• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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¿Para qué firmó un convenio que al Estado le iba a costar US$ 600 mil cuando estaba apurando una coope­ración técnica no reembol­sable?, es la pregunta que no logra responder el ex minis­tro liberal de Obras Públicas y Comunicaciones, actual senador Salyn Buzarquis. Por este hecho el político fue imputado por supuesta lesión de confianza y se encuentra afrontando juicio oral.

Una nota del 2 de agosto del 2012, remitida por Buzar­quis al entonces ministro de Hacienda Manuel Ferreira, revela que el liberal estaba apurando una ayuda finan­ciera de US$ 800 mil por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el “Programa de Reha­bilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 Dr. Carlos Antonio López”.

“Solicito que la insti­tución a su digno cargo impulse las gestiones pertinentes ante la CAF a fin de lograr la Coope­ración Técnica No Reem­bolsable para financiar una consultoría que realice la elaboración del mencionado programa”, dice Buzarquis a Ferreira en su nota de agosto del 2012. Mientras apuraba la financiación no reembolsa­ble, el ex ministro liberal iba firmando convenios marco y específicos para zonas que afectan a la misma Ruta 9 y otros estudios viales en el departamento de Ñeembucú.

En agosto del 2012 apuraba dili­gencias con Hacienda para la cooperación no reembolsable de la CAF. El 24 de setiembre, es decir, un mes y medio después, Buzarquis estaba firmando en Roma un convenio con la compañía italiana ANAS para estudios de prefactibilidad que afectan a las mismas zonas del Chaco, además de Ñeembucú.

Por un lado gestionaba el pago para trabajos que pudieron salir gratis al Estado, mediante coope­ración no reembolsable, pero insólitamente voló para Italia a comprometer al Estado con US$ 600 mil, de los cuales US$ 100 mil incluían aporte de la Enti­dad Binacional Yacyretá.

“No hubo lesión”, “no se hizo el pago”, son frases que repite el senador Buzarquis a los medios de comuni­cación. Sin embargo, se desentiende de explicar sobre su firma en un convenio que obliga a un pago al Estado paraguayo, teniendo otras alternativas de financia­ción que en ese momento esta­ban en plena gestión, según las pruebas documentales que obran en carpeta fiscal.

Además, un tema fundamen­tal que alega la fiscala del caso, Victoria Acuña, es que el convenio firmado en Italia no prevé forma de culminación y como se rubricó en el exterior obviamente cualquier even­tualidad se regirá por normas ajenas a las nuestras.

Los técnicos extranjeros vinieron a trabajar al país, cinco misiones de profesio­nales arribaron y cumplie­ron con lo convenido. Es decir, los italianos honraron la obligación, lo que fue dicho por los propios profesionales del MOPC durante el juicio oral, por lo que se vuelve sen­sible la situación del Estado ante el compromiso asu­mido mediante el convenio firmado por Buzarquis.

Hace dos meses un grupo de ciudadanos, encabezado por la señora María Fausta Ramírez, formuló una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del senador libe­ral Enrique Salyn Buzarquis por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias. Hasta ahora desde el Ministerio Público no responden que trámites dieron a la demanda.

No se sabe de fiscal asignado ni de diligencias del caso. La denuncia había sido presentada luego de que salieran a la luz los nombres de parientes y operadores políticos del legislador que se cuelgan del salario público, coincidente­mente después de que el liberal llegara a una banca en Dipu­tados en el 2008.

Entre familiares y fanáticos, unos G. 4.000 millones cuestan al Estado paraguayo el clan Buzarquis que vive del aporte de los contribuyentes. Entre los últimos casos más sonados se encuentran las esposas de los tres hermanos, Víctor Abdel, Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis, también con sueldo público. Fiorella Forestieri, esposa del senador Salyn, se ubicó con sueldo de G. 15 millones en la Justicia Electoral, gracias a un pedido del Partido Liberal.

Griselda María Maidana Sosa, esposa de Víctor Abdel, percibe unos G. 20 millones al mes entre sus ingresos en el Ministerio de la Defensa Pública y su rubro de “profesora

asistente” en la Universidad Nacional de Caaguazú. Mientras que la segunda pareja del diputado Enrique Antonio, de nombre Fátima Lird, accedió a un cargo administrativo dentro del consejo directivo del IPS y percibe G. 12 millones al mes.