Sacudida por objeciones que van desde lo insólito como el no codificar bienes, hasta persecuciones, nepotismo, despilfarro de recursos, deficiencia en procedimientos de compras públicas y transgresiones laborales que sus proveedores hacen en sus narices.

• POR ROSSANA ESCOBAR M.
• rossana.escobar@gruponacion.com.py

Carla Bacigalupo, conocida como la ministra “yoga” por­que cuando estaba al frente del Ministerio de Justicia se asignó viáticos para un viaje a la India a un festival espiritual, hoy es sacudida por innumerables objecio­nes al frente de la cartera de Trabajo. Mientras se aferra al cargo, el presidente de la República Mario Abdo Bení­tez confirmó a la prensa que está “estudiando” el caso de su secretaria de Estado.

El recientemente demole­dor informe de auditoría del Poder Ejecutivo con una treintena de cuestionamien­tos fue el golpe de gracia que desplomó a la administración de Bacigalupo.

La ministra arrastra varias denuncias por los favores políticos a costa de los con­tribuyentes. Generosa con el dinero ajeno, repartió cargos a parientes de varios influyen­tes, seccionaleros.

Cabe recordar que benefició a los suyos también ya que sin decoro, a dos semanas de asumir el cargo, ubicó hasta a su yerno Darío Muñoz como “director general de Planifi­cación”.

Elva Acosta y Carlos María Vega Acosta, hermana y sobrino del famoso periodista Óscar Acosta, consiguieron sueldo en el Servicio Nacio­nal de Promoción Profesional (SNPP), gracias a Bacigalupo. Edith Pintos Penayo, prima política del director de Yacy­retá, Nicanor Duarte Frutos, la hija del imputado diputado Miguel Cuevas, operadores del diputado Arnaldo Sama­niego, una secretaria con su familia incluida, son algunos de los recomendados ubicados por la ministra.

En su haber, la ministra tam­bién cuenta con denuncias por direccionar licitación. Teniendo una mejor oferta, adjudicó al precio más caro.

El despilfarro en cupos polí­ticos y el poco interés en el principio de la economía en compras públicas tenían sin cuidado a la ministra hasta que culminó el informe de auditoría del Ejecutivo y sal­taron evidencias de su mala gestión.

La deficiencia de la adminis­tración de Bacigalupo llegó al punto de no codificar los bie­nes de la institución, según la referida auditoría. El informe cuestiona mal procedimiento en compras públicas, incon­gruencia documental de recepción de bienes, G. 1.500 millones que eran para cur­sos de capacitación que utilizó para otros fines como alquiler, limpieza, servicios sociales y hasta fumigación de edificio.

Deficiente estado financiero que reporta una diferencia de G. 150 mil millones entre el balance e inventario de las tres instituciones (Ministerio de Trabajo, SNPP y Sinafocal), es otro hallazgo de la reciente auditoría.

Bacigalupo recibió observa­ciones hasta por las máquinas de coser sin código patrimo­nial entregadas en la sede del SNPP de Ypané, maquinarias tiradas por falta de manteni­miento, algunas sin documen­tación. Aunque cabe subrayar que luego de las objeciones fueron subsanadas, es decir, codificaron los bienes.

Alumnos que figuran en car­peta de instructores no apa­recen en el sistema de Control de Cursos denominado “Iden­tidad”, implementado justa­mente para el cruce de datos de los matriculados. En otros casos los nombres de matricu­lados están repetidos.

Programación de cursos que requieren de determi­nadas herramientas, pero en realidad no funcionan. Por ejemplo, en Nueva Italia la formación de operador de “maquinaria agrícola” que expone que el alumno con­duce maquinaria agrícola para sembrar y cosechar cul­tivo, pero el tractor que tenía que servir de elemento de aprendizaje está en desuso por falta de mantenimiento.

Otra de las observaciones de la auditoría es que la ejecu­ción de cursos en el SNPP fue mínima en el primer trimes­tre del año, apenas el 3% de lo programado.

Una realidad no aislada de la baja ejecución de acciones formativas en el SNPP es la designación de directores en regionales sin contar con el perfil adecuado, como años de experiencia en gerencia­miento educativo, título uni­versitario, etc.

La empresa de seguridad Security Service Tecnology SA, contra­tada por Bacigalupo, declara un sueldo mayor en el Instituto de Previsión Social (IPS), que lo acreditado al personal.

La auditoría identificó 4 casos de sueldos inflados con relación al extracto de cuenta bancaria.

“Hemos constatado que los guardias que prestan servicio en el SNPP perciben una suma inferior a lo declarado” por el proveedor, señala literalmente el informe. Al respecto, la administración Bacigalupo intentó rebatir lo expuesto por el auditor manifestando “que no existe constancia que cer­tifique que la suma depositada por la empresa de seguridad en la cuenta de los guardias mencionados, bajo el concepto de acreditación de haberes, corresponda a la suma total que la firma abona como salario, pudiendo consistir esa suma en el saldo neto que es acreditado previo descuento de un embargo por orden judicial, descuentos por ausencias injusti­ficadas, llegadas tardías o anticipo de salario”.

Más abajo, el ministerio respondió que abrió un sumario admi­nistrativo para la comprobación de los hechos observados por la fiscalización.

El informe de auditoría se ratificó en su cuestionamiento sobre el sueldo de los guardias y rechazó el descargo del ministerio por “no poseer sustento”. En el documento se recuerda a la adminis­tración Bacigalupo que para eso existe la liquidación de salarios, en la cual deben consignarse todos los descuentos que se efec­túan al trabajador.

Es irónico, pero en el minis­terio que debe fiscalizar y velar por el cumplimiento de las leyes laborales, la empresa proveedora se pega el lujo de incumplir normas de seguridad e higiene labo­ral amparados dentro del Código Laboral y Protec­ción Social, así también en normas internacionales de seguridad e higiene laboral de la OIT.

Empleadas de empresa de limpieza no cuentan con el equipo de protección indivi­dual establecido en el pliego de bases y condiciones para el servicio que prestan en el SNPP.

La contratista es la firma Renova SA.

La empresa tiene la obliga­ción de proveer uniforme distintivo, calzados anti­deslizantes y guantes a su personal de limpieza, según la exigencia establecida en el pliego de bases del contrato adjudicado. Los auditores confirmaron que las lim­piadoras trabajan sin guan­tes y realizaron el cuestiona­miento del incumplimiento.

El Ministerio de Trabajo alegó que a raíz de la obje­ción dispusieron una inves­tigación al departamento de Servicios Generales. En cuanto a la empresa, la admi­nistración Bacigalupo res­pondió que “notificarán al proveedor a fin de que se articulen las acciones con el objeto de subsanar inmedia­tamente los errores admi­nistrativos observados”.

La tibia respuesta del minis­terio al perecer se inclina más hacia un cumplido que aplicar medidas correctivas al proveedor. Ayer nuestro equipo estuvo por el SNPP para ver si el cuestiona­miento de la auditoría pesó para subsanar la situación, pero nos encontramos que todo sigue igual.

Las empleadas de limpieza siguen trabajando sin guan­tes, sin todo el equipo de pro­tección establecido. Es decir, que a los responsables de la institución encargada de hacer cumplir normativas laborales, poco les importa velar por la higiene y seguri­dad de los trabajadores.