El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó que sería imposible hablar de alguna forma de sobrefacturación dentro del programa Hambre Cero, teniendo en cuenta que prácticamente están estandarizados los precios del alimento escolar a nivel país, salvo algunas pequeñas variaciones, ya sea por distancia u otros factores, al momento de hacer la convocatoria a licitación.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que los precios ya están establecidos en el pliego de bases y condiciones en el contrato firmado. Indicó que esos montos no pueden sufrir gran variación de costos ya que están preestablecidos en el contrato firmado.

“Los precios estandarizados fueron aprobados por resolución del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), donde en algunos casos, por la Ley de Contrataciones Públicas se habilita a los convocantes a una licitación, para que las empresas tengan por ley un margen de 15 % para arriba y 15 % para abajo de establecer los precios de sus ofertas. Ahí entra la ley de la oferta y la demanda para que sea adjudicado, para aquel que ofrece todas las garantías que están establecidas en el pliego de Bases y Condiciones, pero con el menor precio.”, explicó.

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Al respecto, mencionó que cuando se hicieron los cálculos para cubrir tanto el desayuno, el almuerzo como la merienda escolar, habían sido muy estrictos con los gobernadores, y los administradores de contratos desde el Conae para que no haya absoluta exageración en los precios.

Pero aclaró que sí hubo alguna variación fue muy ínfima, en la que se consideraron distancias de instituciones de un punto a otro, donde tenía que ir la empresa a llevar los insumos por lo que representa el gasto de logística.

En otro momento de la comunicación, el ministro Rojas aclaró que la institución a su cargo, ni él personalmente tuvieron ningún tipo de participación en el debate que fue planteado esta semana en la Cámara de Senadores, donde se trató un proyecto de ley en el que excluyen a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná de la administración del programa Hambre Cero, y transfiere esa responsabilidad a su institución, la cual ahora ya cuenta con media sanción.

“Ellos tomaron la decisión, le dieron media sanción a un proyecto de ley que plantea la administración por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero nosotros, y yo no quiero aún adelantarme a los hechos, ni manifestar opinión, porque esto pasa a la Cámara de Diputados y no sabría decir qué pueden resolver en Diputados. Aún no tuve oportunidad de hablar con el presidente Peña, por las intensas actividades que tuvimos esta semana. Por ello, aún no tengo una posición asumida respecto a esto”, acotó.

No obstante, el ministro Rojas, hizo un llamado a todos los paraguayos sin distinción de colores partidarios a defender este programa, que es profundamente social y beneficioso para el país. Abogó por la no politización de un programa social.

En ese sentido, señaló la importancia de la alimentación en la educación, en la etapa de crecimiento, que permite el combate a la desersión escolar y al ausentismo. Pero también es un programa que permite la dinamización de la economía, la creación de fuentes de trabajo, las compras, la agricultura familiar.

“Todo esto es el programa Hambre Cero que deberíamos ponernos los paraguayos sin distinción de absolutamente ningún tipo de color, raza, ni religión a cuidarlo, a protegerlo y evitar por sobre todas las cosas que se contamine políticamente. Realmente sería muy perjudicial si es que llega a suceder eso”, concluyó.

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La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.

Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.

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La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”

“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.

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• Por Lourdes Torres
• Lourdes.Torres@nacionmedia.com

El ministro de Desa­rrollo Social, Tadeo Rojas, confirmó que hoy se llevará a cabo una reu­nión importante del Gabi­nete Social, para analizar las mejores estrategias que puedan beneficiar y mejorar la calidad de vida de la franja de la población que se encuen­tra en la clase media. Recordó que el presidente Santiago Peña, cuando inició este año, aseguró que este 2026 estará abocado a buscar acciones que ayuden mejorar la cali­dad de vida de la clase media.

Rojas señaló que el desafío ahora es mucho más grande porque es un área que abarca mucho más en lo que respecta a la población.

