El abogado Fabián Ramírez Mora, uno de los representantes de la hija de Rodrigo Quintana, manifestó que ya pidió a la fiscala Esmilda Álvarez su intervención en el nuevo proceso que investiga una posible alteración de la escena del crimen tras la muerte del joven dirigente liberal de Paraguarí en el local partidario.
Además, el abogado solicitó que empiece a imputar a los que fueron los autores partícipes del cambio en el lugar del hecho, como Olga Paredes, Fernando Cáceres, Mabel Cantero, entre otros.
Es posible que haya más personas que fueron partícipes de todo lo que había ocurrido dentro del local del PLRA antes de la presencia del Ministerio Público y personal de Criminalística, que habían recogido evidencias del lugar.
“Espero que la fiscala impute rápidamente a la gente que se observa en el vídeo, antes que soliciten refugio en Uruguay, como lo habían hecho otros referentes del partido que fueron recibidos por el gobierno uruguayo en su momento”, dijo Ramírez.
Para el profesional es de suma importancia su intervención, ya que podrá acceder también a todas las nuevas imágenes que salieron a la luz y para descubrir el verdadero asesino de Quintana.
Es probable que la agente del Ministerio Público que fue designada en la presente causa también convoque a todas las personas que fueron observadas en los cambios de las CPUs que se realizaron en las oficinas del primer piso de la sede partidaria.
“Para nosotros es importante intervenir en este nuevo caso, como ya hemos dicho en varias oportunidades, estamos buscando la verdad y los responsables de la muerte del padre de nuestra defendida, es por eso que vamos a estar en todos los procesos que se relacionen con el crimen de Quintana”, dijo Ramírez.
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Dionisio Amarilla denuncia millonario cobro para internas del PLRA trasladados a movimientos
El senador liberal Dionisio Amarilla denunció públicamente una supuesta exigencia económica relacionada con la organización de las internas partidarias, señalando directamente a autoridades vinculadas al proceso electoral. En su denuncia señala que supuestamente el titular saliente del PLRA, Hugo Fleitas, estaría pretendiendo que los movimientos internos asuman un gasto promedio de G. 6.000.000 por cada institución educativa utilizada como local de votación.
El legislador presentó el memorándum remitido por la coordinadora de local y delegado electoral del TSJE, dirigido al Comité Liberal y representantes apoderados de los diferentes movimientos del PLRA, en el cual se presenta el Presupuesto de los gastos previstos para la jornada de las elecciones internas partidarias previstas para el 7 de junio próximo,
El líder político del movimiento Diálogo Azul, Lista 100, cuestionó que bajo el concepto de limpieza de colegios, provisión de prolongadores eléctricos, alquiler de mesas, sillas y toldos, además de materiales como papel, bolígrafos, papeles higiénicos entre otros elementos, se estaría requiriendo una suma que totaliza G. 7.217.000, según detalla el documento.
Ante este requerimiento, Amarilla cuestionó además, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no contemple ciertos elementos logísticos básicos dentro de la provisión de las máquinas de votación. “Si el TSJE pone las máquinas, mínimamente debe incluir los prolongadores. Además, si se trata de una elección prevista por ley, constituye una carga pública para las instituciones donde el TEI dispuso la realización de los comicios”, expresó.
El senador Amarilla también pidió una aclaración urgente a los ministros del TSJE sobre los montos que, según denunció, estarían siendo solicitados por funcionarios electorales asignados como coordinadores. “Estamos hablando de aproximadamente G. 1.500 millones que se estarían pidiendo en total”, afirmó.
Finalmente, Amarilla sostuvo que estos supuestos gastos incluso superan el apoyo económico que muchos movimientos brindan a sus candidatos distritales.
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Fiscal del caso Metrobús defiende imputación a Wiens: “Nadie habla del fondo de la cuestión”
La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.
La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.
“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.
Orden de demolición
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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PLRA queda conforme tras verificación técnica de máquinas de votación y ratifican garantías
Finalizó en la fecha el proceso de verificación técnica de máquinas de votación, tanto en su aspecto de software como del hardware, a petición del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en el marco de las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas del próximo 7 de junio.
De acuerdo al informe de la Justicia Electoral, esta jornada de verificación técnica se desarrolló durante dos días, con la participación de los apoderados y referentes técnicos del Partido Liberal. Además, contó con el acompañamiento del presidente del TEI - PLRA, Gustavo Bernal, quien destacó que no encontraron ninguna anormalidad en las máquinas.
“Hemos encontrado prácticamente con toda normalidad y tranquilidad, esto goza de garantía y decimos nosotros a todos los conciudadanos y en especial a nuestro partido que tenemos elecciones, que están dadas las garantías para toda la ciudadanía en general del Partido Liberal”, remarcó.
Por su parte, el apoderado técnico del PLRA, Antonio Ocampo, destacó que llevaron adelante la verificación con todos los representantes de la empresa y los técnicos de la Justicia Electoral. “Lo cual nos da una garantía de lo que nos estamos exponiendo, salimos bastante conformes con todo lo explicado en estas dos jornadas y llenan nuestras expectativas como movimiento”, enfatizó.
Desde la Justicia Electoral recordaron que la auditoría de las máquinas de votación se realizó del 2 al 27 de febrero, dando cumplimiento irrestricto al Cronograma Electoral para las Elecciones Municipales de 2026, en presencia de los apoderados técnicos y representantes acreditados por las organizaciones políticas participantes.
Mencionaron, además, que con la finalización de estas jornadas de verificación, la Justicia Electoral dio cumplimiento a la solicitud del TEI del PLRA y del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), reafirmando el compromiso con la transparencia y la apertura institucional de cara al proceso electoral.
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Fiscal aboga que tribunal valore pruebas contra Rafael Filizzola
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.
“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.
PROCESO JUDICIAL SE ALARGA
El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante”, puntualizó la agente.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.
“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta”, manifestó González. La fiscala siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.