Detrás de las camas encontradas en un depósito del barrio San Vicente saltan más nombres y otra empresa que conduce al mismo contratista que entregó insumos defectuosos a Salud.

Además de las cabe­zas que ya rodaron a consecuencia de las denuncias de corrupción en las licitaciones en el marco del Covid-19, con la crisis sanita­ria se evidencian cada vez más conexiones entre proveedores que en los últimos años ama­saron millones gracias a las compras públicas.

El caso del clan Ferreira es una de las explosiones más grandes hasta ahora. Con el padre Justo Ferreira a la cabeza, esta familia se adjudicó contratos estatales por más de US$ 200 millones en los últimos 10 años. Los cálcu­los salieron a luz luego de que las empresas que representan sus hijos fueran beneficiadas de manera acelerada en licitación por urgencia del Covid-19 por unos US$ 13,5 millones.

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Autorización del fabricante que otorgó Centro Médico Amanecer SA a Insumos Médicos SA.

Eurotec SA, representada por Marcelo Rubén Ferreira, se adjudicó un contrato por valor de G. 37.268 millones, mientras que el porcentaje mayor de G. 47.952 millones fue para Insumos Médicos SA, representada por Patri­cia Beatriz Ferreira.

La licitación que fue adjudicada en tiempo récord generó cues­tionamientos desde sus inicios porque la invitación práctica­mente se redujo a firmas del clan Ferreira, aparecieron sobreprecios de los insumos como el caso de las “camas de oro”, que se vendieron cinco veces más caro a Salud Pública. Pero la situación se volvió más escandalosa cuando vecinos del barrio San Vicente denun­ciaron a la prensa que vieron llegar grandes camiones que bajaban camas hospitalarias en un depósito, días después de que haya arribado el avión carguero que trajo insumos médicos.

La denuncia de los vecinos trajo a la luz que la joven seño­rita de 25 años de nombre María Nathalia Samaniego Maciel, es la propietaria del depósito en el que fueron halladas las camas hospitalarias.

La joven salió a responder con un comunicado mediante el cual confirmó ser la dueña del inmueble y que las instalacio­nes son actualmente utilizadas para guarda y preventa de insu­mos y mercaderías. Aclaró que su depósito fue alquilado a la empresa New Logistic SA, desde noviembre del año pasado.

¿Coincidencia? El presidente de New Logistic SA resultó ser Justo Rubén Ferreira, quien es accionista en la firma junto con su hija Patricia Beatriz Ferreira; esta última es la proveedora ofi­cial de las “camas de oro”.

Habilitación del depósito de Centro Médico Amanecer en Centro de Distribución de Justo Ferreira.

En la SA también está como accionista Carlos Borrell, ex gerente comercial de Labora­torios Éticos CEISA, imputado por un caso de estafa y quien guarda prisión domiciliaria.

El hilo continúa con el vínculo que los Ferreira tienen con la hermana de Nathalia de nom­bre María Laura Samaniego (26) a través de la empresa Centro Médico Amanecer SA, donde esta última es accionista.

Centro Médico Amanecer SA tiene un estrecho vínculo comercial con Insumos Médi­cos SA, representada por la hija de Ferreira, la conexión tam­bién se extiende al padre.

El depósito de la firma está habilitado en el predio de Metaway SA, firma que en el portal de Contrataciones Públicas aparece represen­tada por Justo Ferreira.

Centro Médico Amanecer también otorga poderes de representación en licitaciones a Insumos Médicos SA; esta práctica es legal, pero demues­tra el respaldo que hay entre ambas empresas en el ámbito de las compras públicas. Desde el 2018 en adelante, Insumos Médicos SA fue adjudicada por valor de G. 29.362 millo­nes con productos de Centro Medico Amanecer en el Insti­tuto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

En el portal de Contrataciones Públicas se visualizan adjudi­caciones de la última década a favor de Centro Médico Ama­necer por G. 43.791 millones.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, asignó la investigación de las denuncias que salpican a la empresa Insumos Médicos SA, proveedora de la car­tera de Salud, a los agentes del Ministerio Público Mar­celo Pecci y Susy Riquelme.

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