El director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, rechazó el pedido de reconsideración planteado por La Nación para que Yacyretá provea la rendición de cuentas de los gastos en ayuda social y publicidad. Desoyó completamente el dictamen del Ministerio de Justicia que sostenía que debían dar la información.
A pesar de que el Ministerio de Justicia dictaminara que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a cargo de Nicanor Duarte Frutos, debe proveer las rendiciones de cuentas sobre los gastos en publicidad y ayuda social solicitadas por este medio vía acceso a la información pública, desde la hidroeléctrica se ratificaron en su negativa a dar la información. Luego de un mes, la binacional rechazó el pedido de reconsideración para dar los datos.
Nuevamente Nicanor Duarte Frutos ignoró la postura del Ministerio de Justicia y decidió mantener en total secreto los gastos que ha realizado durante su administración al frente de Yacyretá. Reiteradamente, como argumento para evadir la presentación de las rendiciones desde la EBY, arguyeron que se necesita de la aprobación de los argentinos para poder otorgar los documentos y esta autorización debe pedirse vía Cancillería.
No obstante, cabe recordar que, en su rol de coordinador de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cartera de Justicia sostuvo que no corresponde la triangulación que interpuso la administración de Nicanor Duarte Frutos derivando el pedido de informe a la Cancillería para que este consiga el visto bueno. El dictamen de Justicia subraya que la Ley de Acceso a la Información Pública también incluye a las binacionales. Por lo tanto, la información debe darse directamente.
En este sentido, es preciso resaltar que la propia Itaipú Binacional no ha tenido problemas en proveer la misma información solicitada a Yacyretá y sin necesidad de obligar a este medio a realizar el pedido a través de Cancillería. No obstante, con base en la respuesta de la EBY nuestro medio solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) que gestione el pedido para obtener la autorización de la margen izquierda (Argentina).
El pedido de gestión hecho el pasado 16 de noviembre no fue respondido por la institución hasta la fecha, a pesar de que el plazo de 15 días marcado por la Ley Nº 5282 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental venció el pasado 8 de diciembre. Desde la institución alegaron que todavía se aguarda el dictamen de Asesoría Jurídica.
En este punto hay que destacar que la ley también impone sanciones para los funcionarios que incumplan con la transparencia. En el art. 28 de la norma se establece que “el incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la presente ley, por parte de funcionarios y empleados públicos, también será considerado como falta grave e incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública” y en las disposiciones legales correspondientes”, es decir que son pasibles de sumarios y acciones judiciales.
Por otro lado, uno de los argumentos señalados por los especialistas del derecho que desbaratan la respuesta de la EBY deviene precisamente de la misma ley que sostiene que “solo se podrá negar la información pública requerida mediante resolución fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, quien expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión”, algo que evidentemente no hizo Nicanor, ya que se escudó detrás de sus funcionarios.
Las cifras publicadas en el portal de la binacional revelan que durante la administración de Nicanor se repartieron más de US$ 70 millones en los últimos años a través de ayudas sociales a organizaciones civiles y gubernamentales, entre las que se encuentran gobernaciones y municipios. Estas cuantiosas sumas son manejadas con total discrecionalidad por el director paraguayo, que no transparenta los gastos.