Increíblemente la empresa Engineering SA obtuvo un favorable arreglo extrajudicial con Petróleos Paraguayos (Petropar) que inicialmente la había demandado ante la Justicia por incumplimiento de contrato, ya que cobró un anticipo de G. 2.900 millones para la provisión de tanques subterráneos de combustible y solo entregó una parte por valor de G. 831 millones, sin devolver el remanente. Sin embargo, bajo la presidencia de Patricia Samudio, la superproveedora del Estado no solo se quedó con el anticipo, sino que además logró cobrar una indemnización por más de G. 6.210 millones, con lo que se embolsó un total de G. 9.110 millones (unos US$ 1,4 millones, al cambio de ese entonces), habiendo entregado apenas 21 tanques de los 140 que debía construir.

• Por Jorge Torres Romero

Los antecedentes del caso indican que en fecha 13 de junio del 2013, Petropar suscribió un contrato con la firma Engi­neering SA, en el marco de la Licitación Pública Nacio­nal 10/13 para la “Adquisi­ción de tanques subterrá­neos de combustibles”, por un valor total de G. 7.252.376.000; de los cua­les, al momento de la firma, Petropar abonó, en con­cepto de anticipo, la suma de G. 2.900.950.400, equi­valente al 40%. Luego de abonado el anticipo, la pro­veedora entregó una parte de los tanques por valor de G. 831.006.000, quedando pendiente una diferencia de G. 2.069.944.400 a favor de Petropar.

Posteriormente, en fecha 4 de setiembre del 2013, cuando estaba en plena eje­cución el contrato, la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas hizo lugar a la protesta promovida por la firma Cabipal Metalmek SA y anuló la adjudicación a Engineering SA y, por ende, el contrato firmado con Petropar quedó sin efecto.

Ante esta situación, la petrolera estatal comunicó a la proveedora que el con­trato en cuestión había que­dado sin efecto, debiendo procederse a la restitución del anticipo entregado. Cabe aclarar que en la cláusula 27° del contrato entre Petropar y Engineering SA se encon­traba prevista la posibilidad de nulidad del llamado de referencia, lo que dejaba sin efecto el contrato.

Sin embargo, la firma Engi­neering se negó a devolver el saldo del anticipo recla­mado por Petropar por lo que esta, en fecha 13 de marzo del 2014, exigió a la firma Aseguradora el Comercio Paraguayo SA, la ejecución de la póliza otor­gada en el marco de la LPN N° 10/13 para la adquisición de tanques de combusti­ble, sin que la misma haya obrado en consecuencia.

A raíz de este hecho, el caso fue judicializado y pese a que no se probó que Petropar haya obrado ilícitamente en perjuicio a la firma Enginee­ring, esta lo demandó por daños y perjuicios y por sentencia del 9 de mayo del 2019, la Justicia hizo lugar a la demanda que condenó a Petropar al pago de unos G. 3.066 millones, más los intereses por el 97,5% de la demanda, con lo que tota­lizaba los G. 6.210.848.118 que finalmente sin apelar y sin exigir la revisión, la pre­sidenta de Petropar, Patricia Samudio, accedió a abonar, pese a que la petrolera esta­tal tenía todas las de ganar en el juicio.

Guardando las distancias, este caso es muy similar a lo que ocurrió con la empresa Texos que demandó en ins­tancias locales al Estado y reclamó US$ 31,3 millones, supuestamente por daño empresarial, gastos de lici­tación, obligaciones con otras proveedoras, lucro cesante, entre otros, por la fallida adjudicación para comprar entre 21.000 m3 y 42.000 m3 de gasoil.

La Procuraduría General y la Asesoría Jurídica de la estatal aprobaron luego un dudoso arreglo extra­judicial por US$ 7 millo­nes, que tras filtrarse en la prensa derivó en un escán­dalo que terminó con la salida de Sergio Coscia de la Procuraduría General de la República.