Mientras la pandemia castiga a miles de personas con el desempleo, los sindicalistas se especializan en hacer cursos con dudosos resultados. Reciben unos G. 400 millones al año para enseñanza de decoración, community manager, ventas, etc., pero no se sabe cuántos puestos de trabajo se consiguieron con esto.

Por Jhojhanni Fiorini

Periodista de Investigación del GN

El Sistema Nacional de Formación y Capaci­tación Laboral (Sina­focal) realizó el año pasado una serie de millonarias transferencias a varias cen­trales de trabajadores para que estas a su vez organicen cursos de capacitación labo­ral. Estos convenios se hicie­ron con menos exigencias para las organizaciones que lo que usualmente se les pide a los proveedores en las lici­taciones para capacitaciones técnicas.

Cabe recordar que en año crítico las transferencias se duplicaron a las oenegés, entre las cuales se encuen­tran las centrales obreras. De G. 9.000 millones trans­feridos en el 2019, el año pasado la cifra trepó a G. 20.000 millones.

Sinafocal solo pasa la plata, no sabe la efectividad de las capacitaciones ni los bene­ficiarios. En el caso de las centrales, no respondieron quiénes dieron estos cursos ni cuántos puestos de trabajo consiguieron para los benefi­ciarios de las capacitaciones.

Entre las oenegés que reci­bieron millonarios montos se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Central Nacional de Traba­jadores (CNT). Las tres insti­tuciones fueron beneficiadas con un promedio de G. 400 millones cada una para rea­lizar diferentes tipos de capa­citaciones de forma virtual (online) durante la pandemia que dejó a miles de personas sin trabajo.

La CUT, por ejemplo, obtuvo en el 2020 G. 401 millones para desarrollar cursos de habilidades en ventas, com­munity manager (CM), ope­ración de caja comercial y operación básica de compu­tadora. Se destaca que si com­paramos la carga horaria de estos cursos con la única lici­tación que se llevó a cabo en el año y que hasta el momento no ha podido ser ejecutada por las protestas que reci­bió, nos damos cuenta de que es menor el tiempo de enseñanza y que los precios mediante transferencias son mayores.

Es decir, se está pagando más por menos. Lo mismo ocurre con los cursos para atención al cliente, CM, habilidad en ventas, operador básico de computadora y operación de caja comercial hechos por la CGT y la CNT durante la pan­demia. Comparativamente con la licitación, hay menor carga horaria y los precios mediante el llamado hecho a través de la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públi­cas (DNCP) son más bajos.

Como ejemplo, los cursos para atención al cliente y CM en la licitación tienen una carga horaria de 80 horas, mientras que las cen­trales realizan una ense­ñanza de solo 50 horas. Asi­mismo, hay que destacar que las exigencias en los llama­dos son mayores, ya que en la licitación se exige la entrega de kits al finalizar la capaci­tación técnica, así como se pide además el currículo de los docentes que van a impar­tir los cursos.

También hay que destacar que la función de estas orga­nizaciones no gubernamen­tales que nuclean a varios sectores de la fuerza labo­ral es proteger los derechos de precisamente los traba­jadores, ya que del aporte de estos se mantienen vigen­tes las propias centrales e incluso el Sinafocal. Asi­mismo, son estas mismas instituciones las que con­forman el órgano rector que se encarga de aprobar los proyectos que serán bene­ficiados con las millonarias transferencias de recursos.

Por lo tanto, se convierten en juez y parte a la vez, dejando de lado a varias instituciones de educación superior y téc­nica con mucha más expe­riencia en la enseñanza para realizar estas labores. Asi­mismo, cabe señalar que las capacitaciones online que realizaron estas organiza­ciones durante la pandemia contrastan enormemente con los datos de desem­pleo que llegaron a los 150 mil afectados en el 2020, un problema bastante serio del que deberían ocuparse estas organizaciones antes que realizar cursos.

Finalmente, este medio intentó comunicarse con varios representantes de estas centrales para conocer su versión; sin embargo, no respondieron o prefirieron evadir las preguntas.

En este sentido, también hay que resaltar que el titular de Sinafocal, Alfredo Mongelós, había mencionado que en el mes de julio pasado, cuando se generó un plan de reacti­vación económica, presenta­ron una nota al Equipo Eco­nómico Nacional (ENN) para la utilización de saldo presupuestario que tenía Sinafocal de aporte patro­nal de periodos anteriores y de allí se generó la amplia­ción que se destinó a estas transferencias.

“Sinafocal no es una institu­ción normal del Estado, jus­tamente los recursos ellos ingresan para que se con­trole y si ellos quieren dis­poner de los recursos que son de ellos para poder hacer ins­trucción laboral o para que ellos puedan tener mejora­miento de la calidad de for­mación porque los costos son elevados, pueden disponer y la ley misma le permite”, había dicho Mongelós.

Es preciso resaltar que la Ley Nº 1652 que crea el Sinafocal esta­blece en su artículo 7 que los recursos de este se componen de las asignaciones y subvenciones que le asigne el Presupuesto General de la Nación; los ingresos provenientes de los gobiernos departamentales y de las municipalidades para financiar planes y programas acordados con los mismos; el aporte de entidades y empresas privadas, como contraprestación de servicios; los apor­tes provenientes de la cooperación internacional; los legados y donaciones; y el aporte patronal del 1% sobre las remuneraciones pagadas a los trabajadores de las empresas privadas.

Los recursos del Sistema Nacional de Formación y Capacita­ción Laboral, según la norma, solo serán destinados a costear los diversos programas de formación y capacitación y a mejoras de infraestructura, técnicas y curriculares. Asimismo, establece que el órgano rector estará integrado por nueve miembros titulares, cada uno de los cuales tendrá un suplente.

Los miembros son los siguientes: uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Consejo de Gobernadores, uno por la Organización Paraguaya de Cooperación Intemunicipal, uno por la Federación Paraguaya de la Industria y el Comercio, uno por la Unión Indus­trial Paraguaya, uno por la Asociación Rural del Paraguay y tres por las organizaciones sindicales de trabajadores.