Hace más de un mes que el Ejecutivo está con su auditoría de las compras de comisarías móviles a precios “de oro”, que afectan a la gestión como ministro del Interior de Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de Gabinete de Mario Abdo Benítez.
La auditoría se inició a principios de octubre pasado y está a cargo de la Secretaría Anticorrupción y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).
Luis Cardozo, ministro auditor de la AGPE, dijo que se encuentran analizando “costos ocultos” que la firma proveedora de los móviles indicó en su descargo. Una vez más prometió el resultado para la próxima semana.
Y no hay mucho que analizar cuando con simples llamadas a casas comerciales se puede deducir que los precios pagados por Villamayor están por las nubes.
Un grupo de jóvenes llegó a comprobar la sobrefacturación y lo hizo en tan solo un día, ejemplo que deben emular los organismos de control. Adquirieron a precio mucho más barato los mismos muebles de estas comisarías móviles, de la misma casa comercial que proveyó a la firma adjudicada TSV.
El Ministerio del Interior compró seis tráileres que costaron G. 3.189 millones. Con este dinero sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo instaladas están preparadas para dos uniformados por cada contenedor. Tres de los contenedores adaptados para comisarías móviles se compraron en diciembre del 2018 y el resto en abril pasado.
La compra de diciembre costó G. 570 millones cada uno y las de abril a G. 493 millones cada uno. Empresario del rubro, que indignado se había comunicado con nuestra redacción, señaló en su momento que estos contenedores cuestan 4 veces menos en el mercado.
Vale señalar que los precios inflados de los bienes, que son parte del equipamiento de estas comisarías móviles, hicieron que el costo total de los mismos se dispare. Como ejemplo cabe mencionar que escritorios que en el mercado cuestan G. 435.000, hicieron figurar a G. 7.000.000; armarios de 900.000, a un precio unitario de G. 7.350.000, y frigobares de G. 1.000.000, a G. 5.450.000.
Otras instituciones que investigan estas compras y a pasos muy lentos son la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Contraloría. Además, la Fiscalía abrió una causa, pero no hubo avances.