Patricia Samudio, presidenta de Petropar, remitió su descargo al pedido de informe que había aprobado la Cámara de Diputados; sin embargo, en uno de los puntos afirma que no autorizó la transferencia de recursos del ente a bancos privados. Este hecho está demostrado de que efectivamente lo hizo, ya que se tiene un memorando con su firma en el que ella autoriza la operación en contravención a lo que establece la Ley de Presupuesto, que la obliga a depositar en la cuenta de la entidad en el Banco Nacional de Fomento (BNF).

El 16 de noviembre pasado, Samudio remite sus respues­tas al pedido de informe dispuesto por la Cámara de Diputados. Una de las res­puestas no contiene toda la verdad al requerimiento, ya que si bien aclara que no realizó transferencias de dinero de un banco esta­tal a un banco privado, obvió decir en su descargo que efectivamente transfi­rió fondos que la petrolera tenía en bancos privados a otras entidades privadas, mientras que dichos fondos los debió transferir al BNF como establece la ley.

Según el decreto Nº 5.402 de fecha 10 de junio del 2016, por el cual se reglamenta el artículo 210 de la Ley Nº 5.554/2016 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fis­cal 2016”, se establece que “todos los recursos insti­tucionales de los organis­mos y entidades del Estado deberán ser depositados, de manera gradual, en cuentas habilitadas o cajas de ahorro u otro instrumento finan­ciero en el Banco Nacional de Fomento…”.

La titular de Petropar ignoró este decreto presidencial y la Ley de Presupuesto del ejer­cicio 2018, que sigue vigente, y ordenó la transferencia de recursos que estaban en algunos bancos privados, fruto del pago de los clien­tes de la entidad, y los trans­firió a otros bancos privados.

Los registros del banco GNB, a los cuales accedió nuestro diario, muestran claramente que al 3 de setiembre pasado, en la cuenta que tiene Petro­par en esa entidad bancaria, había un depósito de US$ 1,5 millones correspondiente al pago que realizó uno de los clientes a la petrolera esta­tal. Para el 5 de setiembre, en esa misma cuenta ya figura­ban unos US$ 18,5 millones, que fue el monto que solicitó Patricia Samudio transferir en dicho banco.

Según la nota interna de Petropar, de fecha 4 de setiembre y que lleva la firma de Samudio dando su visto bueno, en la opera­ción se autorizó el retiro de fondos de Sudameris (US$ 3 millones), Citibank (US$ 3 millones), BBVA (US$ 14 millones) e Itaú (US$ 10 millones), en total US$ 30 millones, de los cuales US$ 20 millones fueron para GNB y los restantes US$ 10 millo­nes para Basa (este banco res­pondió a Petropar que revise su decisión porque la opera­ción violaba una ley).

El pedido de Samudio fue transferir US$ 20 millones al GNB, pero Citibank no realizó la transferencia, y finalmente el monto cedido fue de US$ 17 millones más los US$ 1,5 millones que ya estaban en el banco, totali­zando US$ 18,5 millones.

Conforme al registro del GNB, al que pudimos acce­der, hasta los primeros días de octubre los US$ 18,5 millones seguían deposita­dos allí; es decir, estuvo por los menos 30 días, con lo que se confirma que dicho monto nunca se utilizó para el pago a algún proveedor del exte­rior como quiso justificar la presidenta de Petropar.

Es más, la petrolera esta­tal siempre operó con otros bancos para pago a pro­veedores internacionales (Citibank, BBVA e Itaú) por el sistema electrónico de avanzada que disponen estas entidades bancarias.

Petropar posee cuentas corrientes en casi todos los bancos de plaza, a fin de faci­litar el pago a sus clientes. Es decir, cada cliente que tiene la petrolera (distribuidores, operadores, etc.) opera con distintos bancos y van reali­zando sus pagos depositando el dinero en esas entidades.

A partir del 2016, con la nueva disposición vía Ley de Presupuesto y decreto presidencial, que establecen que todas las instituciones del Estado (excepto el IPS) deben depositar sus recur­sos en el BNF, lo que hace Petropar es retirar esos recursos de los diferentes bancos donde sus clientes realizan sus pagos y trans­ferirlos al BNF.

Hasta ahora existen algunas excepciones como en el caso del Citibank, en el que antes de la vigencia de la ley del 2016 Petropar firmó un contrato con ese banco para tener su dinero a plazo fijo y solo lo puede retirar luego del venci­miento de ese contrato. Con el resto no existe ninguna obli­gación, por lo tanto se debe cumplir lo dispuesto en la ley.

Finalmente, a la fecha de la respuesta de Samudio a la Cámara de Diputados (16 de noviembre) puede que ya estén todos los fon­dos en el BNF, pero luego de las publicaciones de nues­tro diario y después de un mes ocurrió esto.

Hasta hoy Samudio nunca pudo explicar por qué ordenó la transferencia de esos fon­dos de Petropar, que estaban en bancos privados, a otros bancos privados.

Art. 228: Establécese que los recursos institucionales de los organismos y entidades del Estado (OEE) deberán ser depositados en cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a excepción de los recursos depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP), los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) y de aquellos que no se encuentren en libre disponibilidad, los cuales deberán cum­plir con el presente artículo de manera gradual, una vez fina­lizados los respectivos acuerdos contractuales vigentes entre los organismos y entidades del Estado (OEE) y los bancos de plaza. El poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, establecerá las normas y procedimientos para la aplicación de lo establecido en el presente artículo.