El clan Salomón de San Lorenzo no solo tiene operadores repartidos en puestos clave de la comuna, sino también “invertía” en candidaturas para la Junta Municipal. Cuentas a cobrar a la ex concejala Olga González y al actual intendente Alcibiades Quiñónez figuran en la manifestación de bienes del presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón.

• Por Jhojhanni Fiorini
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El presidente de la Cámara de Senado­res, Óscar “Cachito” Salomón, tenía millones por cobrar a altos funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, según un cruce que realizamos con su declara­ción jurada en tiempos de diputado. En un grupo de deu­dores aparece el ex director de Obras José Báez Mazacote, la ex concejala Olga González y el ahora titular de la Munici­palidad de San Lorenzo, Alci­biades Quiñónez.

De acuerdo con el documento presentado ante la Contraloría General de la República (CGR) en el 2013, el actual senador prestó G. 190 millones a Maza­cote, quien desde el 2011 se des­empeñaba como director de Obras de la Municipalidad de San Lorenzo y posteriormente estuvo como asesor externo de la comuna. En comunicación con este medio, Báez confesó que sí prestó plata de Salo­món, pero manifestó amne­sia en el uso el dinero.

El ex director dijo que ya saldó la deuda con Salomón hace mucho tiempo. “Habrá sido algún préstamo de emergencia, tanto tiempo hace”, sostuvo. Al ser consultado por el motivo de recurrir al entonces diputado de la Nación, indicó que era por­que se trataba de su amigo de infancia. Recalcó varias veces que no recordaba para qué era el dinero, a pesar de que el monto es bastante elevado.

Por otro lado, la ex concejala sanlorenzana Olga González, quien aparece como deudora en el referido documento por la suma de G. 160 millones, confirmó vía telefónica que “Cachito” financió con ese dinero su campaña electoral para ingresar a la Junta Municipal de San Lorenzo. González actualmente sigue dentro de la Municipalidad de San Lorenzo como encargada del cementerio.

“Soy funcionaria del cemen­terio, pero por la pandemia y por mi enfermedad de base no me estoy yendo todos los días”, expresó. La antigua edil confesó que solo va una vez al mes. “Cuando me llaman me voy”, comentó. Según la pla­nilla de funcionarios, Gon­zález cobra un salario de G. 2.769.380 por este trabajo.

De esta forma, el presidente del Congreso tenía en una suerte de amarre a estos funcionarios que operaban a su favor y que forman parte de la estructura municipal. En este sentido, cabe recordar que junto con Gonzá­lez estaban en campaña Albino Ferrer para intendente y Alci­biades Quiñónez para concejal.

Precisamente, en la lista de deudores de Salomón está el nombre de Quiñónez, actual intendente de San Lorenzo, que recibió G. 215 millones de parte del presidente del Senado. Quiñónez actual­mente se candidató también para concejal junto al hijo del senador, Felipe Salomón, quien pugna por la Intenden­cia a través del movimiento Compromiso Republicano. A través de mensajes de What­sapp, Quiñónez desmintió que haya prestado alguna vez plata de la cabeza del Legisla­tivo. “Nunca me prestó plata él”, indicó. Alcibiades tam­bién comentó que está con covid-19 positivo, y que tiene permiso en la cooperativa de San Lorenzo hace dos años donde figura como presidente por el período 2016-2021.

Los contratados se suman a los 365 funcionarios incorporados a la binacional en esta administración y así superan 800 los recomendados.

El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, sumó 460 funcionarios más a su lista de empleados, gracias a multimillonarios contratos que firmó con empresas “ami­gas”. El derroche que repre­senta este gasto es de G. 2.297 millones mensuales, que mul­tiplicado por los 33 meses de gestión asciende a G. 75.828 millones en total.

Entre las empresas mimadas se encuentran: LESC Interna­cional SRL, con 99 empleados por G. 502 millones, Go Plus SA con 150 funcionarios por G. 769 millones, y Tecnoseñal de Ismael Quesnel Cáceres con 211 personales por G. 1.026 millo­nes. Con estos nuevos datos, la información oficial de la bina­cional, donde señala que desde agosto del 2018 fueron incorpo­rados 365 funcionarios, queda obsoleta, ya que en realidad se terminó contratando a 825 per­sonas, según una investigación viralizada por el comunicador social Alfredo Guachiré.

“Suponiendo que son correctos los cálculos que publicó la EBY, que en 33 meses gastaron en funcionarios US$ 12.926.263, a este monto ahora tenemos que sumar US$ 11.576.918 más por la contratación de nuevos funcionarios por consultoría, totalizando US$ 24.503.181 en 33 meses”, expresó a través de su cuenta de Twitter, Guachiré.

Hay que destacar que los con­tratados de forma extra están distribuidos en cuatro luga­res (Encarnación, Asunción, Ayolas y Central Hidroeléc­trica Yacyretá). “Estos funcio­narios serían todos planille­ros, teniendo en cuenta que no cumplen horarios ni fun­ciones específicas”, dijo Gua­chiré. La mayor proporción de personas se encuentra en Ayolas con 282 funcionarios.

Estos nuevos datos también se suman a la lista de multimi­llonarios gastos que realiza la EBY en concepto de gastos sociales, propaganda y publi­cidad, cuyas rendiciones de cuentas hasta la fecha Duarte Frutos se resiste a entregar en su totalidad. Actualmente la Contraloría General de la República se encuentra ana­lizando una serie de expedien­tes sobre estos gastos sociales en el marco de la auditoría soli­citada desde el Senado.