Como gobernador, Mario Varela ya generó millonarias pérdidas en Caaguazú
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El actual ministro de Desarrollo Social, Mario Varela Cardozo, quien ahora está en la mira de la Contraloría General de la República por irregularidades en dicha secretaría de Estado, ya arrastra una mala administración durante su gestión como gobernador de Caaguazú, en el periodo 2013-2018, cuando en el 2013 continuó con la obra del futuro teatro de la ciudad de Caaguazú en la plaza Bartolomé Aquino, pese a que tenía una medida cautelar de no innovar.
Fue así que, pese a la medida de la prohibición de construcción en dicha plaza, Varela firmó con la empresa Villalba Piñeiro la ampliación del plazo de ejecución de las obras para la construcción del teatro; sin embargo, no se llegó a firmar la renovación de la póliza del seguro de fiel cumplimiento, que garantiza el anticipo de cerca de 2 mil millones de guaraníes. Fue el monto que la gobernación entregó a la empresa.
Mario Varela mandó renovar el plazo de ejecución de las obras a la firma Villalba Piñeiro, cuando los trabajos no podían aún ejecutarse y tampoco se renovó la obligación del fiel cumplimiento de los mismos, y para peor sin la garantía de una cobertura de seguro.
Parte del informe de la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza.
La empresa solo ejecutó un 3, 24% del contrato, es decir, trabajos previos por 152.699.302 guaraníes y la gobernación tuvo una pérdida de 1.726.923.562 guaraníes, ya que se había pagado como anticipo 1.879.622.954 guaraníes.
En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Mario Varela tuvo que hacer mucho lobby para que dicho ente del Estado, pase de ser secretaría a ministerio, confirmado después en el cargo por Mario Abdo Benítez.
Según Miguel Galeano de la Contraloría, existiría un perjuicio patrimonial de 10 millones de dólares, algunos con indicios de hecho punible durante la gestión Varela en el MDS, donde mencionó como ejemplo el punto 10 que refiere que el ente contralor constató que 2.329 beneficiarios del programa Tekoha no han pagado sus cuentas desde la firma de los contratos que asciende a 11.235.882.228 guaraníes.
Galeano manifestó que los abogados de la Contraloría ya están verificando todas las irregularidades que representan hechos punibles para una eventual denuncia ante el Ministerio Público.
Fiscalía señala avances en rosario de causas por corrupción contra Miguel Prieto
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El fiscal Silvio Corbeta indicó que se elevaron a juicio dos de las causas que lleva sobre cerca de cincuenta denuncias de irregularidades en la administración de Miguel Prieto en la intendencia de Ciudad del Este, mientras otras causas están en proceso de investigación.
“Nosotros tenemos varias causas, tenemos actualmente dos causas ya elevadas a juicio oral, que es el caso de Tía Chela y el caso Tajy, tenemos la tercera causa con próximo requerimiento conclusivo que se relaciona al hospital de contingencia, tenemos en investigación la causa de la costanera y también del presunto cohecho, y otras causas más relativas a la administración”, indicó este viernes el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, en el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que otras unidades también llevan otras causas, en total son 49 denuncias por irregularidades en su gestión. “Tenemos el caso de la Navidad Sustentable del año 2024, y hay otras causas que están en el otro equipo de trabajo designado por la Fiscalía General, también de la unidad de Delitos Económicos, y el resto de las causas tengo entendido que están en Ciudad del Este”, refirió.
El agente fiscal defendió el trabajo de investigación que vienen realizando en todos los casos denunciados, y aseguró que en los casos que corresponden se llevaron adelante el proceso de investigación y en aquellos que no se cuentan con elementos suficientes fueron desestimados, rechazando el discurso de persecución contra Prieto.
“Nosotros hemos solicitado la desestimación de en tres investigaciones y justamente, si nosotros faltáramos a la objetividad, que constantemente se utiliza como argumento defensivo, nosotros no íbamos a estar solicitando estas desestimaciones que consideramos que no existen elementos suficientes”, aseveró.
