Proceso de remate contaminado de irregularidades, que se presta para la corrupción, se realiza en Talleres del km 21,5 (Ruta 1), a partir de las 7:00.

La Policía Nacional lleva adelante en la fecha, a partir de las 07:00, en Talleres del Km 21,5 (Ruta 1) la subasta de casi 500 automo­tores, con la llamativa y sos­pechosa contratación de un rematador público, Osvaldo Gabriel Luces, quien desde el 2011 viene acaparando las más “jugosas” subastas en los entes públicos. El proceso de remate de casi 500 camione­tas lujosas, autos, ambulan­cias y motos, en su mayoría “carneados”, tiene todos los condimentos de estar plagado de irregularidades y estaría hecho a “medida” para favo­recer a los amigos.

El rematador público es egre­sado de la Universidad Nacio­nal de Asunción (Facultad de Derecho). En su página web se autocalifica como “profesio­nal independiente: Abogado y Rematador Público” y deta­lla los lugares donde ya realizó subastas. En el año 2011 fue rematador en una subasta en Aduanas; en el 2014 organizó una subasta para Industria y Comercio; en el 2015 otra vez para Aduanas; en el 2016 fue contratado para una subasta en la Ande y el Ministerio de Turismo y este año la Policía Nacional le adjudicó la organi­zación del remate de casi 500 vehículos.

De acuerdo con las Bases y Con­diciones para la compra en el remate, está estipulado que el Rematador percibirá una comisión del 10%, más el 8% en concepto de gastos de publi­cación y otros inherentes a la subasta sobre el precio de venta de cada rodado (IVA incluido). Es decir, Luces se alzará con el 18% del total de transaccio­nes. Este dinero es abonado al mismo en efectivo por los compradores al momento de la transacción. Los compradores pueden entregar como “seña de trato” un 50% del valor total del vehículo adquirido, pero debe­rán pagar el resto en un plazo de 10 días para poder retirar el rodado. Aquel que efectivice la suma total de la transacción podrá retirar el vehículo al tér­mino del evento.

Llama la atención que el rema­tador perciba un 8% más por cada transacción alegando “gastos de publicación”, ya que la difusión de la subasta de los automotores la realizó ínte­gramente por internet (Face­book, Clasipar y página web personal) a costo cero prácti­camente.

Entre los vehículos oferta­dos se encuentran, por ejem­plo, camionetas Ford Ranger, Izuzu y Nissan Frontier a tan solo G. 3.000.000 cada una. También se ofertan lotes de cinco motocicletas de diferen­tes marcas y modelos a un costo de G. 500.000 y G. 600.000.

Si bien el mecanismo de subasta consiste en la venta al mejor postor, según denun­cias arrimadas a nuestro dia­rio los vehículos habrían sido “carneados” en las últimas semanas para ser presen­tados como chatarras a fin de devaluarlos y venderlos por sumas insignificantes. Muchos interesados acudie­ron entre el miércoles 19 y este viernes 21 para verificar los rodados, pero quedaron sorprendidos por el estado lamentable. Llamó la aten­ción que la subasta se realice en un horario inusual, a las 7:00, prestándose a sospechas de “arreglos” previos con los que lleguen primero.

La desaparición de costo­sas piezas de vehículos, poco antes de su venta, es una prác­tica común en las institucio­nes públicas, que difícilmente pueda hacerse sin el conoci­miento de altos jefes, subal­ternos y a veces hasta de los propios organizadores del remate. Esta modalidad per­mite el enriquecimiento de unos pocos funcionarios.

El negocio consiste en despo­jar sistemáticamente a lujosos vehículos de piezas costosas tales como faros, llantas, com­presores de aire acondicio­nado, picos inyectores, masas de ruedas de tren delantero, radiadores, etc., quedando expuestos sobre tacos, lo que los desvaloriza. Tras la tran­sacción, los nuevos propieta­rios “recuperan” las piezas de sus propios rapiñadores.

Las sospechas de corrupción se acrecientan considerando que en el listado de vehículos ofertados –vía internet– no se detallan el número de motor, el número de chasis de cada unidad, el tipo de desper­fecto y las piezas faltantes, lo que se presta para cualquier maniobra en el momento de concretar la transacción. En la nómina cada vehículo es codificado con un “número de lote”, se señala la marca (a veces el modelo) y el precio de oferta inicial, pero sin deta­llar siquiera el año del rodado y desperfecto. Muchos vehículos ni siquiera tienen número de chapa. Nadie tiene la certeza de que aquello que ve en la publicación es lo que adquirirá.

Según trascendió, este tipo de remates favorece general­mente a personas allegadas a los altos jefes, quienes acce­den de esta manera a vehícu­los costosos a precios irriso­rios. No es otra cosa que un solapado sistema de corrup­ción. El irregular negocio, practicado en las institucio­nes públicas, reditúa ganan­cias para una red de gente bastante amplia.

La Nación contactó el miércoles 19 último con la portavoz de la Policía, comisaria Elisa Ledesma, a través de su correo electró­nico rrpnacional@gmail.com, a los efectos de tener una versión de la Policía Nacional con respecto a esta subasta, pero no nos respondió. La funciona­ria acostumbra a pedir a los periodistas las consul­tas por escrito a través del mencionado correo.