El medio presentó un amparo constitucional para que Nicanor Duarte Frutos entregue información pública, luego de que omitiera un dictamen del Ministerio de Justicia. Su capricho va en contra de todas las medidas para el combate a la corrupción. Según especialistas del derecho se viola una norma constitucional. El caso ahora queda en manos de la jueza de Primera Instancia Alice de Lorenzi.

Tras varios intentos para que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregara la infor­mación sobre sus gastos en publicidad y ayuda social, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, y que esta no haya pasado los datos correspondientes, el diario La Nación decidió presentar una demanda contra la entidad. La falta de transparencia del director Nicanor Duarte Fru­tos afecta también a la imagen del país, según analistas.

El documento presentado este viernes ante el Poder Judicial es un amparo cons­titucional para que Yacyretá entregue la información pública solicitada por este medio. Dicho recurso judi­cial fue patrocinado por el asesor jurídico del Grupo Nación, el Dr. Raúl Prono, quien actuó en represen­tación de los pedidos rea­lizados por el periodista de investigación Jhojhanni Vega Fiorini.

“Este es un transitar que comenzó en octubre, la EBY alegó que debíamos trami­tar la autorización para la entrega de esta documenta­ción con la Cancillería, lo cual es incorrecto, la propia Direc­ción de Acceso a la Informa­ción Pública del Ministerio de Justicia ya dispuso en un dictamen que la EBY es una fuente pública de informa­ción y que no hay ningún trá­mite previo en la Cancillería”, recordó el abogado.

Asimismo, resaltó que en su momento también Yacyretá dijo que no podría entregar esta información porque están regidos por un tratado que supuestamente está por encima de la ley, que tam­poco aplica en este caso. De acuerdo al abogado, se está ejerciendo un derecho con base en una ley que regula una disposición constitucio­nal refiriéndose al Artículo 28 del derecho a informarse.

Según este artículo, las fuen­tes públicas de información son libres para todos. “La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones corres­pondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efec­tivo. Toda persona afectada por la difusión de una infor­mación falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exi­gir su rectificación o su acla­ración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás dere­chos compensatorios”, reza la Constitución Nacional.

El caso finalmente quedó en manos de la jueza de Primera Instancia de la Niñez y de la Adolescencia del 2° turno, Alice de Lorenzi, quien salió sorteada para atender el amparo. La próxima semana el Juzgado deberá emitir una providencia de traslado a la EBY, la cual contestará den­tro de los plazos establecidos por la ley.

El pasado lunes 25 de enero, los periodistas Rossana Esco­bar y Jhojhanni Vega Fiorini, del área de Investigación del Grupo Nación, presentaron una intimación al director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, para que entregue información sobre la rendi­ción de cuentas de los gas­tos en ayuda social y publici­dad. Sin embargo, la entidad solo ofreció como respuesta la publicación en su web de datos muy limitados.

El capricho de Duarte Fru­tos de no proporcionar los datos de sus gastos en publi­cidad e inversiones socia­les no solo constituye una violación de la ley sino que además afecta a la imagen del país que actualmente enfrenta el proceso de Eva­luación Mutua (EM) ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la que el país debe defen­der los avances en mate­ria de lavado de activos y financiamiento del terro­rismo ante sus pares o paí­ses miembros.

Según especialistas del sec­tor económico, la actitud de Duarte Frutos va de contra­mano con las políticas de transparencia que se impo­nen para presentar al país de la mejor manera. “Creo que aportan negativamente, por­que el primer estamento que debería ser transparente es justamente el sector público”, indicó el ex ministro de Hacienda, César Barreto, al ser consultado al respecto.

Señaló que Yacyretá debe­ría proveer la información que se le solicita ya que por alguna razón se piden los datos. “Todo acto de gobierno que implique falta de trans­parencia conspira contra eso (EM), porque los actos de corrupción están relaciona­dos con delitos precedentes de lavado de dinero y están penados”, mencionó Barreto.

Por su parte, Diego Mar­cet Oviedo, director gene­ral de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), señaló que el precepto de la transparen­cia está protegido judicial­mente por lo que es impor­tante, además, que se trata de una política de Estado. “Un evaluador de Gafilat mira la amenaza, la vulne­rabilidad y la consecuencia del lavado, y si la corrupción es una amenaza, las políticas de transparencia ayudan a combatir ese fenómeno por­que es importante que toda la gestión pública sea transpa­rente”, afirmó Marcet.

Por último, el economista Juan Cresta opinó que la negativa de una institu­ción como Yacyretá podría además afectar a la imagen del país. “Es sumamente importante que todo el sistema sea transparente, que se cumplan con todas las reglas”, sostuvo. De no pasar la evaluación de Gafi­lat, Paraguay quedaría en la “lista gris” y perdería muchas inversiones.

Hasta el momento se sabe que unos US$ 70 millo­nes fueron repartidos por Yacyretá a cargo de Nicanor Duarte Frutos, por medio de las transferencias sociales, según se recabó del portal de la entidad. Lo que no se sabe es cómo se gastó, a cuánto se compró, los contratistas y los beneficiarios de muchos de los programas sociales que financia la binacional.