Contrataciones Públi­cas y firmada por la subcomi­saria interina Ignacia Brítez, de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), en abril de este año, el mencio­nado llamado se realizó a fin de cubrir los gastos ceremo­niales y protocolares de los diversos actos realizados en la Comandancia de la Policía Nacional y otras dependen­cias, donde estén presentes el presidente y vicepresidente de la República, ministros y otras autoridades nacionales e internacionales.

En la nota también se men­ciona que según el segundo párrafo del artículo 411 del Decreto 4780/21 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fis­cal 2021, se establece que “el servicio de catering para reu­niones o sesiones de autori­dades de la institución y del personal administrativo que, por la característica de pres­tación de servicios, requie­ran realizar reuniones de tra­bajo en jornadas de labores continuadas (reuniones de trabajo eventuales no habi­tuales), podrán incluir úni­camente la provisión de agua, café, cocido y chipita”. Sin embargo, los jefes policiales prevén un banquete para sus reuniones y eventos.

Escudándose en esto último es que la Comandancia demandó el servicio de cate­ring que fue adjudicado el pasado 24 de mayo. El mismo consta de cuatro lotes en total, uno para organizar eventos, otro para proveer de comida y dos últimos para provisión de jugo.

Dentro del lote número 1 de servicio de organización y gestión de eventos que tiene un presupuesto máximo de G. 280 millones, se encuen­tran 58 ítems entre los que destacan los servicios de mozo que según el pliego de bases y condiciones (PBC) deberán ser acordes a la can­tidad de comensales, siendo 10 como máximo por cada mozo. También dentro de este lote se pide provisión de tarima y de alfombrado para piso de color rojo.

En el lote 2 correspondiente al servicio gastronómico que tiene un máximo de G. 250 millones, se solicita bandeja con variedad de chacinados y quesos, aceitunas verdes y negras, huevos de codorniz, mantequillas con finas hier­bas acompañadas con pane­cillos al ajo. También piden pan chips capres con carne de cerdo, de matambre arro­llado, de lengua y de peceto.

Igualmente, piden provisión de bocaditos dulces y salados, entre los que se encuentran empanadas de carne y pollo, tartitas de pollo, alfajor, pas­tafrola, piononos, bolitas de coco rallado con leche con­densada. Además, demanda­ron provisión de torta, de chi­pita, cocido y café. En el caso del buffet de comida se cita jamón glasé, lengua a la vina­greta y variedad de ensaladas.

Cabe destacar que en diciem­bre del año 2020, hace solo cinco meses atrás, la Policía Nacional había adjudicado a la misma empresa de Ana Fernández G. 65 millones en el marco de un llamado para “Adquisición de servicios gas­tronómicos”. Este contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

Este medio intentó comuni­carse con el comandante de la Policía Nacional, comisa­rio Luis Arias Navarro; sin embargo, el comisario gene­ral inspector Víctor Eduardo Balbuena Ortega afirmó que no estaba disponible, pero que le haría llegar el mensaje. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta alguna por parte de la Comandancia.

Con modificaciones se dictaminó el proyecto de ley que establece la auditoría de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.

Mediante una nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, Espe­ranza Martínez, el contralor de la República, Camilo Benítez, recalcó que la institución a su cargo tiene la autoridad cons­titucional de auditar las enti­dades binacionales Itaipú y Yacyretá. Los parlamentarios dictaminaron el proyecto de ley para realizar la auditoría.

“Esta ley viene a reforzar la pos­tura de la Contraloría, postura que nosotros estamos funda­mentando con la propia Cons­titución Nacional”, expresó Darío Ortega, asesor jurídico de la Contraloría General de la República. El abogado recordó que con respecto a Itaipú la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe definir si se puede o no auditar el ente.

En cuanto a Yacyretá, Ortega dijo que la CGR continúa analizando los documentos que acercó la hidroeléctrica tras el pedido de auditoría hecho por Benítez al titular del lado paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos.

“La Corte en principio tiene una obligación de verificación for­mal de la acción; es decir, tiene que ver si esa acción planteada por Itaipú reúne los requisi­tos formales, una vez que haga eso tiene que darle trámite a la acción, eso significa que nos corra el traslado a nosotros para que contestemos y luego escu­char el parecer del fiscal gene­ral de Estado”, explicó el asesor.

En la nota la CGR introdujo además una modificación en el artículo primero del pro­yecto de resolución apro­bado por el Senado, en el que se encomienda a la Contralo­ría realizar una auditoría de los fondos socioambientales de las binacionales de Itaipú y Yacyretá. En este sentido, Ortega dijo que “es para darle una mejor compresión al arti­culado número 1, para que no queden dudas de lo que se va a auditar o lo que la ley pretende que se audite, que son las cuen­tas nacionales, solamente eso, una mejor redacción sería la palabra correcta”, puntualizó.