Llamativamente solo dos empresas se presentaron a “competir” en el llamado a licitación para la provisión de equipamientos para el suministro, instalación y ampliación de la red nacional de fibra óptica, convocada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), a cargo de Alejandro Peralta Vierci.

Se trata de la empresa Celexx SA, representante exclusivo en Paraguay de la marca Huawei y SSD SRL, que a su vez es distribuidora de los productos representados por la primera. Esto no deja de ser un dato menor, teniendo en cuenta que el llamado a licitación pública (subasta a la baja electrónica-SBE) se llevó a cabo en un cuestionado proceso, con un pliego de bases y condiciones cuyas especificaciones técnicas estaban orientadas a favorecer a una empresa, puesto que se exigía la provisión de bienes específicamente de la marca Huawei, lo que atenta contra la libre competencia y, en definitiva, viola la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas.

Todo parece indicar que se trató de una adjudicación “directa” y, para maquillar la millonaria adquisición, se recurrió a la modalidad de subasta a la baja electrónica, en la que obviamente las condiciones ofrecidas por el representante serían mucho más convenientes a las de un distribuidor, como ocurrió posteriormente, puesto que la licitación fue adjudicada, según Resolución Mitic Nº 69, a la empresa Celexx SA por un monto total de G. 71.820 millones, unos US$ 12 millones; mientras que la otra oferente, SSD SRL, había ofertado el suministro por G. 71.840 millones; es decir, una ínfima diferencia que hace sospechar de una posible colusión o acuerdo de precios.

Cabe recordar que la adjudicación se dio a conocer el mismo día en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) comunicó la finalización del proceso de investigación y el desistimiento de la protesta promovida por la firma Bullers SA contra el pliego de bases y condiciones, lo que allanó el camino para la contratación.

La convocante había argumentado entre otros puntos que los bienes de la Ande y Copaco son de la marca Huawei, lo que condicionaba la compra, teniendo en cuenta que la telefónica estatal tiene 180.000 km de fibra óptica, Ande otros 120.000 km, la cartera del Interior 200 km y Hacienda 74 km.

“Se requiere asegurar la completa compatibilidad, la calidad, el rendimiento y no perder funcionalidad. También el personal técnico de las instituciones que realiza el soporte y mantenimiento de esa infraestructura ha sido capacitado ampliamente en la administración y configuración, conociendo los pormenores de su funcionamiento”, señalaba una parte del escrito presentado para justificar la adquisición.

NO SE JUSTIFICA LA DEPENDENCIA

Sin embargo, según los denunciantes, no existían argumentos suficientes que justifiquen la adquisición de equipos única y exclusivamente de la marca Huawei, puesto que en realidad no existe una dependencia tecnológica entre la infraestructura actual y la que se pretendía adquirir o montar en el proyecto de referencia. Las redes nuevas podrían ser desplegadas de manera independiente a las redes existentes sin necesidad de obligar al Estado paraguayo a adquirir la marca Huawei. En definitiva, “no existen motivos técnicos que obliguen al Estado paraguayo a adquirir equipos bajo una sola marca fabricante y contratar servicios para las tres redes a un único oferente, puesto que, en cada caso, cada red podría ser provista y desplegada de manera independiente, garantizando la integración entre sí por medio de estándares que comparten y cumplen todos los fabricantes del mercado (Nokia, CTSco, Huawei, etc.)”, sostiene la denuncia que finalmente fue retirada, con lo que se dio vía libre a la compra y el desembolso de unos US$ 2,4 millones el pasado mes de enero.

En el acta de apertura de las ofertas figuran las dos únicas empresas que se presentaron y respectivos montos que arrimaron, con una ínfima diferencia de precios entre la que sería la representante de la marca y la otra, la distribuidora del mismo producto.
En el acta de apertura de las ofertas figuran las dos únicas empresas que se presentaron y respectivos montos que arrimaron, con una ínfima diferencia de precios entre la que sería la representante de la marca y la otra, la distribuidora del mismo producto.