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La Contraloría General de la República (CGR) detectó que altos fun­cionarios del Ejecutivo pre­sentaron declaraciones jura­das de bienes con datos no veraces, es decir, con infor­mación que no condice con la realidad de su estado patrimo­nial, situación que se enmarca dentro del hecho punible de declaración jurada falsa.

Los casos ya fueron derivados al Ministerio Público e invo­lucran al ministro de Edu­cación, Eduardo Petta; a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; al ministro de Desarrollo Social, Mario Varela; a la ministra de la Mujer, Nilda Romero; al titu­lar del Ministerio de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand; al ex ministro de Agricultura, Denis Lichi, y a un funcio­nario del Instituto de Pre­visión Social. La noticia se compartió ayer en la sede de la Contraloría en el marco de un convenio firmado entre el contralor Camilo Benítez y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Los altos funcionarios pueden ser también procesados por enriquecimiento ilícito y trá­fico de influencias, conforme al reporte de la Contraloría.

El ministro Petta no declaró siete inmuebles en Hohenau (Itapúa) de los 12 registrados a su nombre. También regis­tra una variación de su patri­monio, que si bien es cierto no es muy significativa – alrededor de G. 50 millo­nes– teniendo en cuenta sus ingresos, puede aumentar una vez que la Fiscalía rea­lice la verificación y tasación de los inmuebles.

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, quien todavía sigue en el cargo pese a las incontables denuncias de corrupción en su adminis­tración, también ocultó bie­nes al ente contralor.

Bacigalupo no declaró algunos inmuebles que se encuentran registrados a su nombre, como así también pasivos. Además está casada sin separación de bienes, por lo que está obli­gada a declarar los bienes de su cónyuge, como establece la ley, pero no lo hizo.

Otro miembro del gabinete de ministros que está en la mira es Mario Varela, titular de la cartera de Desarrollo Social. La Contraloría en su demo­ledor informe señala que no existe correspondencia entre los bienes que declaró y sus ingresos (G. 460 millones), sin haber realizado el peri­taje de sus inmuebles.

La nómina de ministros en falta continúa con Nilda Romero, del Ministerio de la Mujer. Se constató una variación entre ingresos per­cibidos y bienes declarados (G. 400 millones); además, desde su declaración jurada del 2015 registra un aumento importante en inmuebles, dos que no declaró más un vehículo.

Dany Durand, titular del MUVH, también mintió en su declaración jurada al igual que el ex ministro de Agri­cultura, Denis Lichi, según revela el informe ya remitido al Ministerio Público.

El caso de un funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS) de nombre Ser­gio Barrios Heyn, con incon­sistencias entre los bienes que declaró y sus ingresos, también fue reportado a la Fiscalía.

Petta, Bacigalupo, Durand ni Lichi contestaron las llama­das ni los mensajes de What­sApp para aclarar la supuesta declaración falsa. En tanto que Varela respondió que se comunicaría luego de una reunión.

Recordemos que la Contralo­ría dispuso la elaboración de exámenes de corresponden­cia de las declaraciones patri­moniales de altos funciona­rios del Estado, incluyendo al presidente Mario Abdo Bení­tez, ministros, viceminis­tros, titulares de entidades descentralizadas, miembros de los poderes Legislativo y Judicial, entre otros.

El anuncio lo hizo ayer la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, luego de firmar un convenio de coo­peración con el contralor general Camilo Benítez.

En los últimos años ha habido una resistencia de parte de numerosas insti­tuciones públicas a que la Contraloría audite sus cuen­tas y el Ministerio Público no es la excepción.

La fiscala mencionó que esta es la primera vez que el Minis­terio Público abrirá sus puer­tas a una auditoría de gestión.

Benítez anunció el inicio de los trabajos en la Fiscalía la próxima semana.

Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Contraloría, informó que actualmente se están rea­lizando exámenes de correspondencia de 120 funcionarios, entre ellos del ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann.

Friedmann está también en la mira de la Contraloría por supuesta declaración jurada falsa por haber consignado un ingreso en la azucarera Friedmann cuando en realidad ya no pertenecía a la empresa. Además, hizo pasar por millonaria a su modesta madre Guadalupe Alfaro, a quien atribuyó una herencia para compra de acciones en sociedad de G. 5.000 millones.

“Hemos iniciado el análisis de examen de correspondencia del ministro Rodolfo Friedmann. Todavía no podemos decir qué tiene o qué no tiene; ahora estamos iniciando las circularizaciones a dife­rentes instituciones públicas y privadas para que nos puedan infor­mar”, expresó.

Se estima que los trabajos concluirían dentro de dos o tres meses.