Según las notas de remisión de Petro­par, Monte Alegre SA, empresa que pertenece a la familia del asesor “ad honorem” Conrado Hoe­ckle, nombrado vía decreto por el presidente Mario Abdo Benítez, recibió el pasado 13 de setiembre 4,5 millones de litros de gasoil Tipo III de la planta de la petrolera estatal ubicada en Villa Elisa y la segunda par­tida, 3 millones de litros, el pasado viernes 28 de setiembre.

El domingo 30 de setiembre, dos días después del retiro total de los 7,5 millones de combustibles por parte de Monte Alegre SA, la pre­sidenta de Petropar, Patricia Samudio, dio a cono­cer la nueva tarifa y anunció la suba del precio de com­bustible a partir del pasado lunes.

De acuerdo a lo que se lee en el contrato firmado entre Samudio (Petropar) y Ema­nuelle Hoeckle, en repre­sentación de Monte Alegre SA, el precio del producto gasoil Tipo III fue fijado en G. 4.363 por litro, siempre y cuando la empresa retire la totalidad del producto durante el mes de setiem­bre del 2018.

A esto se suma, según lo esta­ble­cido en el con­trato, que los pagos de las factu­ras serán rea­lizados en moneda nacio­nal por el monto total de las mismas en cheque librado a nombre de Petropar, o mediante giro (transfe­rencia bancaria) de cuenta a cuenta. Los cheques emi­tidos o los montos girados deberán ser depositados en cuentas corrientes de Petropar, abiertas en los bancos de plaza “hasta den­tro de 15 días hábiles poste­riores a la recepción” de la factura correspondiente en horario bancario.

Es decir, la administra­ción de Samudio ni siquiera vendió el producto al con­tado, sino que además dio un margen de 15 días hábi­les a Monte Alegre para efectivizar el pago, pese a que la empresa Imperial Distribuidora Petróleos y Derivados SA, propiedad también de la familia del asesor presidencial, tiene una deuda pendiente con Petropar por valor de G. 31 mil millones.

El asesor de la Presidencia, Conrado Hoeckle, participó en varias reuniones del consejo de ministros y del equipo económico del pre­sidente Mario Abdo Bení­tez, en las que hablaron de la intención de aumentar el precio del combustible. Incluso, la misma presi­denta de Petropar, en varias entrevistas radiales, anun­ció semanas atrás que era indefectible el incremento de los combustibles de la petrolera estatal y que la suba se daría en los prime­ros días del mes de octubre.

Ante esta situación es que resulta inexplicable por qué Samudio decide firmar un contrato con una empresa privada, que a la vez es la competencia de los emble­mas de Petropar, para ven­derle a un precio que sabía perfectamente sería incre­mentado.

Atendiendo que final­mente el precio del gasoil Tipo III de Petropar tiene un nuevo precio desde el lunes pasado, que es de G. 5.230 el litro, quiere decir que la empresa del asesor presidencial sacó un mar­gen de ganancia, sin contar su margen por la venta, de cerca de US$ 1 millón por la sola variación del precio.

Es más, si la presidenta de Petropar sabía con antela­ción del incremento y no concretaba la venta de los 7,5 millones de litros de combustible a un privado, que es competencia de sus emblemas, pudo hasta dila­tar la suba del precio del gasoil en favor de los con­sumidores.

Monte Alegre SA es la empresa importadora de combustible de la familia Hoeckle; Imperial SA es la distribuidora y Petromax es el emblema que vende sus combustibles.

No solo la empresa del ase­sor de Marito fue la bene­ficiada, sino que también otros emblemas retiraron de Petropar el combusti­ble a precios bajos. Esta situación perjudicó no solo a los emblemas de la petrolera estatal, ya que se pudo haber mantenido por un tiempo más el pre­cio anterior y así evitar el aumento que se concretó esta semana. Es decir, la administración de Samudio se desprendió rápidamente del stock que tenía a bajo precio antes que priorizar la venta a los emblemas con sello Petropar.

El pasado 29 de agosto, en una publicación del diario Hoy Digital, se publicaba que la actual presi­denta de Petropar, Patricia Samu­dio, aportó G. 415 millones a la campaña realizada por el Partido Colorado en las elecciones presi­denciales, según datos divulgados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En su momento, cuando fue con­sultada sobre este aspecto, indicó que es propietaria de un conserva­torio de música y que aportó equipos de audio para los even­tos que tenía previsto el candidato presidencial Mario Abdo Benítez.

Samudio ya era conocida en el ámbito de los combusti­bles, atendiendo que se desempeñó como ejecutiva en el emblema Puma Energy. Su marido José Costa Perdomo figura como propietario de Triqueta SA, una empresa vincu­lada al rubro de los combustibles y que actualmente adeuda millones al sistema financiero y también a varias distribuido­ras de combustibles, entre ellas Monte Alegre-Imperial.

El martes pasado, en una entrevista en la 970 AM, Eddie Jara, ex presidente de Petropar, contó que habría un plan del Gobierno que apuntaría a debilitar las estaciones de servicios de Petropar para luego incluso venderlas a un grupo de empresarios muy ligado al primer anillo del presidente Mario Abdo Benítez.

Jara afirmó que la petrolera estatal representa un peligro para los intereses del sector privado y, por lo tanto, esta­rían utilizando una estrate­gia, instalando una falacia, para debilitar la red de esta­ciones de Petropar.

Según Jara, la intención del plan es que los operadores se resisten a acatar la repentina suba del precio de los pro­ductos que dispuso la actual presidenta Patricia Samudio y, de esa forma, igualarían o aumentarían sus precios con la competencia, lo que gene­raría pérdida de clientes.

Al ex presidente de Petro­par le sorprendió y hasta calificó de descabellada la intención de instalar la idea de que la deuda que actualmente tienen los emblemas con la petrolera no se podría recuperar.

Dijo que el pasado 3 de agosto, cuando abandonó la petrolera, dejó una car­tera ordenada y sana, con­siderando que el nivel de morosidad era solo del 6%. “Había tres clientes sobre quienes yo instruí a la asesoría jurídica que ini­cié acciones legales por la situación. Creo que ahora se quiere desviar un poco la atención”, expresó.

Eddie Jara dijo que Petro­par ingresó al mercado de combustibles sin la necesi­dad de sentarse en la mesa junto con los demás compe­tidores para fijar un precio único. “Nosotros jugamos para la gente, para la tri­buna, para el beneficio de los ciudadanos, y no para fijar el precio entre cuatro paredes”, puntualizó.

A su criterio, existiría un plan para desprestigiar lo bueno que se hizo en el gobierno anterior. “No somos superhombres, pero son infames las declara­ciones. Es una receta para fundir o vender la red de Petropar y sería una lás­tima que se retroceda sin que la gente se dé cuenta de lo que están haciendo”, subrayó.

De acuerdo a las informaciones que se manejan de manera extraoficial, pero que van cobrando fuerza a partir de la concreción de la firma del acuerdo entre Petropar y Monte Alegre SA para la venta de combustible en un tiempo estratégico días antes de concretarse el aumento del precio, el Gobierno estaría diseñando un plan para liquidar a los operadores de los emblemas Petropar y ceder el negocio a un grupo empresarial ligado a personas del primer anillo del presidente Mario Abdo Benítez.

“Las versiones que corren es que quieren vender la red Petropar y los operadores tienen los pelos de punta, y son los empresarios que están detrás (muy cercanos al primer anillo de la Presidencia)”, manifestó Eddie Jara.