Entre los principales cuestionamientos está la introducción de un requisito sumamente limitante, como realizar visitas al sitio de ejecución, con menos de dos días de antelación.

Mediante requisitos excluyentes y venta­jas competitivas la Gobernación de Caazapá estaba direccionando el proceso de adquisición del almuerzo escolar por G. 38.354 millones a favor de las firmas Eventos y Servicios SA (ESSA), y La Parrilla de Charlot, ambas empresas relacionadas al senador Rodolfo Friedmann. Se trata de un llamado para “Provi­sión de Almuerzo Escolar en Ins­tituciones Escolares del Depar­tamento de Caazapá-Plurianual 2021-2022” cuyo monto esti­mado es de G. 38.354 millones. Este estaba siendo direccionado con la inclusión de requisitos que favorecían a dos empresas. Todo con la venia de la Unidad de Con­trataciones de la institución, que mediante estas jugadas excluía a otros potenciales oferentes.

De acuerdo a la denuncia presen­tada por la firma Ladero Para­guayo SA, las empresas ESSA y La Parrilla de Charlot, vinculadas al senador Rodolfo Friedmann, tenían información ventajosa por sobre los demás oferentes. Asimismo, el llamado había sido adecuado para favorecer a estos proveedores gracias a la modifi­cación de ciertas especificaciones técnicas y financieras en el pliego.

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La licitación fue publicada en el portal de la Dirección de Con­trataciones Públicas (DNCP), el pasado 12 de marzo de este año y estaba dirigida a 207 escuelas. Entre los principales cuestiona­mientos del proceso está la intro­ducción intempestiva y precoz de un requisito sumamente limi­tante, como constituye realizar visitas al sitio de ejecución, con menos de dos días de antelación.Cabe recordar que estas visitas se realizaron el 7 de abril y dos días antes, el 5 de ese mes, fueron noti­ficados los oferentes, estando la apertura de ofertas establecida para el 15 de abril (solo restando 7 días hábiles para la presentación de las ofertas). En este sentido, los oferentes destacaron que en un día de visitas se llegó solo a cinco escuelas y el total de institucio­nes beneficiadas es de 207, lo que implica a simple cálculo unos 41 días de recorridos, necesarios para completar todo el paquete.

Sin embargo, la Gobernación de Caazapá, a cargo de Pedro “Pipo” Díaz Verón, de forma arbitraria determinó las insti­tuciones a visitar (no se estable­ció en el PBC ninguna cantidad); y además, como guías del proce­dimiento; los funcionarios de la Gobernación manifestaron expresamente la imposibilidad de concretar una mayor cantidad de instituciones, pues ello conlle­varía un tiempo imposible.

NEGATIVAS SIN FUNDAMENTO

Debido a esto, en la oportuni­dad los oferentes quisieron dejar constatado en acta la actuación irregular y desprolija de los fun­cionarios, no obstante, recibie­ron una negativa constante y sin fundamento para poder dejar constancia de las actuaciones de la convocante sobre el requi­sito tan complejo de la realización de las visitas.

“Este hecho constituye una sospecha fundada de que dicha información formaría parte de un esquema para beneficiar a algún potencial oferente, que haya recibido previo a la publica­ción del requerimiento la infor­mación para adelantar dichas visitas, en vista al poco tiempo que resta para preparar las ofer­tas”, reza la denuncia de los ofe­rentes. Igualmente, resaltaron que otra opción podría ser que hay oferentes que ya cuentan con dichos datos o documentos por haber realizado las visitas en anteriores ejecuciones contrac­tuales, lo que constituye una ven­taja indebida. “Cuentan con esta ventaja competitiva las firmas La Parrilla de Charlot de Nés­tor Francisco López Paniagua y Eventos y Servicios (ESSA)”, sos­tiene la denuncia.

Irregularidades denunciadas ante la DNCP.

DECLARACIÓN FALSA

Los proveedores recalcan lo irregular que fue la acción de la Gobernación que, tras haberse cerrado las visitas el 7 de abril, se “sugiera” y se subentienda que el procedimiento se extiende fuera de dicho plazo legal específica­mente establecido para otorgar ventaja a algún oferente en cul­minar todo el mapeo.

“Entendemos que esta situa­ción implicaría dentro del marco legal de la oferta una Declaración Jurada Falsa, ya que hemos sido testigos de que el procedimiento se limitó a solo 5 instituciones en oportunidad de su realización y no podría ser posible en nin­gún sentido que un interesado que haya participado presente una cantidad mucho mayor a la misma”, expresaron.

ADECUARON LOS REQUISITOS

Además de las inconsistencias en las visitas a las escuelas, la denun­cia acercada a la DNCP también refiere que se detectó que la con­vocante incluyó un requisito modificado significativamente de los estándares habituales res­pecto a la capacidad financiera del presente llamado, realizando una modificación en el ratio de endeu­damiento que usualmente es de 0,80 (80% del valor del activo total) a un valor de 0,20 (20% del valor del activo total).

Esto representa una diferencia de 0,60 (60%). “La condición expuesta resulta extremada­mente limitativa y restrictiva a potenciales oferentes, pero el hecho significativo no radica allí, radica en que dicha condición ha sido modificada para consti­tuirse en un filtro, es decir, que de su ‘cumplimiento’ solo pueda beneficiarse un determinado oferente”, puntualiza el reclamo. Finalmente, también resalta­ron “la falta total de especifica­ción del documento requerido plano georreferencial y su forma y aspectos de presentación, lo que posteriormente deja una total y abierta subjetividad instalada sobre su forma de presentación con la oferta, no pudiendo eva­luarse con objetividad, pudiendo beneficiar a uno o perjudicar a otro, por ejemplo: si el mismo debe estar avalado por un pro­fesional agrimensor en el área específica”.

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