Son 24 llamados a lici­tación por más de G. 52.000 millones que quedaron sin efecto desde la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria el pasado 26 de marzo.

Según los datos propor­cionados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), son llama­dos que fueron suspendidos y/o cancelados por las enti­dades convocantes.

La mayoría de estas entidades aduce la situación de emergen­cia sanitaria en su comunica­ción de suspensión o cance­lación de llamado a la DNCP. Aunque algunos dejaron de contratar a raíz de fuertes crí­ticas, como el caso de una cos­tosa compra de drones.

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Entre estas convocatorias se encuentran algunas por millo­narios montos y otras polémi­cas por su proceso.

Como ejemplo cabe citar la licitación para “adquisición de insumos para planta asfáltica”, llamada por la Municipalidad de Ciudad del Este por el monto total de G. 12.854.633.660, que fue cancelada.

En un dictamen, que fue notificado a la Dirección de Contrataciones, el munici­pio esteño alegó la excesiva dilación del proceso de lici­tación por motivo de protes­tas. En su momento salieron a la luz irregularidades en este proceso de licitación.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, había anunciado el redireccio­namiento de los fondos a la asistencia a familias vulne­rables por la pandemia.

También el Congreso Nacio­nal decidió suspender su llamado a licitación por el monto de G. 2.696.000.000 para servicio de limpieza hasta tanto “se encuentren garantizadas las condicio­nes de participación sin riesgo a la salud de los ofe­rentes y de los funcionarios involucrados”, dice la nota de suspensión dirigida a la DNCP.

El Banco Central del Para­guay (BCP) también para­lizó llamados a licitación, tres específicamente, que suman G. 392.972.760 (ver infografía).

Otra entidad que suspen­dió un millonario llamado a licitación es la Comisión Nacional de Telecomunica­ciones (Conatel), que tenía previsto adquirir un sistema de monitoreo aéreo (drones) para medición de espectro radioeléctrico por G. 14.400 millones.

No todas las entidades alega­ron la situación de emergen­cia sanitaria.

SEGUROS MÉDICOS

La Cámara de Senadores igualmente suspendió su lla­mado a licitación para el ser­vicio de seguro médico para funcionarios por el monto de G. 9.888.000.000. Asimismo, el Congreso suspendió el lla­mado para seguro médico de senadores y funcionarios por G. 8.652.000.000.

Justamente, hace unos días la Corte Suprema de Justi­cia recibió duras críticas de la ciudadanía por realizar un millonario llamado a licita­ción, en medio de la crisis por coronavirus, para contratar seguro privado médico para sus funcionarios. Pese al escrache, la contratación del servicio continúa su proceso y el costo estimado es de G. 318.240 millones.

Municipios y gobernaciones también atajaron llamados y aquellos que eran para pro­visión de almuerzo escolar, por ejemplo, redireccionaron para la adquisición de paque­tes de víveres.

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