“Vamos a tener una reunión del Gabinete Social en la que insti­tuciones como el Banco Nacio­nal de Fomento, el Crédito Agrícola, Mipymes, Ministerio de Trabajo, incluso el Indert,

Sedeco, Conacom, entre otras instituciones, están compro­metidas en llevar adelante acciones bien definidas que se puedan implementar este año, de manera que puedan tener un impacto económico y social positivo en acciones concretas”, precisó.

Explicó que durante la reu­nión del Gabinete Social se tra­bajará sobre la base de varios ejes que ya fueron estableci­dos inicialmente para bus­car esas estrategias que sig­nifiquen establecer políticas públicas que estén orientadas a mejorar el acceso a empleo, que reduzcan los gastos de bol­sillo, que mejore el sistema de transporte público, el cual ya ha comenzado el Viceminis­terio de Trabajo a implemen­tar con la Reforma del Trans­porte Público. Sin descuidar el ámbito de la salud, la exis­tencia de medicamentos, for­talecer el área de la educación, entre otros. Sobre este último punto, recordó que en capital, Central y Presidente Hayes, el programa Hambre Cero está llegando al 100 % de la educa­ción inicial, escolar básica e incluso la media.

Remarcó, además, que desde el Gabinete Social están llevando adelante un trabajo interins­titucional este año en el que cada institución va a imple­mentar acciones concretas que puedan tener la posibili­dad de generar una dinámica que mejore la economía de la gente. “Esperamos tener un debate intenso entre todos los que componemos el Gabinete Social de manera que salga un plan estratégico, que es lo que el presidente Peña está pre­tendiendo para que podamos buscar la manera de mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, acotó.

El ministro Rojas indicó que si bien se tiene previsto como un único punto del orden del día del Gabinete Social la pre­sentación de acciones que sean tendientes a mejorar la calidad de vida de las fami­lias vulnerables y de la clase media durante el ejercicio 2026, aseguró que seguirán trabajando en la implemen­tación del sistema de protec­ción social con el mapa de pobreza del Instituto Nacio­nal de Estadística (INE).

Indicó que para este año estarán completando 40 dis­tritos de otros departamen­tos incluyendo Concepción, Guairá, inclusive y aumen­tando distritos en otros departamentos. Explicó que esa es la manera más efi­ciente de poder luchar contra la franja de la pobreza debido a que se focalizan las acciones del Gobierno sobre esa área.

Finalmente, el minis­tro Rojas ratificó que el Gobierno nacional seguirá complementando los pro­gramas sociales, que son de suma importancia, jus­tamente para evitar que se debilite la calidad de vida de los paraguayos, sobre todo de los que están en situación vulnerable.

En los próximos días, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), deberá analizar y definir las acciones a tomar a raíz de dos informes conclusivos de auditoría interna y externa que confirmaron notorios hallazgos por la mala utilización de los fondos de fideicomiso gestionado por el Banco Atlas, financiado con recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

Esto se da como consecuencia del informe final de la auditoría interna que la previsional llevó a cabo, sobre los fondos de fideicomiso gestionados por Banco Atlas, lo que confirmó las graves irregularidades que podrían implicar hechos punibles, por la mala administración y una mala planificación en la ejecución de los recursos. Entre las acciones no se descarta la remoción de la entidad bancaria como responsable del fiduciario.

Al respecto, el director de la Asesoría Jurídica del IPS, Dr. José González, explicó a La Nación/Nación Media, que está previsto el análisis y la aprobación por parte del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad de la previsional. Pero además, se remitió a la Dirección Jurídica para su correspondiente análisis, si corresponden los sumarios pertinentes a los funcionarios que estuvieron entonces a cargo.

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No obstante, señaló que ya con el primer informe de auditoría externa presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República, para que se expida sobre los hallazgos y ante el Ministerio Público, que cuenta con una carpeta fiscal abierta.

“También le hemos hecho reclamo al fiduciario de por qué crearon la cuenta que genera interés y también hemos denunciado eso ante el Ministerio Público. Pero ahora está pendiente de la aprobación del Consejo y pendiente de nuestra emisión del dictamen”, indicó.

