La directora del área de Investigación del Grupo Nación, Rossana Escobar, anunció que luego de la negativa por parte del director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de transparentar los datos de los gastos realizados en concepto de ayuda social y publicidad, este medio recurrirá a la Justicia.
Cabe recordar que varias instituciones ya respaldaron el pedido que fuera presentado por el periodista del equipo Jhojhanni Vega, afirmando que la hidroeléctrica debe dar la información.
“Increíble esto, considerando que estamos respaldados por una ley que es la de transparencia, que obliga a las instituciones públicas a poner a merced de los ciudadanos cualquier documento público”, expresó Escobar en comunicación con el programa Info+ del canal GEN. La periodista aseguró que “si no hay otro camino y no podemos acceder a la información, vamos a recurrir a la Justicia”.
Igualmente, recordó que la presencia de la binacional dentro del portal de Acceso la Información Pública parece ser meramente marketing, ya que Duarte Frutos se niega a cumplir la norma que le aplica. Escobar resaltó además que son más de US$ 70 millones lo que alcanzó transferir durante su administración Duarte Frutos en concepto de inversiones sociales a organizaciones civiles y gubernamentales.
Esta decisión de recurrir a estrados judiciales se da luego de que otra institución desbarató el argumento del director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, que dijo que necesitaba la aprobación del lado argentino para otorgar dichos datos y esto debía ser tramitado vía Cancillería. Esta triangulación que pretendía hacer Nicanor fue desmentida por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), que dijo mediante una nota de respuesta que la responsabilidad sobre los gastos de la EBY recaen enteramente sobre Duarte Frutos.
Igualmente, cabe recordar que el Ministerio de Justicia, como organismo encargado de velar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya dictaminó que la EBY debe entregar los datos. Aun así, el director de la margen derecha de la hidroeléctrica ignoró la postura del ente y decidió mantener en total secreto los gastos que ha realizado durante su administración.
ITAIPÚ NO TUVO PROBLEMA
En este sentido, es preciso resaltar que la propia Itaipú Binacional no ha tenido problemas en proveer la misma información solicitada a Yacyretá y sin necesidad de obligar a este medio a realizar el pedido a través de Cancillería. Esto no hace más que levantar las sospechas acerca de los datos que se guardan bajo un extremo secretismo por alguna razón desconocida.
En este punto hay que destacar que la ley también impone sanciones para los funcionarios que incumplan con la transparencia. En el art. 28 de la norma se establece que “el incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la presente ley, por parte de funcionarios y empleados públicos, también será considerado como falta grave e incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública” y en las disposiciones legales correspondientes”, es decir que son pasibles de sumarios y acciones judiciales.
Por otro lado, uno de los argumentos señalados por los especialistas del derecho que desbaratan la respuesta de la EBY deviene precisamente de la misma ley que sostiene que “solo se podrá negar la información pública requerida mediante resolución fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, quien expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión”, algo que evidentemente no hizo Nicanor, ya que se escudó detrás de sus funcionarios.
Las cifras publicadas en el portal de la binacional revelan que durante la administración de Nicanor se repartieron más de US$ 70 millones en los últimos años a través de ayudas sociales a organizaciones civiles y gubernamentales, entre las que se encuentran gobernaciones y municipios. Estas cuantiosas sumas son manejadas con total discrecionalidad por el director paraguayo, que no transparenta los gastos.