El juez Édgar Rivas evadió el pedido de orden judicial solicitado por la Contraloría para auditar a la Itaipú Binacional y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, Yacyretá aplica la misma dinámica de proveer información a cuentagotas.

La orden judicial para que la entidad bina­cional Itaipú entre­gue sus documentos de ren­dición de gastos va al freezer. El juez Édgar Agustín Rivas Laguardia resolvió rápida­mente remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lavarse así las manos del asunto. Argumentó que la carta orgánica de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR) está por debajo del tratado internacional de la binacional.

“Al exponerse una norma de menor jerarquía para la apli­cación de medidas de urgencia respecto a fondos utilizados por una entidad binacional creadas y amparadas por un tratado, resulta necesaria una revi­sión sobre su constitucionali­dad”, reza el escrito del magis­trado filtrado al mediodía de ayer. Para resolver este dilema entonces el juez decidió derivar la cuestión a la CSJ, y que sea este ente el que resuelva si efec­tivamente la Contraloría puede auditar o no a la hidroeléctrica.

El pasado lunes 17 de mayo, el contralor Camilo Benítez soli­citó la medida judicial de inter­vención para que el juzgado fije un plazo para que Itaipú entre­gue los informes oficiales solici­tados en el marco de la auditoría de los fondos sociales. El reque­rimiento se ampara en la Ley N° 276/94, orgánica y funcio­nal de la Contraloría General de la República, específicamente en el artículo 20, que concede la facultad a dicha institución de solicitar a un juez de primera instancia que ordene allana­mientos a recintos con auxilio de la fuerza pública.

Hay que destacar que en su nota de pedido de documentos dirigida al director paraguayo de Itaipú, Manuel Cáceres Car­dozo, la Contraloría funda­mentó el pedido en las dispo­siciones contenidas en el inciso 4 del artículo 283 de la Consti­tución Nacional, que dispone “la fiscalización de las cuen­tas nacionales de las empre­sas o entidades multinaciona­les, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados”.

Por otro lado, la Entidad Bina­cional Yacyretá (EBY) comu­nicó que entregó a la Con­traloría 300 expedientes de documentos respaldatorios, correspondientes a los gastos socioambientales del año 2019. Sin embargo, la CGR solicitó la provisión de informes y docu­mentos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

Asimismo, Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la CGR, informó que lo enviado por la EBY no constituye la totalidad de lo demandado en la nota remitida al director Nica­nor Duarte Frutos, que con­tenía 14 puntos en total. “Es parcial, es parte de algunos puntos y estamos verificando cada documento entregado”, expresó vía Whatsapp.

Esto hace pensar que la entrega de los datos parcia­les por parte del equipo de la EBY a la Contraloría tiene el fin de esquivar la auditoría financiera y dilatar el asunto mientras se investigan los documentos acercados.

Debido a que la magistrada Alice González se encontraba de duelo, fue suspendida la audiencia que debía realizarse este martes, a la 10.00, en Palacio de Justicia, en el marco de la denuncia por desacato entablada por el Grupo Nación contra la EBY, que incumplió el mandato judicial de facilitar sus rendiciones de cuentas.

El representante legal del Grupo Nación de Comunica­ciones, Raúl Prono, manifestó que se trata de una audiencia fijada por la jueza a los efectos de ordenar la documentación para tener la certeza sobre la existencia del delito de des­acato por parte de la EBY. Con respecto al motivo de la sus­pensión, dijo que fueron infor­mados del fallecimiento del hermano de la jueza.

Indicó que el desacato sigue vigente y que este se configura desde el momento en que ven­ció el plazo para entregar la documentación vía correo electrónico, como lo dispuso la jueza. Agregó que la EBY intenta confundir y decir que ya cumplió al subir las docu­mentaciones a su web.

“La entidad se mantiene afir­mando que ha subido todo a su página web, pero la orden judi­cial es que la Entidad Binacio­nal Yacyretá provea esa infor­mación al correo electrónico del reclamante, que es Jho­jhanni Vega Fiorini, y eso no se ha hecho”, afirmó. Todavía no se fijó una fecha para la siguiente audiencia, pero probablemente se realice en 15 días más.

Cirilo Alfonzo Romero, jefe del Medio Ambiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), junto con su esposa Irene Ojeda, fun­cionaria del departamento financiero de la entidad, mensualmente le cues­tan a la hidroeléctrica G. 87.598.687. Ambos ingresa­ron con la administración de Nicanor Duarte Frutos.

Cabe destacar que a pesar de que el salario base de Romero es de G. 19.724.250, con las bonificaciones adi­cionales, como subsidio familiar, ayuda habitacio­nal, plus por antigüedad, entre otras, logra casi tripli­car sus ingresos y llega a G. 54.476.172, lo que constituye un incremento del 276%, gracias a los beneficios.

Mientras que la mujer per­cibe G. 33 millones al mes.

Leticia Marlene Aquino Noguera es una maquilla­dora y operadora política que activó fuertemente a favor del actual director Nicanor Duarte Frutos, cuando este hacía campaña proselitista para ganarse un escaño en el Senado. En la planilla de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) figura en el Departamento de Comunicación y percibe G. 16 millones en un mes, gracias a los beneficios.

Aquino ingresó a la entidad el 1 de marzo del 2019; en su recibo salarial no aparece cobro por título universita­rio. La funcionaria tiene ade­más un horario de asistencia más que privilegiado, ya que en las reiteradas ocasiones en las que este medio se intentó comunicar con ella, alegaron que no estaba disponible por­que en la EBY se trabaja por cuadrillas debido al covid-19.

Realizando una sumatoria de todos los beneficios que le fueron acreditados en la binacional como complemento salarial, tales como ayuda escolar, bonificación por nacimiento, asignación familiar, entre otros, en el 2020 recibió un total de G. 149.339.645. ­