Especial “Tierra de nadie” reveló anoche por el canal GEN ingresos en el Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial. La mitad corresponde a crecimiento vegetativo de militares y policías. Cero sacrificios en las cajas del Estado, mientras la crisis de la pandemia dejó a 69 mil empleados del sector privado fuera del sistema del IPS.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@gruponación.com

En un informe proveído por el Ministerio de Hacienda, difundido anoche en el programa “Tierra de nadie” por el canal GEN, se revelaron estadísticas de colo­caciones despiadadas de funcio­narios en el Estado, a diferencia del sector privado donde gol­pean las cifras del desempleo.

Según el reporte de Hacienda, durante la pandemia, todo el período del 2020 al cierre de abril último el Estado recargó su nómina con 20.678 fun­cionarios nuevos, entre per­manentes y contratados. La cantidad corresponde a la administración centralizada, que incluye al Ejecutivo, Poder Legislativo, es decir, Cámara de Diputados, Senadores y Con­greso Nacional. Además del Poder Judicial y otros organis­mos como la Contraloría Gene­ral de la República, la Defenso­ría del Pueblo y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. (Ver infografía).

Cabe aclarar que la mitad del global corresponde a contrata­ciones en ministerios sensibles, dados por la emergencia, movi­mientos de cargos por jubilacio­nes y reemplazos como se dan rutinariamente en Educación como también en Salud, prin­cipalmente por la pandemia.

Los datos oficiales muestran 9.951 altas dentro de la admi­nistración centralizada, excep­tuando los números en Salud y Educación. Esta población incluye los crecimientos de costosas estructuras como la de militares, principalmente, además de la Policía Nacional, que asciende a 5.712 ingresos.

La planilla muestra que algu­nas instituciones registraron centenares de altas o nuevas incorporaciones en pande­mia. El Poder Legislativo, entre Diputados, Senadores y Con­greso Nacional, tiene 175 nue­vos ingresos. Un total de 3.500 funcionarios entre permanentes y contratados tienen en este poder del Estado compuesto por 125 miembros titulares.

La Presidencia de la Repú­blica aparece con 127 nue­vos funcionarios, también entre permanentes y con­tratados. Relaciones Exte­riores con 39 incorporacio­nes, Agricultura 44, según el referido documento.

Cuestionadas administra­ciones con casi nulos resulta­dos, como la del ex ministro Alejandro Peralta Vierci en el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comuni­cación (Mitic), figuran con 35 ingresos, principalmente en el marco de la Agenda Digital.

Hubo crecimiento de emplea­dos en varios entes. Algunas que baten récord, como el caso de la Essap, según explicaron por “la cantidad de obras nue­vas”. Las gobernaciones tam­poco se quedaron atrás en la generación de empleo. (Ver infografía). Todo esto en una situación acuciante que vive la ciudadanía por la pande­mia del covid-19 en la que un Estado cada vez más raquí­tico no brinda protecciones básicas de salud. Y en medio de un proyecto en marcha como el de la reforma del ser­vicio civil, que arroja proble­mas de ineficiencia, ausencia de estudios con relación a la disponibilidad fiscal, falta de profesionalización, etc.

Un poco más de 250.000 empleados tiene el Estado, de los cuales “sacando fuerzas públicas que son policías, militares, docentes, médicos, los que estamos en el sector administrativo y misio­nal en empresas públicas y entidades financieras, más o menos somos 100.000 y alrededor de un 50% es profesional y después la mayoría terminó su bachiller”, dijo sobre el tema la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco. “Cuando me refiero a profesionalización no solamente hablo de un título universitario, también hay que entender que hay algunas áreas donde se requiere de personas que sean técnicos en algo, enton­ces esos más o menos son los números que se tiene”, subrayó.

Mientras tanto en el sector privado las cifras son deprimentes. Infor­mes de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previ­sión Social (IPS) señalan que 69.182 personas fueron dadas de baja del sistema de seguro social por despido justificado e injustificado desde abril del 2020 al cierre de marzo de este año. En tanto que la cantidad de suspendidos asciende a 106, hasta fines del mes pasado.