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La ministra de la Mujer, Nilda Romero, regis­tra un notable incre­mento de su patrimonio desde su última declaración jurada en el 2015, cuestiona el examen de corresponden­cia de bienes de la Contralo­ría General de la República (CGR).

Llamó la atención al ente con­tralor el caso de Romero por el crecimiento exponencial de su patrimonio en los últimos cuatro años, de G. 1.800 millo­nes a 8.000 millones. La CGR desconoce si fue por plusvalía (aumento del valor de inmue­bles) o alguna mejora reali­zada. Las propiedades están ubicadas en Ciudad del Este, Hernandarias y Asunción.

Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de Bie­nes y Rentas de la Contralo­ría, explicó que en el caso de la ministra se constató una variación entre los ingresos percibidos y los bienes decla­rados –de G. 400 millones– y el gran aumento de su patri­monio.

“(…) Desde el período 2015 ha tenido un aumento impor­tante en el rubro inmuebles, que se trataría de plusvalía en parte, pero de igual forma no tiene correspondencia”, expresó el funcionario a Uni­verso 970 AM.

La CGR también verificó que no existe veracidad de su patri­monio consignado en su decla­ración jurada. “A esta con­clusión llegamos después de comparar los informes recibi­dos de las diferentes institucio­nes públicas y privadas, como así también del análisis de su declaración jurada presentada ante Contraloría”, dijo Torres.

La ministra Romero se llamó a silencio ante el escándalo y no contestó las llamadas ni los mensajes de WhatsApp de este diario. Cabe recordar que la secretaria de Estado estuvo como funcionaria en el Tribunal Superior de Justicia Electoral entre el 2015-2017 y sus ingresos se mantuvieron entre G. 11 millones y G. 12 millones en ese período.

Los casos revelados por la Contraloría de ministros que presentaron declaraciones juradas de bienes con datos no veraces, es decir con infor­mación que no condice con la realidad de su estado patri­monial, fueron derivados a la Fiscalía.

Los involucrados, además de la titular del Ministerio de la Mujer, son el ministro de Educación, Eduardo Petta; la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela; el titular del Ministe­rio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand, y el ex ministro de Agricultura Denis Lichi.

Los altos funcionarios pue­den ser procesados por enri­quecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa, conforme al reporte de la Contraloría.

Algunos secretarios de Estado, como Petta, Bacigalupo, Varela y Durand, salieron al paso del informe de la Contraloría y cuestionaron que la institu­ción no les haya dado oportu­nidad de hacer sus descargos. Petta inclusive amenazó con una demanda por daños y per­juicios si el ente contralor no se retracta.

Según la Contraloría, el ministro Petta no declaró siete inmuebles en Hohenau (Itapúa) de los 12 registrados a su nombre.

Por otra parte, la minis­tra de Trabajo, Carla Baci­galupo, no declaró algunos inmuebles que se encuen­tran registrados a su nom­bre, como así también pasi­vos. Además, está casada sin separación de bienes, por lo que está obligada a decla­rar los bienes de su cónyuge como establece la ley, pero no lo hizo.

En cuanto a Varela, el ente señala que no existe corres­pondencia entre los bienes que declaró y sus ingresos (G. 460 millones). El minis­tro presume que la inconsis­tencia de G. 460 millones que refiere la CGR podría tratarse de una herencia de propiedad que erróneamente se asentó como compra.

El ministro Dany Durand, apuntado por la CGR por inconsistencias en su decla­ración jurada de bienes, dijo a Universo 970 AM que la Armada no informó al ente de una lancha que posee, cuyo valor es de G. 100 millo­nes, ni Registro de Automo­tores de dos vehículos de su propiedad.

A esto se suma un aporte de capital de G. 1.000 millones a las empresas Cris­tal Créditos SA e Inmobilia­ria Atenas, según reconoció y cuestionó a la Contraloría por su manera de proceder.