Aseguró que los fiscales están llevando adelante un trabajo serio, desmontando los ataques de la defensa. “En unos casos si, y en otros casos no existen elementos o conductas penalmente relevantes, eso refleja justamente que nosotros somos agentes fiscales que nos basamos estrictamente en lo jurídico y no en circunstancias externas que constantemente somos objetos de ataque, principalmente sobre mi persona”, sentenció.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza
El Senado debe remitir las ternas a la Cámara de Diputados para la definición de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República. Foto: Archivo
Contraloría: Camilo Benítez es uno de los candidatos “más fuertes”, señala Varela
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El senador Mario Varela indicó que está en proceso la definición de las ternas para los cargos de contralor general y subcontralor para el siguiente periodo, que posteriormente será remitido a la Cámara de Diputados, donde se elegirá a las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR). Entre los candidatos, se encuentra el actual contralor, Camilo Benítez, que para el senador es uno de los perfiles más fuertes.
“Todavía no hemos dado el parecer final, sin embargo, creo que es uno de los más fuertes candidatos para volver a formar parte de la terna, sí se ha analizado la constitucionalidad o no de su postulación, después de un análisis que hemos realizado, efectivamente él ha sido elegido una sola vez, en el primer momento que le tocó ser contralor asume y completa un periodo”, señaló el legislador a los medios de prensa en el Senado.
Varela refirió que está conforme con la gestión de Benítez al frente de la institución contralora. “Con luces y con altibajos también en algunos puntos, sin embargo, creo que ha hecho un trabajo interesante, para mí gusto creo que pudo haber existido mayor rigurosidad en algunos puntos, especialmente en lo que tiene que ver con la declaración jurada y el examen de correspondencia de algunos altos funcionarios”, mencionó.
Por otra parte, el senador refirió además que el proceso se encuentra en la etapa de debate para la conformación de las ternas que serán remitidas a la Cámara Baja posteriormente, y destacó el proceso de análisis de las postulaciones.
“Se ha dado un plazo importante para que haya una buena participación, hemos tenido audiencias públicas muy interesantes, una cantidad importante de ciudadanos que se han postulado y estamos en la última etapa. Yo he sido del parecer también que le demos suficiente tiempo para que esto pueda debatirse, que podamos escuchar a todos y especialmente del análisis que podamos hacer podamos sacar una buena terna”, sentenció.
Contralor ratifica uso discrecional de transferencias en administración de Prieto
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El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, ratificó que una de las irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Miguel Prieto fue el uso discrecional y excesivo de transferencias para el pago de contrataciones. Indicó que en la administración del líder de YoCreo se realizaban contrataciones directas, sin control y sin pasar por el proceso de contrataciones.
“Las denuncias de Ciudad del Este fueron porque usaban discrecionalmente el uso de transferencias, pagaban sin ningún tipo de proceso de concurso de precio. Todas (las denuncias) se basaron, y que fueron confirmadas luego en la intervención, en ese uso excesivo del rubro de transferencia”, refirió el titular del ente contralor en la 1020 AM.
Benítez explicó que para evitar este tipo de situaciones existen normas que un administrador público debe cumplir, que es el proceso de licitaciones, estos procesos evitan que el dinero público sea mal utilizado o el desvío de los fondos públicos.
“Si vos tenés que gastar, te doy dinero que tenés que gastar y te doy una norma de cómo gastar eso, tenés que hacer una licitación pública, tenés que publicar, la gente tiene que presentar ofertas, se hace una metodología, hay menos riesgos de que te quedes con el dinero, pero si agarrás el efectivo y repartís como querés es mucho más posible que parte de ese dinero que vos te quedes como si fuera tuyo”, refirió Benítez.
En mayo del 2025, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre la detección de irregularidades en la administración de Miguel Prieto y pidió la intervención de la municipalidad esteña. Entre las escandalosas infracciones denunciadas se encuentran las compras de alimentos con contrataciones por urgencia y los hallazgos en el caso de clínica móvil sindicada como “mau”, en plena pandemia del covid. También la transferencia a una ONG para la organización de una “Navidad sustentable” por valor de G. 2.000 millones sin las documentaciones regidas por las normas de la administración pública.
El informe realizado en ese momento señaló que “el municipio de Ciudad del Este ejecutó G. 27.933.370.178 en gastos de capital, predominantemente vía Transferencias al Sector Privado. Al utilizar este mecanismo para financiar lo que constituían obras públicas, incumplió directamente la Ley n.° 3966/10 Orgánica Municipal y eludió los procedimientos de contratación pública exigidos. “Esta práctica irregular introduce riesgos sustanciales de ineficiencia, menoscaba gravemente la transparencia y debilita los mecanismos de control sobre los recursos municipales”, puntualizaba la Contraloría.