Los cuatro fiscales, encabezado por Marlene González, acusaron a Gustavo Florentín mediante el informe de los agentes de Criminalística y del Laboratorio Forense, que el 1 de abril del 2017 levantaron evidencias ya alteradas.

Teresa Rojas de Jara, Marlene Gonzá­lez de Ovelar, Clara Ruiz Díaz Parris y Hernán Galeano Bogado fueron los fiscales que presentaron la acusación contra el suboficial Gustavo Florentín de ser el autor del crimen de Rodrigo Quintana, y los mismos se basaron en todo el informe pericial de los expertos del departamento de Crimina­lística de la Policía Nacio­nal, como del Laboratorio Forense, los mismos a quie­nes se les observan levantar elementos que ya fueron alte­rados de la escena del suceso, aquella madrugada del 1 de abril del 2017.

En la acusación no apa­rece el informe pericial, principalmente el análisis del mortal cartucho desde donde salieron las balas de plomo que impactaron en Quintana y que posterior­mente le produjo la muerte. Ese día se observa en las imágenes que los expertos en criminalística levanta­ron varios cartuchos, ya alterados y plantados en la escena del crimen.

“Por otra parte, obra el acta de constitución del Minis­terio Público, de fecha 0l/04/l7, a las 2:25, en sede del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, donde la agente fiscal a cargo de la investigación, Raquel Fernández, acom­pañada de funcionarios del Laboratorio Forense, per­sonal de Criminalística y agentes de la Policía, pro­cedió a levantar evidencias del lugar del hecho, entre ellas, muestras de las man­chas de color rojo, vainas servidas y percutidas”, dice parte de la acusación; sin embargo, en toda la exten­sión del documento no des­cribe cuál es el cartucho de donde salieron los balines de plomo que dieron en la víctima.

Para el abogado defensor de Gustavo Florentín, Víc­tor Raúl Estigarribia, dicho cartucho no existe, desa­pareció del lugar del hecho, se sacó de la escena del cri­men, es por eso que no se encuentra ningún informe pericial sobre dicho mate­rial, que es una pieza clave para la investigación.

“Ese cartucho no existe, se sacó de la escena del cri­men, hay que saber quién sacó y para qué sacó, bajo las ordenes de quién”, dijo Estigarribia.

En otro momento, el abo­gado también explicó que la escopeta, calibre 12 Mave­rick con serie MV38050 P, que Criminalística llegó a peritar y que supuesta­mente utilizó Florentín ese día, fue entregada en la armería del Departamento de Investigación de Delitos, a las 10:00 del 1 de abril del 2017, por el oficial primero Osvaldo Daniel Ortiz, al suboficial mayor Crís­pulo Báez. Dicha arma fue entregada posteriormente al Ministerio Público el 3 de abril.

La mencionada arma en cuestión, supuestamente fue encontrada por el ofi­cial Ortiz y que era la uti­lizada por Florentín; sin embargo, en la madrugada del 1 de abril del 2017, a la 1:49:50, Gustavo Floren­tín llega con su arma hasta la Comandancia, donde entrega su escopeta, tam­bién calibre 12 de la marca Maverick con número de serie MV39793 P.

“La pericia habla de que la escopeta que fue entre­gada por el oficial Ortiz, que no fue entregada por Flo­rentín, realizó disparos de balas de plomo, pero no se sabe quién disparó desde ese entonces, ya que violó la cadena de custodia, porque fue un oficial quien entregó a las 10 de la mañana y tres días después a la Fiscalía; entonces, se pudo haber disparado más con balas de plomo esos días antes de que llegue en poder del Ministerio Público”, dijo Estigarribia.

El otro dato clave del Ministerio Público es el informe del responsable de la sección acústica Gus­tavo Gómez Rambado. Este se encargó de la pericia de todo el sistema de circuito cerrado de la sede partida­ria y los que se obviaron en dichos informes son los movimientos extra­ños de todas las CPU que se encontraban en el pri­mer piso, donde funciona la oficina de presidencia de Efraín Alegre, donde ade­más se tiene la línea central de todas las cámaras, que unas horas antes ya fueron llevadas a otro sitio, por el propio hijo del líder liberal, Efraín Alegre Irún.

Los agentes expertos tam­bién fueron vilmente enga­ñados por los adherentes del partido, ya que movie­ron a su antojo todo el apa­rato magnetofónico, como también la escena del cri­men.

“El licenciado Gustavo Gómez Rambado, de la sec­ción acústica e imagen, y en presencia de los represen­tantes del partido, se pro­cedió a lacrar y trasladar el equipo de CCTV hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, para su resguardo como evidencia, previa extracción de una copia de las imágenes gra­badas y dejando constancia que, de acuerdo a la verifi­cación realizada por el ope­rador Gustavo Rambado, la fecha del CCTV coincide con la fecha de verificación (01/04/17), pero existe una diferencia de 12 minutos (7:45) con relación al tiempo real (7:57)”, esto decía parte del informe fiscal.