Juan Sanabria, un coimputado en el caso Frontera Producciones, sepultó al actual ministro Anticorrupción y a la fiscala Josefina Aghemo al revelar maniobra para procesar al senador esteño.

El ex funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, Juan Domingo Sanabria, copro­cesado en el famoso caso de Frontera Producciones, rati­ficó en su declaración en la audiencia preliminar que los fiscales René Fernández, hoy ministro Anticorrupción, y la fiscala Josefina Aghemo orquestaron un plan para involucrar a Javier Zacarías Irún en el proceso mediante una coacción.

En su declaración, Sanabria comienza su relato señalando que el 29 de enero del 2019 se realizó un allanamiento en la casa de su cuñada Lucía Rojas, donde su esposa Olga Rojas tenía un pequeño negocio. Sin embargo, para los intervi­nientes funcionaba la empresa Negocios y Marketing. Horas después, tanto el declarante, su esposa y tres de sus cuñados fueron imputados en la causa Frontera Producciones, en la que estaban ya Sandra McLeod y otros, como Carlos Bottino, dueño de la productora.

Sanabria, ya imputado, el 5 de febrero se reunió con una persona vinculada a un impor­tante medio de comunicación en Asunción, en un sector de lo que sería el segundo bloque del Mariscal López Shopping, ocasión en la que le dice que puede concretar una reunión con los fiscales del caso y dicha reunión fue al día siguiente.

A las 10:00 del 6 de febrero del 2019, según su declaración, se reunió con Josefina Aghemo en una oficina que no perte­nece a la Fiscalía, pero que estaba cerca de la unidad de Derechos Humanos. Allí le pide la fiscala que colaborara con la Justicia para alivianar su situación y la de su familia.

Se concretó otra reunión y fue el 9 de febrero del 2019, ya con la presencia de René Fernán­dez y una asistente de nom­bre Patricia. Dice Sanabria que en esa reunión se pusieron las cartas sobre la mesa. Los fiscales insisten en la entrega del dinero que recibió Fron­tera Producciones de parte de la Municipalidad de Ciudad del Este de Sandra McLeod o del propio Javier Zacarías Irún. El imputado niega todo lo pro­puesto por los fiscales, ya que nunca hubo dinero de parte de ellos.

Posteriormente, la conversa­ción gira en torno a una par­ticipación de Javier Zacarías Irún y sobre su vínculo en la causa. La declaración de Sana­bria debía servir para imputar al actual senador.

En la misma reunión se sientan las bases también para varios allanamientos en la munici­palidad, que se realizaron el 18 de febrero. En esa fecha se debía entregar un disco duro con supuestas pruebas. Según Sanabria, fue su cuñada Dora Rojas quien introdujo el disco duro en una de las computa­doras, que le había entregado Patricia, la asistente de René Fernández, en su presencia y la de Aghemo.

Fue así que el 18 se hizo el allanamiento y se llevan solo la computadora en la que fue plantado el disco duro. Según testimonios de Sanabria, el allanamiento era una entrega de documentos preparados de antemano por el Ministe­rio Público con el objetivo de que él y su familia no se com­plicaran en el caso.

En otra reunión, Fernández le dice a Sanabria que necesita de su declaración para impu­tar a Zacarías Irún, lo que se realizó el 5 de marzo. Él, su esposa y sus cuñados lleva­ron sus declaraciones en un pendrive en la unidad contra Delitos Informáticos en Asun­ción. Fernández le dijo que sus declaraciones tendrían otra fecha y lugar para no levantar sospechas.

Según Rolando Cáceres, abo­gado de Juan Sanabria, los fiscales le dijeron que tanto él como su esposa iban a ir presos si no ayudaban y que sus hijos iban a ir a un hogar de niños. Que si declaraba contra Zaca­rías Irún iban a ser sacados del proceso, que le iban a levantar la imputación.

“Luego del allanamiento nue­vamente a las oficinas de la Municipalidad de Ciudad del Este los fiscales se olvidaron de Juan Sanabria y lo acusa­ron”, explicó Cáceres.

Dijo además que el Ministerio Público no pudo probar nada durante la acusación, por lo que su defendido fue sobre­seído provisionalmente.

Desde esta redacción se intentó conversar con el actual ministro Antico­rrupción, René Fernández, sobre la seria acusación de uno de los coprocesados. Sin embargo, no contestó las lla­madas ni los mensajes de Whatsapp que se le habían enviado. La fiscala Josefina Aghemo había respondido con un rotundo no para no hablar sobre dicho tema.