Tras haber gastado exorbitantes montos nunca justificados en la Gobernación de Paraguarí, Toribio Morel cumplirá un año como administrador en la Cámara Baja, facilitando jugosos privilegios.

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Toribio Morel, direc­tor general de Admi­nistración y Finanzas de la Cámara de Diputados, demostró que continúa en plena vigencia su capacidad de hacer prosperar sus finan­zas y las de otros funcionarios, quienes consiguieron aumen­tazos en la actual presidencia del cuerpo legislativo.

Fue durante la administra­ción financiera de Morel, en la Gobernación de Paraguarí, cuando entre el 2013 y el 2018 se orquestó el caso conocido como “Tractores Mágicos”, maquinarias en estado de abandono y obsoletas que fue­ron puestas a “trabajar” con combustible cuyo costo ascen­dió a más de G. 1 mil millones.

Su padrino, el ex gobernador de Paraguarí y actual presi­dente de la Cámara de Dipu­tados, Miguel Cuevas le nom­bró en julio del 2018 en el Congreso. Ingresó a la direc­ción que se encarga de trami­tar las finanzas del estamento legislativo.

El mismo, se ubicó en el cargo de confianza con un sueldo mensual que asciende a G. 25 millones y que triplica lo que percibía en la jefatura departa­mental que era de G. 7,6 millo­nes al mes.

Generoso y eficiente a favor de los recomendados, en el 2018 Morel tiró la casa por la ven­tana en pagos de beneficios adicionales, abultando así el bolsillo de varios operadores. Con su gestión fueron tra­mitados un total de G. 321,4 millones, que ejecutó en meses para pagos de viáticos de tours internacionales de miembros de la Cámara Baja a distintos destinos, eventos y conferen­cias.

Además, facilitó jugosos pri­vilegios como interesantes aumentos salariales a funcio­narios recomendados de los diputados, entre ellos perso­nas sin carrera y sin antigüe­dad, en la función pública.

Efectivamente, Morel perdió sus años de antigüedad en la función pública cuando pre­sentó renuncia a la Goberna­ción de Paraguarí para ingre­sar al Congreso Nacional en el 2018, dimisión que fue acep­tada por la autoridad departa­mental en su momento.

Consultado por La Nación si esta renuncia dificulta de alguna manera la factibili­dad de volver a ocupar cargos públicos con su antigüedad pertinente, como ocurre con los funcionarios del Estado, Julio Arévalos, director de Recursos Humanos de Dipu­tados, explicó que el opera­dor político se encuentra en un puesto de designación por confianza y no afecta

“Efectivamente, al renunciar a su antiguo cargo perdió toda la carrera como funcionario, pero esto no afecta su condi­ción actual, tanto su salario y demás bonificaciones, por encontrarse en un cargo de confianza”, señaló.

Añadió que ahora dependerá de la nueva presidencia de la Cámara Baja, que estará a cargo del diputado Pedro Alliana, para que Morel per­manezca en su puesto o sea desplazado.

“Él es director de gabinete y cumple el cargo de asesor. No es un puesto concursable, no iba luego a poder concursar un puesto porque renunció a su antigüedad”, acotó.

A pesar de esta situación y todos sus antecedentes, Tori­bio Morel permanece contri­buyendo con la “promoción laboral” de muchos funcio­narios, nuevos en su mayoría.

Con la actual administración de la Cámara de Diputados, que en julio cumple un año, ya ingresaron unos 250 fun­cionarios en calidad de con­tratados y se crearon más de 25 direcciones para justificar sueldazos que fueron otorga­dos durante el actual periodo.

Ninguna de las más de 200 per­sonas que lograron meterse a la función pública fue a través de concursos públicos. Sobre el punto, el presidente de la Cámara de Diputados había explicado en su oportunidad que todas las incorporaciones fueron por pedidos de los legis­ladores de diferentes partidos políticos. Los pedidos fueron ágilmente canalizados a tra­vés de la dirección financiera de Toribio Morel.

Entre las decenas de casos de aumentazos y privilegios otorgados a funcionarios de la Cámara de Diputados durante la actual gestión, resaltan como favoritos fun­cionarios vinculados al clan Buzarquis.

El senador Enrique Salyn y el diputado Enrique Anto­nio tienen en la función pública a una gran cantidad de familiares, operadores y allegados bien acomodados durante los últimos años.

Es así que los casos que sobresalen entre los “fanáti­cos” del clan son los de Rod­ney Zorrilla Ortiz y Nadia Beatriz Medina López, ambos funcionarios de la Cámara Baja.

Zorrilla logró incrementar su salario de G. 5.700.000 a G. 13.529.000 gracias a la influencia de Antonio Buzar­quis, quien en el momento de la repartija era aliado polí­tico del actual presidente de la cámara, Miguel Cuevas.

Nadia Medina, por su parte, consiguió también bajo la presidencia de Cuevas, en la dirección de Gestión de Pro­cesos, llegar a un salario de casi G. 18 millones, todo esto con un título de química far­macéutica que nada tiene que ver con la tarea legislativa.

En cuanto a los familiares, los hermanos de los geme­los, Víctor y Jamyl Buzar­quis, consiguieron aumen­tos salariales y el traslado desde la Cámara de Dipu­tados, donde son funcio­narios nombrados, hasta la Gobernación de Caaguazú, departamento del cual son oriundos y donde pueden estar cerca de sus familias, demostrando el buen rela­cionamiento con la admi­nistración de turno que les habilitó la mudanza.

En declaraciones realizadas ante medios de prensa, el senador Enrique Salyn ase­guró que no es cierto que él haya influenciado u obrado de alguna manera para que sus allegados, compañeros políticos y familiares ingre­sen a la función pública.