Denuncias de corrupción no paran y en las últimas horas se descubrió que insumos sanitarios para el Covid-19 no cuentan con registros sanitarios.

La serie de irregulari­dades que continúan saliendo a la luz genera más fugas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Ayer pre­sentaron sus renuncias la doc­tora Lourdes Rivaldi, quien era directora general de Vigilan­cia Sanitaria; y el Lic. Alcides Velázquez, director general de Administración y Finanzas.

Con ambos, suman tres los altos funcionarios que renun­cian en Salud Pública. El pri­mero en dejar el cargo fue Pablo Lezcano, hoy día ex director de la Unidad Operativa de Contra­taciones del ministerio.

La última denuncia grave, que saltó en el marco de la cuestio­nada compra, es que los privi­legiados proveedores del clan Ferreira se pegaron el lujo de ningunear protocolos de Salud Pública, al punto de que los insu­mos entregados no tienen el cer­tificado de registro sanitario.

El Dr. Nery Rodríguez, direc­tor de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, con­firmó que insumos adquiridos por la institución, en el marco de contratos por valor total de G. 85.220 millones, no cuen­tan con los respectivos regis­tros sanitarios.

Rodríguez justificó que se adoptó un “método abre­viado” debido a la situación de emergencia sanitaria, para aquellas firmas que querían obtener el registro.

“Era una facilitación del pro­ceso por la necesidad extrema que estábamos teniendo, bási­camente es eso; si no tiene regis­tro sanitario no se usa, senci­llo es”, expresó el funcionario a radio 1080 AM.

En ese sentido, fueron favo­recidas las empresas Insu­mos Médicos SA y Eurotec SA, que son de una misma familia. La primera representada por Patricia Ferreira Pascottini y, la otra, por su hermano Mar­celo Ferreira Pascottini, hijos del empresario Justo Ferreira.

La Dirección Nacional de Vigi­lancia Sanitaria (Dinavisa) es la encargada de expedir el regis­tro sanitario. Para obtener el registro, las firmas proveedoras deben presentar certificado de libre venta y otros documentos requeridos, explicó Rodríguez.

La directora de Dinavisa ya estaba en el ojo de la tor­menta por las denuncias de documentación fraguada del mismo clan Ferreira para introducir al país medica­mentos de dudoso origen.

Recordemos que Insumos Médicos SA fue adjudicada con un contrato por valor de G. 47.952 millones y debía proveer camas hospitalarias, máscaras de protección y tra­jes de protección. Mientras que Eurotec, que tiene un contrato por la suma de G. 37.268 millo­nes, protectores faciales, pro­tectores oculares, mascarillas y también trajes de protección.

En los contratos se estipuló un 20% de adelanto para las contratistas, que en principio no estaba previsto.

En el pliego de bases y condi­ciones del llamado en cues­tión, aparece como un requi­sito el registro sanitario. En el informe de evaluación, no se aclara si los proveedores cumplían o no el requeri­miento (ver facsímil).

“Lo que pasa es que no podían demostrar que tenían (regis­tro sanitario), pero como ellos iban a traer la marca, la certificación, iban a hacer el registro. El registro se les iba a dar en un día, pero nunca trajeron”, comentó el funcio­nario de Salud.

Dijo que esta “facilitación del proceso” solo se aplicó para “equipos de protección en grado 1”, es decir, de uso externo y, no, por ejemplo, para medicamentos. Recordó que se llegó a este acuerdo en una reunión con presencia de las autoridades de la cartera y de Dinavisa.

Lotes de camas, mascarillas y trajes de protección, adqui­ridos en esta licitación, fue­ron rechazados por el Minis­terio de Salud por no reunir las especificaciones técnicas y por deficiencias documen­tales, como no contar con registros sanitarios.

