El 4 de febrero del 2021, el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por la posible realización de hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la confederación en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco de la familia Zuccolillo por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional promovida por la justicia norteamericana en el sonado caso FIFAgate, y no existe constancia alguna de que hayan emitido una alerta por la operación.
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Caso Tajy: destraban proceso penal contra el exintendente de CDE, Miguel Prieto
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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Fiscalía recibió 11.815 denuncias por pornografía relativa a niños entre 2021 y 2026
El Ministerio Público, a través del observatorio, informó sobre el aumento de denuncias por pornografía relativa a niños y adolescentes en Paraguay. De acuerdo a la mencionada dependencia, entre 2021 y abril de 2026 ingresaron 11.815 denuncias a nivel país.
El informe revela el incremento de delitos informáticos tras la pandemia y está relacionado con el mayor acceso a dispositivos tecnológicos, videojuegos, redes sociales y plataformas de mensajería, situación aprovechada por depredadores sexuales.
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Los departamentos con mayor cantidad de denuncias son:
- Asunción
- Central
- Caaguazú
- Itapúa
- Alto Paraná.
Solo en 2024 se registraron 2.937 casos, mientras que en lo que va del 2026 ya ingresaron 1.654 denuncias hasta abril.
La fiscal especializada Irma Llano alertó que los pedófilos captan principalmente a sus víctimas mediante videojuegos y aplicaciones de mensajería. Además, advirtió que la falta de control sobre el uso de internet y redes sociales facilita este tipo de hechos.
El Ministerio Público recordó que estos delitos suelen estar vinculados a hechos graves como abuso sexual infantil, grooming, trata de personas, extorsión y violencia sexual.
La legislación paraguaya prevé penas de hasta 10 años de prisión por pornografía infantil, además de sanciones por consumo, posesión, difusión y organización de actividades vinculadas a explotación sexual de menores.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Fiscalía acusa a Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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