Para hoy está fijado el inicio de su juicio oral y público por este caso. Según la investigación de la fiscala Victoria Acuña, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis compro­metió 600.000 dólares de los recursos del Estado (en el 2012) sin autorización de la Presidencia. El caso salió a luz luego de que la compa­ñía italiana Anas reclamara el millonario pago.

El legislador está acusado de los supuestos hechos puni­bles de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas. El tribunal encar­gado de juzgar está inte­grado por los magistrados María Fernanda García, Cynthia Lovera y Juan Car­los Zárate.

La Fiscalía sostiene en su acusación que Buzarquis, cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) durante el gobierno de Federico Franco, firmó un acuerdo entre la cartera estatal y la empresa italiana Anas SPA, además de cele­brar dos convenios específicos para realizar estudios en el Chaco y en Ñeembucú.

Es así que Buzarquis obligó al Estado paraguayo a abo­nar la suma de 600.000 dólares para la realización de los trabajos en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú. Del monto abonado, 500.000 dólares correspondían al MOPC y 100.000 dólares era aporte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El pago a la firma italiana no se concretó debido a que la administración de Ramón Jiménez Gaona (anterior ministro de Obras Públi­cas) denegó el desembolso en el 2014, ya que Buzarquis asumió ilegalmente la deuda con Anas sin tener autoridad ni un decreto del presidente de la República para hacerlo.

En octubre del 2018, luego de varios años de iniciarse el proceso judicial, la jueza María Griselda Caballero había resuelto elevar la causa que involucra al sena­dor. La defensa del político había planteado el sobresei­miento definitivo, pero fue rechazado por la magistrada Caballero.

­ OTRA DENUNCIA EN FISCALÍA

El senador liberal soporta una reciente denuncia en la Fiscalía por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias.

Según investigaciones de La Nación, Enrique Salyn tiene a más de una docena de familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado G. 2.600 millones.

Al mismo tiempo, sus operadores políticos, que también se insta­laron en el Estado, facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G. 118 millones.

Gracias a un pedido del partido liberal, Buzarquis tiene inclu­sive hasta a su esposa Fiorella Forestieri Alvarenga percibiendo hasta 7 salarios mínimos por mes en la Justicia Electoral. La mujer ingresó sin concurso de méritos.