En el 2007, el entonces fiscal de Delitos Económicos René Fernández concluyó una investigación en la que no se obtuvieron indicios de enriquecimiento ilícito de uno de los políticos más cuestionados precisamente por los millonarios bienes que acumuló de manera extraordinaria en la función pública.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@gruponacion.com.py

Con un informe traído de los pelos en el que se aduce incluso falta de documentaciones de varios ingresos, el ahora ministro Anticorrupción, René Fernández, blanqueó los bienes del ex mandatario Nicanor Duarte Frutos un año antes de que este dejara el cargo. El dictamen tiene fecha 9 de marzo del 2007 y lleva la firma de los fiscales de Delitos Económicos en ese momento Fernández y Liliana Alcaraz.

“Esta representación fiscal considera que agotadas las diligencias de recolección de elementos de convicción y basados en las experticias practicadas, no se han obte­nido indicios que señalen la existencia de hechos penal­mente relevantes en rela­ción a la hipótesis fáctica que ha sido fijada al momento de la iniciación de la investiga­ción, es decir, la existencia de un hecho punible de enrique­cimiento ilegítimo en la fun­ción pública”, señala la parte final del informe firmado por los agentes de Delitos Econó­micos, otro documento que evidencia que Duarte Frutos nunca fue investigado en puri­dad por la fortuna que amasó estando en cargos públicos.

Irónico, pero uno de los blan­queadores del político mago de las finanzas es el ministro Anticorrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez.

El resultado del dictamen de Fernández y Alcaraz se sus­tenta en un informe pericial que en teoría analizó los bie­nes (ingresos y egresos) del ex mandatario a partir de marzo de 1999 hasta enero del 2001 y del 15 de agosto del 2003 hasta febrero del 2006. Los resultados fueron “razona­bles y proporcionados” para los salarios que percibía como ministro de Educación y pre­sidente de la República, ade­más de otras fuentes lícitas de ingresos que han sido debida­mente acreditadas en la pre­sente investigación, sugiere el referido documento que Duarte Frutos usa como defensa en varias institucio­nes de control. Sin embargo, en el mismo escrito figura que no existieron documentos que avalen esas “otras fuentes de ingreso” atribuidas a divi­dendos de acciones/inversio­nes y se consideró como parte del paquete de ganancias la venta de ganado.

El informe consideró un prés­tamo declarado por Duarte Frutos para las inversiones en acciones que le generaron las extraordinarias ganancias. Sin embargo, en la manifes­tación de bienes del ex presi­dente solo aparece “cuentas a pagar”, sin especificar a qué entidad o acreedor particular.

Las estratégicas inversiones de Duarte Frutos cayeron en lo normal para los investi­gadores al punto de que la famosa estancia en el Chaco, que fuera escándalo en su momento, fue blanqueada con el argumento de que se adquirió una semana antes de asumir la Presidencia de la República.

Un estudio de correspon­dencia realizado en el 2008 por el ex contralor Octavio Airaldi enfocado en los mis­mos años vio lo que Fernán­dez y equipo no pudieron ver. El resultado, que incluso se hizo con base en datos bási­camente declarados, le salió negativo a Duarte Frutos.

Para Airaldi, resultó increí­ble que las colocaciones finan­cieras generen extraordina­rias rentas mensuales (tasa de rentabilidad 160% anual sobre capital invertido), que superaban el 50% del total de ingresos mensuales declara­dos del recurrente. Cabe remarcar que estas ganan­cias no estaban documenta­das, según una consideración subrayada en el informe fir­mado por Fernández y Alca­raz que blanqueó a Duarte Frutos.

El análisis de la Contraloría también remarcó que el saldo disponible en caja/bancos representaba 7,34 veces más que sus ingresos normales (sueldo asignado más gasto de representación), más sus ingresos extraordinarios, en época de ministro.

Meses después del demole­dor dictamen que también el ex contralor remitió a Fer­nández, los mismos agentes pretendieron reabrir la causa mediante una acción ante la Corte Suprema de Justicia, pero fue rechazada.

En el 2016, el abogado Nelson Argaña presentó otra denun­cia por enriquecimiento ilícito y según dictamen de la fiscala Yolanda Portillo, quien interi­naba la dirección de la Unidad de Delitos Económicos, exis­tían méritos suficientes para reabrir la causa, pero el fiscal Rodrigo Estigarribia, asig­nado para el efecto, tampoco vio ni encontró nada.

Estigarribia se había ence­rrado en el argumento de que no se puede investigar dos veces por una misma causa a una persona.

Lo cierto es que el poten­tado político que fuera un modesto periodista antes de ocupar cargos públicos tiene millones de dólares en inmue­bles, ganado, etc. Aunque en sus declaraciones juradas se fue balanceando su patrimo­nio con deudas que en algu­nos casos superaban amplia­mente lo que tiene, lo que supone un buen y oscuro garante para las financiacio­nes que declaró.

Nicanor Duarte Frutos, actualmente director de Yacyretá, fue denunciado por un periodista del Grupo Nación por no proveer rendición de gastos de publicidad y transferencias sociales.

Piloteó con publicación de estadísticas generales para salvarse del resultado negativo que pueda resultar del amparo presen­tado por este holding de medios. Sin embargo, la ciudadanía, como otros medios de comunicación, se hicieron eco de que son básicos los datos difundidos en el portal institucional y no des­glosan los detalles solicitados por el periodista.

Se espera que esta semana la jueza Alice de Lorenzi emita alguna resolución. Organizaciones de transparencia como abogados expertos en el tema han dado testimonio de la jugada de Nicanor para no proveer la información requerida y han coincidido en que es una violación de la Ley de Acceso a la Información Pública.