Mediante una nota dirigida al diario norteamericano The Washington Post, el gobierno interino de Venezuela a cargo de Juan Guaidó aclaró que la propuesta para saldar la deuda de Petropar con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) de US$ 260 millones fue rechazada por la Procuraduría Especial de Venezuela y el presidente interino, contradiciendo a las declaraciones del Ejecutivo paraguayo.
Argumentaron que el arreglo no cumplía con las condiciones satisfactorias para la República Bolivariana tanto por el porcentaje de quita planteado como de la comisión estipulada para el abogado. Cabe recordar que dentro del borrador del contrato se acordaba una comisión de US$ 26 millones para el abogado del tío de Mario Abdo Benítez, Sebastián Vidal.
“Consideramos que, lejos de ser un caso de supuesta irregularidad o corrupción, es un claro ejemplo positivo de cómo el gobierno interino desplegó oportunamente los mecanismos necesarios para proteger los intereses de la República (Venezuela)”, reza parte del escrito. Además de esto, el comunicado sugiere que fueron los paraguayos quienes entregaron la propuesta a los venezolanos.
Esto desmiente totalmente las declaraciones del jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, quien alegó que el acuerdo fue rechazado por el Gobierno Nacional, debido a que la administración interina de Guaidó no cuenta con el control total del territorio venezolano. “El acuerdo sería tremendamente beneficioso si se hubiese podido llevar adelante”, había dicho Villamayor a la prensa sobre el pacto.
Villamayor también señaló que el problema que trancó el referido arreglo es la legitimidad del gobierno de Guaidó; sin embargo, esta versión cayó por tierra al saltar el comunicado oficial venezolano de que ellos rechazaron por no ser conveniente para sus intereses.
“Es fácilmente comprobable que ningún acuerdo o contrato se celebró y, por ende, no existió ninguna erogación o comisión. Así lo han confirmado públicamente además las autoridades del Paraguay”, sostiene la carta pública enviada al medio estadounidense. En este sentido, cabe aclarar que el gobierno de Mario Abdo ni siquiera ha presentado el borrador del documento, ya que Villamayor alegó que el mismo estaba en un depósito y que no lo encontraban sus colaboradores.
El planteamiento que supuestamente presentaron los venezolanos le daba la posibilidad a Paraguay de pagar solamente la mitad de la deuda total que tiene actualmente con PDVSA, en el mismo se incluía una comisión para el abogado de la parte venezolana, Sebastián Vidal, del 20% del acuerdo, es decir unos US$ 26 millones.
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Piden a ministros redoblar esfuerzos y seguir luchando contra los desafíos
Ayer se llevó adelante la reunión del Consejo de Ministros, encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, donde se abordaron varios puntos en las diferentes carteras del Estado.
“Las demandas superan ampliamente la capacidad de dar respuestas, aquí lo importante es constantemente movernos en la dirección, acá no tenemos que movernos ni para la derecha ni para la izquierda, mucho menos para atrás. Tenemos que movernos constantemente para adelante”, dijo el jefe de Estado ante sus ministros.
Peña indicó que el principal objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de las familias, desde las diferentes áreas, con los servicios que brinde el Gobierno nacional desde sus instituciones. “El ingreso de las familias debe mejorar, la seguridad de las familias tiene que mejorar, el acceso a la salud tiene que mejorar, el ingreso a la salud tiene que mejorar, y esto genera un estado de bienestar y una visión positiva sobre lo que estamos haciendo, como país principalmente y como sociedad”, apuntó.
El mandatario dijo que a pesar de estar muy entusiasmado con los trabajos que se están realizando desde las diferentes instituciones del Estado, no está conforme con los resultados que aún no satisfacen en la totalidad las necesidades de las familias paraguayas.
“Estoy entusiasmado, no estoy satisfecho, creo que es un poco el sentimiento que tenemos que administrar todos. Bajo ningún concepto tenemos que en ningún momento sentirnos satisfechos, sí tenemos que sentirnos entusiasmados de lo que podemos hacer, de lo que hemos hecho”, aseveró.
IMPLEMENTAR SOLUCIONES
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que seguirá con la firme convicción de buscar e implementar soluciones a las exigencias de la población para generar el bienestar de todos los paraguayos en su gestión.
“Hay una firme convicción y una enorme determinación de enfrentar cada uno de los desafíos que tenemos, que la política pública no ha demostrado a lo largo de la historia que para cada uno de los problemas de la humanidad y para cada uno de los problemas de la sociedad existen soluciones”, remarcó.
Peña pidió a sus ministros seguir trabajando de manera coordinada entre todas las instituciones. “Esas soluciones muchas veces están muy cerca de nosotros y está cerca del compañero que está al lado nuestro, de la institución que colabora con nosotros, por eso es que ese trabajo coordinado es fundamental para responder a cada uno de estos desafíos”, puntualizó.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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“Vamos a llegar a la mayor cantidad posible de títulos en este gobierno”
Francisco Ruiz Díaz, presidente de la institución, afirmó que esto recién es el comienzo, dado que el Gobierno apunta a triplicar los números actuales.
“Esta revolución está empezando y los números que hoy estamos presentando son números iniciales que en la expectativa del presidente siguen siendo bajos, el mandatario quiere que aumentemos la capacidad operativa y llegar a la mayor cantidad posible de títulos durante su gobierno”, expresó Ruiz Díaz en conversación con La Nación/Nación Media.
El modelo que aplicó el Indert en estos últimos ocho meses es escalable e irá aumentando en cuanto al capital humano que realiza el trabajo de campo, lo cual permitió acercar a la institución al campesinado, el que estaba descreído y desmotivado tras años de engaños y promesas de títulos que no llegaban.
“Los campesinos se negaban a firmar sus títulos de propiedad porque no confiaban en la administración”, reveló el presidente del Indert e indicó que la reducción de las tasas de interés que pasó de ser del 12 % al 4 % para varones y al 0 % para mujeres, dio una señal importante y motivó la tramitación de los títulos.
Los registros muestran que en zonas donde prácticamente la recaudación era nula, como Alto Paraná, se pasó a G. 500 millones por semana. El Indert apunta a destinar los ingresos en la inversión en los recursos necesarios para seguir aumentando la titulación. Otro de los mecanismos que permitió a la institución ganarse la confianza de la gente fueron las visitas a las colonias.
CAMBIO DE SISTEMA
“Anteriormente se les hacía venir a la Costanera para entregarles su título de propiedad; sin embargo, cambiamos ese esquema porque el presidente nos dijo que debíamos ir hasta las colonias y entregarles ahí al campesino. Iniciamos un nuevo concepto que son las rondas de entrega de títulos, eso nos acercó tremendamente a la gente y nos lleva a que cada entrega sea una fiesta”, refirió.
La reducción de la tasa de interés, el cambio en la metodología de entrega de títulos y la implementación del pago digital son las razones del aumento de recaudación. Asimismo, con la digitalización se mejora la transparencia, es un sistema seguro y que impulsa la inclusión financiera.
“Este proceso se inició hace 84 años y solo dio un resultado del 5 %, el presidente Santiago Peña quiere llegar por lo menos al 40 o 50 % de la titulación, es todo un desafío y debemos aumentar la capacidad operativa. La titulación masiva es una realidad, está ocurriendo, nadie discute eso, pero ahora debemos triplicar la cantidad”, aseveró.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.