El juicio oral, que ya lleva unos meses y que mañana podría tener su punto final, es a raíz de una querella por difamación, calumnia e injuria entablada por el intendente Esteban Ríos Ayala contra tres comunicadores de la zona.

Dolores Mareco, Martín Caballero y Óscar Hellión son los comunicadores que venían cuestionando la gestión de Ríos Ayala, desde sus respectivos programas en Radio Chaco.

La comunicadora Dolores Mareco incluso presentó denuncias ante la Fiscalía, Contraloría y Función Pública contra el intendente por nepotismo, posible enriquecimiento ilícito y evasión impositiva.

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El juicio se realiza en la sede de la Defensoría Pública de Villa Hayes ante los jueces Corina Sanabria y Gregorio Paciello.

El abogado de los comunicadores, Abraham Saucedo, se mostró confiando y dijo que espera que el tribunal no se preste a intereses mezquinos.

“Mañana inician los alegatos finales y el tribunal va a dictar sentencia. No existen los hechos punibles por los cuales fueron denunciados los comunicadores. El ahora querellante lo que pretende es, a través de los mecanismos punitivos del Estado, llegar a cercenar el derecho al libre ejercicio del periodismo y quiere restringir el acceso a la información por parte de la ciudadanía”, expresó el letrado.

El intendente tiene en su haber irregularidades, como la decena de familiares y los amigos que ubicó en la municipalidad que administra. Este hecho fue confirmado en la lista de 27 observaciones que realizó en una auditoría la Contraloría y en la cual menciona al hijo, a la sobrina y al yerno del jefe comunal en planilla.

Otro hecho grave consignado en las observaciones de la auditoría de la Contraloría es la transferencia entre cuentas (intercuentas) por G. 2.765 millones desde las cuentas de Fonacide, royalties y bonos a la cuenta de recursos propios. Según el informe inicial, no se pudo constatar la devolución de los fondos a sus cuentas de origen; es decir, al momento del control estaban desaparecidos.

El ente de control también observó en su informe que en la administración de Ríos Ayala se pagaron más de G. 500 millones en concepto de honorarios profesionales a 23 beneficiarios, financiados con fondos genuinos y de juegos de azar, sin informes de los trabajos realizados. Se sospecha que fueron beneficiados amigos y operadores políticos.

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