González aclaró que no podría adelantar cuál será la decisión final que adopte el Consejo, no obstante, mencionó que entre las opciones está la remoción del fiduciario o la nulidad. Insistió en que ya se denunció ante la Fiscalía y la Contraloría General.

A su criterio, son varias las acciones que se podrían desarrollar, pero en todas ellas se están recolectando todos los elementos necesarios.

“También habíamos solicitado en su momento la intervención del BCP (Banco Central del Paraguay). Nosotros ya hemos presentado todas las notas, hemos exigido al Banco Atlas la devolución de los intereses. Caso contrario, le hemos emplazado con advertencia de denuncia ante la Fiscalía, como ellos no cumplieron ya denunciamos también ante el Ministerio Público. Vamos a agotar todas las instancias administrativas y jurídicas si fuera necesario, para hacer lo que se tenga que hacer”, enfatizó el asesor jurídico.

A su turno, la directora de la Auditoría Interna del IPS, abogada Alicia Olazar, explicó que esta segunda auditoria interna se llevó a cabo a solicitud de la máxima autoridad, para ampliar el primer informe presentado por una consultoría externa contratada por la actual administración del IPS. Indicó que en ese primer informe ya se habían revelado irregularidades en la ejecución del fideicomiso.

El Consejo instruyó ampliar el informe de la consultoría en cuanto a la parte formal del contrato de fideicomiso en sí, para comprobar las observaciones de la auditoría externa. Este estudio les llevó varios meses, porque debieron escudriñar las documentaciones justamente para no cometer injusticias.

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Al concluir, lograron confirmar una gran mayoría de las observaciones de la auditoria externa, sobre todo observaron las falencias de carácter formal desde la planificación, la formalización y la ejecución del contrato en cuanto a documentos.

Indicó que el principal hallazgo es el incumplimiento contractual por ambas partes, tanto del Banco Atlas como de funcionarios de la administración en su momento del IPS, que tenían a su cargo el control de las documentaciones.

Recordó que originalmente, en el año 2017, cuando se iniciaron los estudios para la formalización de este fideicomiso, su objetivo era la construcción de cuatro hospitales fundamentales; estos son Ingavi, el hospital Hemato-Oncológico, el Hospital Día y el Policlínico. Se contrató a una consultoría para que haga el estudio previo.

Esta consultoría realizó los cálculos correspondientes, el monto era de 828 mil millones, que tenían que ser distribuidos para la construcción de esos cuatro hospitales.

“Por el camino, mientras la proforma se fue ajustando, eran remitidos los antecedentes al Banco Atlas, volvían al IPS, se fueron ajustando. En algún momento de ese proceso se incluyó un ítem más a esas cuatro obras que decía “Otros Establecimientos de Salud”, generando un descalce en los recursos previstos, que trajo como consecuencia que los cuatro hospitales no se terminen y se realizaron en su lugar obras de mantenimiento”, precisó.

Explicó que la Auditoría Interna solicitó información al Banco Atlas, a la Superintendencia de Bancos, a la Fiscalía; internamente también a la Gerencia de Administración y Finanzas, con el fin de determinar cuál fue el momento y la instancia y de quién se incluyó o quién solicitó la inclusión de ese punto 5, porque en realidad esa inclusión fue una mala decisión.

“Buscamos la manera de armar ese rompecabezas, analizando todos los informes, concluimos de que ese pedido no partió del IPS. No tenemos al menos documento que respalde, que fue el IPS el que haya solicitado la inclusión del ítem 5. Esa proforma del contrato cuando se fue al banco para su verificación y supervisión no tenía el punto 5, pero cuando regresó del banco al IPS para la aprobación por parte del Consejo ya estaba incluido ese punto y así se aprobó y así se firmó el contrato”, acotó.

Detectaron que a partir de la inclusión de ese punto 5 dentro del contrato, que no figuraba inicialmente, surgieron en cadena las demás falencias formales que generaron las diversas irregularidades.

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