La primera tanda de 15 camas, de las 50 que debía entregar la empresa Insu­mos Médicos, fue devuelta por el ministerio, mientras que, los barbijos, por ejemplo, “están en cuarentena” en el parque sanitario de la institu­ción, hasta tanto el proveedor presente registro sanitario.

Niega vínculos comerciales con cuestionadas empresas proveedoras.

La senadora Lilian Sama­niego, mediante nota a la Fis­calía General del Estado, se puso a disposición del Minis­terio Público, tras salir a luz los vínculos comerciales entre sus sobrinas y el clan Ferreira.

Samaniego expresa en la misiva dirigida a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que no tiene partici­pación alguna en la adquisición de insumos o medicamentos relacionados con la pande­mia del Covid-19, ni vínculos comerciales con las empresas proveedoras del ministerio, Insumos Médicos SA y Euro­tec SA, que pertenecen a una misma familia.

“Que, si bien no existe investi­gación abierta contra mi per­sona, ante las noticias extrao­ficiales arriba mencionadas, pongo a su conocimiento que, en las publicaciones a ese res­pecto, se me ha mencionado con absoluta mala intención, afirmando mi supuesta par­ticipación en dicha compra, así como vínculos comercia­les con las empresas cuestio­nadas, por lo cual vengo por el presente escrito a ponerme a disposición del Ministerio Público”, reza parte de la nota con fecha de ayer.

La senadora fue salpicada con el escándalo al conocerse que dos sobrinas suyas, María Nathalia Samaniego Maciel y María Laura Samaniego Maciel, tienen estrecho vín­culo con el empresario Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, proveedora de las camas de oro.

María Nathalia alquila depó­sito donde la firma New Logistic SA guarda insu­mos médicos. Esta empresa es de Justo Ferreira y tam­bién tiene como accionista a su hija Patricia.

Por su parte, María Laura Samaniego tiene depósito habilitado en las instalacio­nes de Ferreira y le otorga carta de representación para participar en jugosas licitaciones.

Royal Seguros califica como “gravemente irresponsables y de ignorancia jurídica” aseveraciones del funcionario.

La firma Royal Seguros SA emitió un comunicado ante declaraciones del procura­dor general de la República, Sergio Coscia, respecto a las pólizas de seguro que invo­lucran a las empresas Insu­mos Médicos SA y Eurotec SA, proveedoras del Minis­terio de Salud.

En la misiva señala que, las aseveraciones realizadas por el alto funcionario en un pro­grama radial afectan la credi­bilidad y ponen en tela de jui­cio la solvencia patrimonial y ética de la compañía.

La aseguradora aclara que no ha emitido las pólizas que garantizan el fiel cum­plimiento contractual ni el anticipo financiero asumido por las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA con la cartera de Salud.

En otro punto, la compa­ñía indica que ha emitido en su momento, las pólizas de mantenimiento de oferta y agrega que, con la suscripción del contrato, la obliga­ción garantizada ya ha sido cumplida por el asegurado.

Por otra parte, la compañía afirma que no tiene incum­plimientos contractuales con el Estado. “Hasta la fecha, no hay una sola sentencia judi­cial que indique que Royal Seguros SA sea un ‘deudor’ del Estado paraguayo. No hay ninguna condena judicial que indique que Royal Seguros SA haya incumplido un con­trato cuyo beneficiario sea el Estado paraguayo (…)”, dice otra parte de la nota.

Continúa señalando que, dando cumplimiento irres­tricto a las normativas de la Superintendencia de Segu­ros del Banco Central del Paraguay, la compañía tiene suficiente respaldo de rease­guros de primer nivel inter­nacional, con cobertura en todas y cada una de las póli­zas emitidas. “Por tal motivo, no existe posibilidad alguna de que Royal Seguros deje de cumplir sus obligaciones con­tractuales, una vez reunidos los requisitos pertinentes”, expresa el comunicado.

Finalmente califica como “gravemente irresponsables y de ignorancia jurídica”, las aseveraciones del procurador y no descarta plantear accio­nes legales.­