• POR ORLANDO BAREIRO
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La bolsa de empleo del ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, actual director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tiene una nueva beneficiada. Se trata de Sylvia Samaniego Álva­rez, hermana del diputado Esteban Samaniego, quien fue ubicada en la EBY con un jugoso salario desde el mes pasado.

De acuerdo con la planilla de la binacional, Samaniego Álvarez se desempeña como personal administrativo, en la asesoría jurídica de la entidad, su ingreso men­sual orilla los G. 20 millones al mes y figura desde el 1 de abril del año en curso.

El de la hermana del dipu­tado es uno más de los innu­merables casos de ingreso masivo a la EBY, sin con­curso, de cercanos a ami­gos políticos.

Jugosa remuneración para la hermana del diputado.
Jugosa remuneración para la hermana del diputado.

Hasta los primeros meses de este año, saltó que el ex mandatario incorporó cerca de 200 funcionarios a la EBY. En la nómina de los recomendados no pre­cisamente resaltan funcio­narios técnicos capacitados, sino hurreros, seccionale­ros y aliados de peso. Entre los varios favorecidos apa­recen Arturo Ramón Almi­rón, miembro de la Seccio­nal 20, fuerte operador del movimiento Colorado Añe­tete, con un salario de más de G. 18 millones.

Armando Penayo, asiduo seguidor del ex intendente de Asunción y actual dipu­tado Arnaldo Samaniego, con sueldo de G. 6 millones; y el ex gobernador de Guairá, Ramón “Bubi” Lichi, cuyo ingreso por mes supera los G. 12 millones.

Nicanor no sólo contrató personal para la binacional. El dinero de Yacyretá sirve para financiar empleados a otras instituciones. Varios de los beneficiados están comisionados a la Presiden­cia de la República, como el caso de la secretaria “de oro” de la primera dama, Rocío Tatiana Kanonnikoff, con sueldo de G. 29 millones en la EBY.

Cabe recordar que Nicanor también financia el plan antidengue, un proyecto cuya eficiencia se destaca por la contratación de 400 empleados, antes que mayo­res resultados en el combate a la epidemia del dengue.

MAYOR CONTRATISTA DE FUNCIONARIOS

Nicanor Duarte Frutos, director de la EBY.
Nicanor Duarte Frutos, director de la EBY.

Cuando Nicanor Duarte Frutos asumió la Presidencia en el 2002, el Estado contaba con 150.000 empleados. Cuando concluyó su mandato y el Partido Colorado quedó en la llanura, su período, el número subió a más de 182.000 trabajadores, es decir, sumó unos 32.000 nuevos asalariados estatales.

Las nuevas contrataciones hicieron que se triplicaran los gastos de la administración pública, que de US$ 490 millones saltaron a US$ 1.350 millones en el 2008 y es así que Nicanor fue el mayor contratista de empleados en el poder.

El faltante de G. 10.000 millones en municipio pobre

El Ministerio Público allanó la Municipalidad de Quyquyhó en diciembre pasado.
El Ministerio Público allanó la Municipalidad de Quyquyhó en diciembre pasado.

Representantes del Minis­terio Público y la Policía Nacional, encabezados por la fiscala de Delitos Econó­micos, Marlene González, allanaron en diciembre pasado la Municipalidad de Quyquyhó. El procedi­miento fue en el marco de la denuncia presentada por los concejales del dis­trito, ante el Ministerio del Interior, contra el ex intendente y actual dipu­tado por Colorado Añetete, Esteban Samaniego, y su pareja la actual jefa comu­nal Patricia Corvalán, por el supuesto faltante de unos G. 10.000 millones, detec­tado mediante una audito­ría externa.

Entre las irregularidades denunciadas por un grupo de concejales figura por ejemplo la construcción, mantenimiento y equipa­miento del complejo muni­cipal y un polideportivo “fantasma”, el diputado oficialista destinó G. 534 millones. Los ediles tam­bién cuestionaron los más de G. 151 millones que se invirtieron para 3 manteni­mientos del Complejo Ful­gencio Yegros, ubicado en la compañía Loma, donde no se presenta mejoras de ningún tipo. Estiman que la inversión por este local que se construyó gracias a actividades de los humildes pobladores fue de unos G. 50 millones.

La denuncia contra Sama­niego está estancada en Fis­calía. La causa está a cargo de Marlene González, quien había encabezado el allana­miento en la Municipalidad de Quyquyhó. Ahora pasa de manera interina a cargo del fiscal Luis Said, a raíz de la recusación presentada por el denunciado.

Los concejales presen­taron el urgimiento para que el caso vuelva a manos de la fiscala original Gon­zález, ya que existe el tra­bajo previo, pero hasta el momento no se define, según comentó el abogado Hernán Cabrera.