Dilataron al máximo el inicio de este proceso que corre desde hoy y el proveedor tiene otros 10 días a su favor para presentar descargo.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) notificó ayer el inicio de procesos de rescisión de contratos a las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA que en el marco de la emergencia sanitaria entregaron insumos defectuosos. Del 21 de abril, fecha en que una primera partida de insumos médicos fue rechazada, al 4 de mayo pasaron 13 días de atraso en la notificación. Según el pliego de bases y condiciones las firmas proveedoras tenían apenas 24 horas para reemplazar los bienes defectuosos.
La primera tanda rechazada fue de mascarillas quirúrgicas y trajes de protección. El 23 de abril se rechazó otra partida de trajes de protección, y el 27 de abril camas hospitalarias. La dilatación en el inicio de proceso de rescisión es considerada un salvataje para dar tiempo a estas empresas para que llegue el nuevo avión carguero para reemplazar los insumos rechazados.
El Dr. Gustavo Irala, asesor jurídico del ministerio, confirmó la notificación del proceso de rescisión a las citadas empresas que ahora tienen 10 días de plazo para presentar descargo. El ministerio perdió mucho tiempo en iniciar el proceso de rescisión de contratos, considerando que pasaron dos semanas desde que recibieron los insumos que tuvieron que rechazar por no ajustarse a lo establecido.
“A partir de ahora tienen 10 días ambas empresas para presentar su descargo. Entonces, una vez que presenten su descargo hay que ver si ofrecen alguna prueba, documentos, eso se evalúa, se piden los informes que correspondan y después se toma la decisión de rescindir o no el contrato”, dijo Irala a La Nación.
Precisó que el ministerio recibió planteamientos de las empresas como, por ejemplo, la entrega de camas más sofisticadas que las requeridas por la cartera de Salud. “Hay planteamientos que están haciendo las empresas para reemplazar los bienes, entre ellos ofrecen camas eléctricas en reemplazo de las que deben entregar y todo eso se evalúa en este plazo (…)”, comentó el funcionario.
Recordemos que las firmas Insumos Médicos SA y Eurotec SA, que pertenecen a una misma familia, tienen contratos con Salud que ascienden a la suma de G. 85.220 millones. Inclusive fueron beneficiadas con anticipos del 20%, que en principio no estaban previstos y vendieron camas hospitalarias a precio de oro, cinco veces más que el valor de importación.
La empresa Insumos Médicos SA, representada por Patricia Ferreira, es la proveedora de las famosas “camas de oro”, y que ahora plantea reemplazarlas. Mientras que Eurotec es representada por su hermano Marcelo Ferreira; son hijos del empresario Justo Ferreira, quien administra varias otras firmas con millonarios contratos con el Estado. Como muestra de la exagerada dilación desde el principio a favor de los proveedores, el ministerio tardó 10 días en el proceso de emisión y notificación de órdenes de compra. Es decir, apuraron la compra, pero no los pedidos de los insumos para que no se generen multas.
De la emisión de una nueva orden de compra, que debía ser por el 20% del total adjudicado, nada se sabe y es que en los contratos se establece 1% de multa por día de atraso. Todo apunta a evitar que las empresas adjudicadas abonen multas a la cartera de Salud. El director de Insumos Estratégicos, Nery Rodríguez, no responde las consultas sobre la fecha de emisión de la segunda orden de compra. Su segundo, el doctor Gustavo Domínguez, tampoco esclareció sobre la orden de compra solo se limitó a decir que “hay un pedido de rescisión contractual que está en asesoría jurídica”.
El asesor jurídico de Salud indicó que las multas quedan sujetas a la rescisión o no de contratos. “Si se rescinde el contrato ya no existe un compromiso, entonces, las multas ya no correrían a partir de ese momento. De lo contrario, si es que se continúa con el contrato, entonces, se ve hasta la fecha exacta en que se entregan los productos para aplicar la multa, en el supuesto de que se acepte el reemplazo (de bienes)”, explicó Irala. Mientras tanto, la Contraloría General de la República elabora un informe con observaciones sobre la millonaria licitación, que podría estar listo esta semana y sugerir la rescisión del compromiso entre Salud y las empresas de los Ferreira.