Millonarias ejecuciones; sin embargo, existen necesidades básicas sin solucionarse, y la duda no disipada de si realmente se priorizó lo urgente dentro del sistema educativo. Una radiografía de la infraestructura se presentó anoche en el programa “Tierra de nadie”, por el canal GEN, y las cifras revelaron situaciones inhumanas en centenares de instituciones. El MEC tiene los datos, pero no el liderazgo, al parecer.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@gruponacion.com.py
• Jhojhanni Vega
• Periodista de Investigación del GN

“Plata hay, tal vez no lo suficiente, pero los US$ 537 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fona­cide) ejecutados en los últi­mos 8 años en infraestructura escolar es muestra de que el dinero existe; sin embargo, las prioridades quedaron atrás en medio de un opaco lide­razgo del Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC). Un especial del programa “Tie­rra de nadie” planteó el tema de si hay recursos, por qué siguen habiendo institucio­nes en situación de derrumbe y techos caídos en diversas escuelas.

La respuesta por parte del MEC, a través de la directora de Infraestructura, Raquel Rabito, es la insuficiencia de recursos; sin embargo, los dilatados plazos en licitacio­nes que llevaron al colmo de que no se aprovechó el año de pandemia y la ausencia de los niños en las aulas para repa­rar y construir escuelas en serie, así como los reportes de indicios de hechos punibles remitidos por Contraloría a la Fiscalía, que se dispararon en el último período, dan señales de que el problema no es solo presupuestario.

Los principales canales de ejecución de recursos pro­venientes del Fonacide son el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investi­gación (FEEI), las munici­palidades y gobernaciones. Según la Contraloría, unos US$ 450 millones fueron ejecutados por intendentes y gobernadores, mientras que el reporte del FEEI habla de US$ 86,8 millones y 596 escuelas arregladas, que si se divide de forma directa se obtiene un costo aproximado de US$ 145 mil o G. 880 millo­nes por institución. Un presu­puesto nada despreciable; sin embargo, no se resolvieron problemas de carácter esen­cial relacionados incluso con el agua potable.

La estadística más mediati­zada guarda relación con las escuelas y colegios en situa­ción de riesgo o derrumbe y se habla que de 8.000 escue­las, un 5%, es decir unas 450, están es situación crítica. Sin embargo, además de esto, existen centenares de insti­tuciones educativas sin ser­vicios básicos.

La misma directora del MEC señaló que los últimos infor­mes de microplanificación revelaron cerca de 500 esta­blecimientos escolares con necesidades de reparación. “Estas instituciones repre­sentan aproximadamente 2.300 aulas”, remarcó Rabito. A esto se deben sumar otras 400 instituciones que necesi­tan servicios higiénicos; esto representa más de 800 ser­vicios higiénicos que necesi­tan ser reparados o necesitan algún tipo de intervención.

“Otra zona de crisis para nosotros son las casi 400 ins­tituciones que aún poseen letrina, esas son preocupan­tes. También otras 500 insti­tuciones que necesitan agua potable, que están todavía siendo servidas por aljibes o por otro sistema y necesi­tan agua potable, estas son nuestras prioridades y a esto estamos abocados”, men­cionó la directora del MEC. Es decir, más de 1.800 ins­tituciones están con alguna situación de urgencia, esto en realidad equivale al 22% de las escuelas.

Ante la consulta: ¿No se priorizó lo que realmente urge?, la respuesta de Rabito es que “las necesidades son tantas y yo creo que pasa más bien por la insuficiencia de recursos, creo que esa es la principal causa”.

Como estrategia, Rabito habló de transferencias que se han hecho a las institu­ciones educativas y un tra­bajo más estrecho con muni­cipios y gobernaciones. Por cierto, existen millones en transferencias a directores de escuelas y colegios, que otra vez resultaron parches, ya que los informes cruzados revelan que las instituciones beneficiadas con estos recur­sos siguen con problemas de infraestructura. Todo esto fue abordado en “Tierra de nadie”, espacio en el que se conoció algunos nombres de establecimientos esco­lares beneficiados año tras año con transferencias para reparaciones, recurso que no impulsa una solución real.

Detrás de las prioridades obviadas, otro mal es que la Contraloría derivó en el último año 70 indicios de hechos punibles detectados en transferencias y uso de Fonacide en municipalida­des y gobernaciones. Unos G. 412 mil millones en posible daño patrimonial. “Se hicie­ron muchísimas fiscalizacio­nes y auditorías, y debo decir que este caso coincide que auditamos la Municipalidad de Asunción, que histórica­mente nunca pudo ser audi­tada porque se escudaban por una acción de inconsti­tucionalidad. Siendo sincero, recién cuando asume el actual intendente abrieron las puer­tas de la municipalidad a la Contraloría y ahí la Contra­loría pudo verificar emisión de bonos los gastos en infraes­tructuras, los gastos en recur­sos humanos, y los valores son muy grandes porque la Municipalidad de Asunción tiene un presupuesto enorme; entonces, un gran porcentaje de este monto de 400 mil millones abarca a la municipalidad de la capital”, explicó el contralor Camilo Benítez.

“Como un dato adicional hemos podido fiscalizar municipios que eran impo­sibles de auditar, digo impo­sible porque se escudaban en esa acción de inconstitu­cionalidad a la cual hiciera referencia. Otro caso emble­mático es el de Lambaré tam­bién porque la denuncia de la Contraloría elevó a una destitución o una renuncia del intendente, y hoy esta­mos auditando por primera vez la Municipalidad de San Lorenzo, que también es una municipalidad grande, importante, donde tenemos nosotros muchas denuncias”, agregó Benítez.

“Obras fantasma”, falta de planificación y control, sobrefacturaciones son una constante que tardíamente, años después del desfalco, son detectados por audito­rías de la Contraloría. Sin embargo, las denuncias con relación al manejo de los fondos del Fonacide no solo apuntan a los políticos; es decir, intendentes y gobernaciones. Obras inconclu­sas de años, como las de Yasy Cañy en Canindeyú a tra­vés del MEC y el FEEI, tam­bién son denunciadas en la prensa, pero aparecen pagos abonados religiosamente en la época del ministro Petta.

“Un ambicioso proyecto de la Contraloría es la digitalización de las rendiciones de cuentas, que según el contralor estará funcionando desde el mes que viene. Mediante una donación de la Itaipú Binacional consistente en soporte informático, servidores, software apuntan a que los intendentes y gober­nadores suban al portal sus respectivos informes.

“Los intendentes, los gobernadores van a poder presentar informáticamente y esa información va a poder ser subida a nuestro portal y vamos a poder darle mayor participación a la ciudadanía, que la gente también se convierta en contralora y pueda aportarnos a nosotros datos que sirvan como insu­mos, para que iniciemos ahí la auditoría que hacemos; cree­mos que la única manera de dar respuestas eficaz e inme­diata a este problema que tenemos de las escuelas es a través de este proyecto”, dijo el contralor Benítez.

La información que presenten los intendentes y gobernado­res va a estar en forma de datos abiertos en la página web de la Contraloría. El formulario no permitirá presentar rendición de cuentas, si no se cumple con los requisitos que hoy se veri­fican en una auditoría posterior; es decir, se van a tener cam­pos que obligatoriamente se deben completar para cumplir el circuito y así continuar recibiendo los fondos del Fonacide.