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Para hoy está fijado el inicio de su juicio oral y público por este caso. Según la investigación de la fiscala Victoria Acuña, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis comprometió 600.000 dólares de los recursos del Estado (en el 2012) sin autorización de la Presidencia. El caso salió a luz luego de que la compañía italiana Anas reclamara el millonario pago.
El legislador está acusado de los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas. El tribunal encargado de juzgar está integrado por los magistrados María Fernanda García, Cynthia Lovera y Juan Carlos Zárate.
La Fiscalía sostiene en su acusación que Buzarquis, cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el gobierno de Federico Franco, firmó un acuerdo entre la cartera estatal y la empresa italiana Anas SPA, además de celebrar dos convenios específicos para realizar estudios en el Chaco y en Ñeembucú.
Es así que Buzarquis obligó al Estado paraguayo a abonar la suma de 600.000 dólares para la realización de los trabajos en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú. Del monto abonado, 500.000 dólares correspondían al MOPC y 100.000 dólares era aporte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
El pago a la firma italiana no se concretó debido a que la administración de Ramón Jiménez Gaona (anterior ministro de Obras Públicas) denegó el desembolso en el 2014, ya que Buzarquis asumió ilegalmente la deuda con Anas sin tener autoridad ni un decreto del presidente de la República para hacerlo.
En octubre del 2018, luego de varios años de iniciarse el proceso judicial, la jueza María Griselda Caballero había resuelto elevar la causa que involucra al senador. La defensa del político había planteado el sobreseimiento definitivo, pero fue rechazado por la magistrada Caballero.
OTRA DENUNCIA EN FISCALÍA
El senador liberal soporta una reciente denuncia en la Fiscalía por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias.
Según investigaciones de La Nación, Enrique Salyn tiene a más de una docena de familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado G. 2.600 millones.
Al mismo tiempo, sus operadores políticos, que también se instalaron en el Estado, facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G. 118 millones.
Gracias a un pedido del partido liberal, Buzarquis tiene inclusive hasta a su esposa Fiorella Forestieri Alvarenga percibiendo hasta 7 salarios mínimos por mes en la Justicia Electoral. La mujer ingresó sin concurso de méritos.