Luego de que el tema saltara en el programa “La caja negra”, conducido por el periodista Jorge Torres y emitido por Unicanal, y después de que la Procuraduría General de la República (PGR) asegurara que se llegó a un conveniente acuerdo con la empresa Texos Oil en el marco de la demanda que le había entablado a Petropar, Sergio Coscia se desdijo y se dio cuenta de la imposibilidad de cumplir lo pactado.

Mediante una nota fir­mada por el procu­rador Sergio Coscia, el Estado paraguayo anunció el día de ayer que era impo­sible el cumplimiento del acuerdo de US$ 7 millones al que llegaron con la firma Texos, por lo que solicitó al Juzgado que deje sin efecto el mismo y se reanuden los trámites y plazos procesa­les. La petrolera estatal no ha tenido descanso de los escándalos este año, ya que luego de la salida de la cues­tionada Patricia Samudio ahora explota este caso.

En conversación con La Nación, Coscia explicó que la cancelación del acuerdo se da debido a toda la polé­mica que se generó en torno al mismo. “Yo soy el defen­sor de los intereses patrimo­niales de la República. Con­sidero que el acuerdo al que se llegó es bueno. Cualquier otro abogado nos hubiera recomendado, pero vista la polémica que se generó, deci­dimos cancelar el contrato”, expresó.

Asimismo, indicó que el monto del acuerdo todavía no estaba contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Recalcó que se tomó la deci­sión a fin de evitar cualquier suspicacia, polémica o sos­pecha. “El tiempo va a decir, cuando el monto sea más ele­vado quizás consideren que hubiese sido mejor pagar este acuerdo”, remarcó.

Días atrás, Coscia confirmó a este medio que el acuerdo era beneficioso para el Estado paraguayo, ya que lo que pedía Texos como compen­sación era cuatro veces supe­rior como mínimo. “Como era la última etapa procesal en la que podíamos llegar a un acuerdo decidimos llegar a ese monto para no seguir perjudicando al Estado para­guayo”, había explicado.

De acuerdo con la investiga­ción del programa “La caja negra”, emitido por Unicanal y conducido por el periodista Jorge Torres, cabe recordar que el contrato para provi­sión de combustible que le fue adjudicado en el 2010 a Texos era de US$ 31 millones como mínimo y de US$ 68 millones como máximo. Esta adjudicación fue revocada por Petropar y la licitación cancelada, supuestamente porque la empresa no con­taba con todos los requeri­mientos solicitados durante el llamado.

Comunicado del procurador para cancelar el “conveniente” acuerdo de pago a la firma argentina Texos.

“Ellos (Petropar) después de manera extemporánea sostu­vieron supuestamente que la constitución de la sociedad no estaba conforme a los pedidos del pliego de bases y condiciones (PBC), lo cual es falso porque el PBC no decía nada al respecto, ellos fueron bien adjudicados, eso es cate­górico”, sostuvo Coscia. Asi­mismo, destacó que tanto la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP) como la Contraloría General de la República (CGR) estu­vieron de acuerdo en que Texos tenía razón.

El acuerdo de US$ 6.898.750 al que se llegó fue luego de una puja entre el Estado paraguayo y Texos. “Ellos nos hicieron una propuesta de lo que estimaban que era suficiente para subsanar el daño en concepto de pérdida de chance por la falta de sus­cripción del contrato. No estábamos de acuerdo con el monto, le hicimos una con­trapropuesta sin varios con­ceptos como honorarios de abogados e intereses”, reveló el procurador.

INVESTIGACIÓN

Por otro lado, Coscia había adelantado que realiza­rán una investigación para hallar a los responsables de este daño patrimonial para el Estado y afirmó que ya soli­citó informes a la DNCP y la CGR. “Vamos a contrastar todos los documentos entre sí para ver quién fue el res­ponsable de que esto haya sido realizado de tan mala manera”, manifestó. En este sentido, dijo que los invo­lucrados se exponen a una demanda civil contra sus bienes.

Cabe recordar que la firma Texos demandó a Petropar en el 2011 y obtuvo el embargo de los bienes inmuebles que la entidad paraguaya poseía en el distrito de Zárate, pro­vincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná. El monto del embargo fue de 46 millones de pesos argentinos (aproxi­madamente US$ 3,5 millo­nes), en concepto de capital, intereses y costas. Además de esta acción judicial, tam­bién intentaron embargar las cuentas bancarias de Petro­par en nuestro país.

Afortunadamente para el ente, posteriormente en el 2016 obtuvo el levantamiento de los embargos. En la época que fue realizada la adjudi­cación y luego la cancelación de la firma de contrato estaba como presidente de Petropar Juan Alberto González Meyer y al frente de la CGR estaba Óscar Rubén Velázquez.

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