Senador Enrique Riera lamentó “mala señal” de Marito y habló de un “neoestronismo”. Ambas cámaras del Congreso requieren 2/3 de los votos para ratificarse en la ley de indemnización. Desde la Presidencia dicen que el Ejecutivo trabajará en un proyecto alternativo de resarcimiento gradual.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, optó por ahora por dar las espaldas a los excombatientes del golpe del 2 y 3 de febrero que derrocaron a la dictadura de Alfredo Stroessner y dieron inicio a la era democrática en el Paraguay, al objetar la ley de indemnización para los que participaron de esta gesta. “Marito”, cuyo padre don Mario Abdo fue secretario privado del dictador que gobernó durante 35 años, descolocó hasta a su propia bancada en el Congreso.

El veto del Ejecutivo deja desconcertado incluso al líder de bancada del movimiento Colorado Añetete en el Senado, Enrique Bachetta, quien anunció que conversará con el mandatario apenas retorne al país de su viaje a Nueva York.

El ex senador y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia explicó anoche a La Nación que la cámara de origen (Senado) y la revisora (Diputados) requieren de 2/3 de los votos para ratificarse en el proyecto de ley de indemnización a los excombatientes.

Según el proyectista de la ley y ex senador del Unace, José Bóveda, la normativa apunta a favorecer a los conscriptos presupuestados (soldados) de todas las unidades participantes (Fuerzas Armadas, Ejército, Regimiento Escolta Presidencial, Regimiento de Infantería, Caballería, Cuartel General y la Policía Nacional). Dijo que son aproximadamente 1.500 los beneficiarios de la indemnización monetaria.

El proyecto establece, entre otros puntos, que podrán ser beneficiarios todos aquellos gestores combatientes o, en su defecto, sus herederos (parientes consanguíneos hasta el primer grado).

El monto será desembolsado en un único pago según escala, herederos de gestores combatientes que perdieron la vida en la gesta del 2 y 3 de febrero, una indemnización equivalente a 3.000 jornales mínimos; gestores combatientes que participaron directamente en los combates desarrollados el 2 y 3 de febrero, una indemnización equivalente a 2.000 jornales; y viuda o pariente de primer grado de consanguinidad de gestores combatientes fallecidos posteriormente al conflicto, una indemnización equivalente a 2.000 jornales mínimos.

Esto representa alrededor de G. 105 millones para cada soldado y un total de G. 126 mil millones para ser desembolsado, según los cálculos hechos por los diputados al momento del tratamiento del proyecto de ley en plenaria.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Julio Ullón, anunció ayer que el Ejecutivo trabajará en un proyecto de indemnización gradual para los excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989, al alegar que el Estado no cuenta con los recursos para efectivizar el pago.

Llamativamente, a pesar de que la ley fija un total inferior, Ullón dijo que se requieren G. 230.000 millones para cumplir con la normativa vetada, conforme a una estimación basada en las primeras informaciones que se tienen sobre el impacto económico de la mencionada ley.

Sostuvo incluso que el desembolso exigido para el presupuesto del año que viene podría ser aún más. Aseguró que es inviable para la administración central que a pocos meses de finalizar el año se incluya la millonaria transferencia.

El ministro explicó que el monto estimado representa un 7% del déficit máximo que se puede tener bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es del 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Por tanto, anunció que el Poder Ejecutivo preparará un proyecto alternativo en el que se contemple una gradualidad en el gasto.

“El Gobierno cree que los fallecidos y aquellos que sufrieron algún tipo de daño durante la gesta deben ser beneficiarios de esta indemnización, pero debe ser atendiendo el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y las necesidades de financiamiento del Estado. Debemos buscar una compensación justa, pero también que el Estado pueda llegar a cumplir”, puntualizó.

El senador colorado Enrique Riera calificó como una señal “muy negativa” la decisión del Poder Ejecutivo de no indemnizar a quienes se jugaron la vida, por uno y otro lado, en la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989.

Dijo que si el Estado, en defensa de sus instituciones, generó daños a ellos y a sus familias debería indemnizarlos. “Ojalá tengamos los votos para rechazar el veto. No quiero ponerme paranoico, pero en un momento pensé en un neoestronismo”, dijo Riera en conversación con la 1020 AM.

Expresó que Abdo Benítez considera que si un medio le critica hay un atentado a las instituciones e incluso podría inventar la historia del golpe para justificar una persecución a disidentes. “Hoy produce destituciones en las instituciones públicas. Me trae recuerdos bastante parecidos”, añadió.

Riera aludió que es una señal mala de “Marito” y que proviene de alguien que no negó e hizo honor y culto a su padre, refiriéndose a las loas del presidente Abdo a su padre, Mario Abdo, otrora secretario privado del dictador.

“El vínculo padre e hijo tiene que ser fuerte y mantenido, pero de ahí a reivindicar una parte del sistema tal vez no sea un estronismo, sino un neoestronismo que pretende que la prensa tiene que aplaudirle siempre”, acotó.