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Cerca de quinientos vendedores ambulantes son los que cuentan con sus puestos de venta dentro de la estación de colectivos, que hasta la fecha se encuentra en el centro de la ciudad guaireña. Varios de ellos manifestaron a La Nación que temen quedarse sin su fuente de trabajo porque, según afirman, la idea de trasladarlos a casi siete kilómetros del casco urbano es para que los hombres de Rodolfo Friedmann solo monten ahí sus grandes empresas, despojándolos de cualquier posibilidad de competir comercialmente con ellos.

Además, mencionaron que ninguna de las autoridades locales se acercó hasta ahí para hablarles del proyecto, incluso a sabiendas de la preocupación generada a raíz de las versiones que surgieron con respecto al tema y la fuerte oposición de la mayoría de los villarriqueños. Los pobladores resaltaron que no están en contra del progreso de la ciudad, sino que exigen una total transparencia en todos los proyectos encarados con dinero de la ciudadanía.

“No veo ningún progreso allá donde nos quieren trasladar porque los grandes ya tienen asegurado sus sitios y nosotros, los pobres que estamos en el mercado, ya no podemos hacer nada ahí, ya no tendremos cabida. Ya se negoció todo, los mismos concejales están metidos”, señaló Eligia Portillo, vendedora del mercado municipal situado a media cuadra de la estación de ómnibus.

Por su parte, Valencia Mallorquín mencionó que “es cierto que nuestra terminal es pequeña, pero aquí hay vida, acá vendemos nuestros productos porque en todo momento hay dinero. Yo hace veinte años que estoy aquí y con esto saco adelante a mi familia. Tenemos entendido que quieren mudar ahora en la compañía Lemos y no sabemos qué hacer, este es el centro. El intendente ni nadie de la municipalidad vino a conversar con nosotros, nos enteramos de lo que están queriendo hacer solamente por los comentarios de la gente”.

El equipo del senador Rodolfo Friedmann, del movimiento Colorado Añetete, aparentemente habría negociado de antemano la adquisición de todos los terrenos situados alrededor de las dos hectáreas en las que construirían la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Villarrica. Atendiendo a que estos predios multiplicarán considerablemente su valor una vez que la obra esté en marcha, la estrategia inmobiliaria que involucra a concejales, intendente, ex gobernador y su gente, hasta el momento está saliendo a pedir de boca, a pesar de las múltiples irregularidades que ya son de público conocimiento.

Nueve concejales que votaron a favor de aceptar un terreno donado para la terminal ya fueron denunciados ante la Fiscalía el lunes último. Según nuestra fuente, durante la sesión realizada el martes pasado, el concejal Esteban Torres solicitó que la intendencia ponga un equipo jurídico tanto en Villarrica como en Asunción para defenderlos de la denuncia.

La sospecha de que algo no andaba bien con el proyecto de la nueva terminal de Villarrica surgió cuando llegó la oferta del señor Carlos Coronil de donar dos hectáreas de terreno para trasladar el establecimiento y ante el apresurado interés de varios concejales de aprobar dicha donación, aunque hubo otras familias que también ofrecieron sus tierras, pero fueron ignoradas.

Durante una apresurada sesión de la junta, realizada el 22 de agosto pasado, aceptaron recibir la donación. Inicialmente, los implicados en el negociado hicieron creer que la propiedad estaba a nombre de los hermanos Carlos y Jorge Coronil (+), como es debido, ya que Carlos ofreció donarla. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se descubrió que las tierras ya estaban a nombre del concejal Rubén Martínez, alias Pirulo, desde el 23 de julio de este año. Martínez es uno de los nueve concejales que durante la sesión de la junta votó a favor de aceptar la propuesta de Coronil. Formaría parte de los “íntimos” de Friedmann.

El martes pasado, a través de una nota firmada por varios ciudadanos, se solicitó a la junta la copia de las resoluciones en las que aprobaron la donación del predio, pero según nos informaron, las mismas habrían sido cajoneadas por los concejales involucrados.

El lunes pasado, un grupo de ciudadanos indignados, representados por el abogado Jorge Portillo, presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República contra los concejales Juan José Unger, Rubén Martínez, Martha Caballero, Neris Díaz, Esteban Torres y Ovidio Cuevas, todos pertenecientes a la ANR; además contra Saúl Maidana, Mario Villaverde y María Constancia Benítez, pertenecientes al PLRA, y contra el propietario del terrero, Carlos Coronil. Todos ellos estarían detrás del gran negociado en supuesta complicidad con Rodolfo Friedmann.

Los hechos punibles por los que se los acusan son producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y tráfico de influencias.