El edificio forma parte de las inversiones sociales realizadas por la EBY, cuyas rendiciones de cuenta no ha querido transparentar el director Nicanor Duarte Frutos.

Por Jhojhanni Fiorini

Periodista de investigación del GN

El intendente de San Estanislao (Santaní), Agustín Ovando, reveló que las obras de cons­trucción del nuevo mercado municipal de su ciudad, finan­ciadas y ejecutadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el marco del mega­paquete de inversiones socia­les, están inconclusas y que registran un atraso de más de un año. Mientras tanto, los locatarios se ven obligados a permanecer en dos plazas de la zona padeciendo incomo­didades.

Las labores de construcción, a cargo de la empresa Smart Line Painting, fueron dividi­das en tres etapas. Para la pri­mera se adjudicó por G. 5.147 millones tras una licitación de Yacyretá en la que ganó la mencionada constructora. Sin embargo, la segunda etapa, según el intendente, fue realizada mediante una adenda, cuyo monto es des­conocido debido a que la EBY no rinde cuentas y mantiene bajo siete llaves los datos de todos los gastos sociales. La tercera etapa aparentemente también se realizará con una adenda, pero no tiene finan­ciamiento ni ningún tipo de avance.

Por lo tanto, la obra que ya está bastante atrasada ha quedado en standby con un 65% de avance aproximada­mente y con un nulo cono­cimiento sobre cómo conti­nuará su progreso por falta de transparencia en el pro­ceso. “Faltan los salones pro­piamente. La primera adenda solo contempla los pilotes y el techado de estructura metálica, le falta paredes. La segunda planta es solo pos­tes y techo”, indicó Ovando, quien aseguró que hace más de un mes no ha tenido res­puesta de la EBY a sus reite­radas insistencias.

El jefe comunal solo puede hacer cálculos con base en estimaciones por las dimen­siones de la obra, que ronda­ría los G. 12 mil millones en total, pero no puede tener certeza de los costos rea­les de inversión, ya que no conoce detalles del manejo de estos recursos que son administrados por Nicanor con total libertad. En este sentido, cabe recordar que la hidroeléctrica se ha man­tenido firme en su negativa de transparentar estos gastos, aunque exista un dictamen de la Justicia.

Como se mencionó, la inau­guración estaba prevista para noviembre del 2019, pero desde la binacional ale­garon que el primer atraso se debió al cambio de director del lado argentino, que ocu­rrió el mismo año en el que se inició la construcción, y según Nicanor Duarte Frutos necesitaba la aprobación de su par argentino para avan­zar con el mercado. Posterior­mente, vino la pandemia, que también sirvió de excusa, y el atraso se hizo aún mayor.

El jefe comunal comentó que el pedido de edificación del centro comercial viene de larga data, de hace 30 años aproximadamente, y que representa una enorme necesidad para la zona, ya que albergará a más de 100 fami­lias locatarias que mientras tanto se ven obligadas a per­manecer en las plazas Mcal. López y Libertad, donde no cuentan ni siquiera con sani­tarios construidos. En este sentido, Ovando manifestó que no les está cobrando nin­gún impuesto a los mismos hasta que no se termine el edi­ficio y que puso baños portá­tiles mientras tanto.

De acuerdo con publica­ciones de la propia EBY en su página web, la licitación pública de esta obra se inició el 5 de diciembre del 2018. Por su parte, el inicio oficial de la obra se registró el 9 de abril del 2019 y la culmina­ción estaba proyectada para el 13 de noviembre de ese mismo año, coincidiendo con el aniversario de la comuni­dad. “Estamos soportando todos. Apenas termine recién podemos adjudicar a la gente porque tenemos que firmar contrato con los locatarios”, recordó el intendente.

Esta obra forma parte de un megapaquete de más de US$ 70 millones que repar­tió Nicanor Duarte Frutos para diferentes organizacio­nes civiles y gubernamenta­les en concepto de inversiones sociales, cuyas rendiciones de cuenta no ha querido facilitar el director del lado paraguayo. El titular de la hidroeléctrica había ase­gurado que todos los docu­mentos estaban en poder de la Contraloría General de la República (CGR), pero el ente desmintió esto.

Asimismo, este medio solicitó vía acceso a la información pública los datos de las trans­ferencias sociales durante la administración de Nicanor, y su equipo jurídico respondió que necesitaban de la aproba­ción del lado argentino, cosa que fue también rebatida por una organización que lucha por la transparencia y por el pro­pio ex director de la EBY Ángel María Recalde, quien dijo que la ley es clara y Duarte Frutos debía proveer la información.

Incluso el Ministerio de Jus­ticia dictaminó que Yacyretá tiene que facilitar las infor­maciones solicitadas por este medio. Este 26 de diciembre precisamente vence el plazo de un mes desde la presenta­ción del pedido de reconside­ración que realizó La Nación para que la EBY revea su res­puesta y pueda dar los datos finalmente.