• Por Nilza Ferreira
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En tiempo récord, el Congreso Nacional sancionó el jueves último la Ley Anita, que convierte a todos los mayores de edad en donantes de órganos, salvo negación expresa. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya promulgó la normativa cuya aplicación genera controversias. La nueva legislación generó reacciones a favor y en contra en la ciudadanía y sectores especializados.

El proyecto de ley “Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.246/98 ‘De trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos’ y la Ley Nº 4.758/12 ‘Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación” y su modificatoria Ley Nº 6.069/18 tuvieron su origen en Diputados, donde fueron aprobados por unanimidad en sesión ordinaria del miércoles 5 de setiembre. Al día siguiente ya fueron sancionados por el Senado.

El proyecto introduce modificaciones, preferentemente al concepto de presunción legal de la autorización de ser donante de órganos y tejidos después del fallecimiento a partir de la falta de manifestación expresa de la oposición total o parcial, sin necesidad de contar con la autorización de los familiares o del juez competente para el efecto.

Esto implica que la ley presumirá la calidad de donante de la persona, en el caso de que la misma, en vida, no haya manifestado expresamente su oposición a ser donante tras su deceso.

Las personas podrán registrarse como opositores a la donación en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) a partir de los 18 años; mientras que en el caso de los menores, sus padres decidirán si son o no donantes.

Paraguay registra la tasa más baja de donación de la región, de dos donantes por millón de habitantes. La tasa de donantes en países como España y otros europeos es de 20 donantes por cada millón de habitantes, como ocurre en Uruguay. En la Argentina, la tasa es de 13 por cada millón. Luego de que fracasara la ley de trasplantes que establece que los dadores de órganos deben acudir voluntariamente a registrarse como tales, la Cámara de Diputados impulsó la iniciativa para sustituir esta legislación que tiene más de 20 años de vigencia.

El proyecto establece que un 10% del presupuesto del Fondo Nacional para la Salud sea destinado para poner en práctica el programa de donación y trasplante.

Desde el punto de vista médico, la nueva legislación también actualiza los criterios por muerte encefálica, esta era certificada solo por neurocirujanos o neurólogos (especialidades con gran déficit en el país), ahora se suma el concurso del terapista.

En materia de infraestructura, la normativa también establece que todos los hospitales con unidad de terapia intensiva tienen que contar con equipo propio de ablación y trasplante. Asimismo, el programa de trasplante recibiría ahora el presupuesto de G. 16.000 millones por parte del Fonacide.

La nueva legislación sobre donación de órganos genera opiniones divergentes en la sociedad y existen posturas en contra y a favor en el ámbito médico y en el parlamentario.

El doctor Aníbal Filártiga, reconocido profesional y ex director del Hospital de Trauma, manifestó que la ley atenta contra los derechos humanos, puesto que el Estado se toma la potestad de decidir sobre el cuerpo humano.

“En los países más avanzados del mundo, como Francia, España, Portugal, Bélgica y Holanda, entre los principales, han adoptado ese estilo de que todos son donantes a menos que rechacen oficialmente ser donantes. Se presume que todos están conscientes y que todos van a querer dar a menos que lo hayan dicho específicamente: no quiero ser donante. Pero todos esos países tienen un índice de nivel cultural, nivel educativo, nivel cívico infinitamente superior a nosotros”, declaró.

Asimismo, el doctor Filártiga argumentó su postura de esta manera: “Nosotros tenemos más del 60% de analfabetos y analfabetos funcionales, el consentimiento presunto va a ser un atropello para toda esa masa que ni se va a enterar de que existe esta ley. Porque para que uno quiera o consienta tiene que estar enterado, y si ni te enteraste, como va a pasar con el 60% de la gente que no lee los diarios, que no van a acceder a campañas, entonces es muy difícil presumir que el campesino de allá de Ypehú resulta que si no dice que no quiere, ya es automáticamente donante. Eso es un atropello porque el Estado no puede apropiarse de la única propiedad absolutamente legítima y sin ninguna discusión, que es el cuerpo humano. Entonces, si el Estado se apropia de esa única propiedad legítima que tiene el individuo está atropellando los derechos humanos de una forma flagrante”, afirmó.

Filártiga acotó que “la única forma real de consentir la donación de los órganos es que el propio individuo diga quiero o no quiero. Y si muere sin haberlo dicho, que sea la familia la que decida. Esa es mi opinión”.

A su criterio, la legislación no es aplicable para nuestro país porque “pretende traspolar la población belga, holandesa o francesa con todo su nivel de educación y civismo a nuestro país, que no tiene ese nivel, donde el 60% es analfabeto o analfabeto funcional”.

Consultado sobre si la nueva ley podría desencadenar hechos de corrupción como el tráfico de órganos, Filártiga descartó que se dé tal situación.

“Los médicos son conscientes y los casos son escasos. Hay pocos donantes y muchos que están esperando la donación. Así que, se haga un tráfico, podrá por ahí dar una coima para que se avise a fulano. Pero esas son cosas que escapan ya a las posibilidades, pero un tráfico masivo al exterior, como alguien dijo que se van a vender los hígados a la China, me parece muy fantasioso. Lo que sí debe ser una cuestión ineludible es que quienes están tratándole a los pacientes no tengan nada que ver con el pedido de donación”, acotó.

La ex ministra de Salud y actual senadora Esperanza Martínez, a su vez, expuso los argumentos a favor de la Ley Anita. Dijo que la ley incorpora nuevos conceptos sobre la muerte cerebral y los procedimientos a seguir, además del acompañamiento al trasplantado.

“Esto no va a ser una cuestión automática, hay que hacer una profunda campaña de información, de concienciación y en realidad la gente decide si quiere o no quiere. Porque si no quiere, se inscribe como para no ser donante. Va a ser un proceso, no va a ser automático”, indicó.

Además, destacó que la ley también prevé todo un sistema de procuración, que es el acercamiento de un equipo especializado para hablar con el entorno familiar, explicarle todas las circunstancias y acompañar el proceso de la ablación y trasplante.

“Evidentemente es una controversia y se da este tipo de situaciones en todos los lugares donde se fueron implementando progresivamente esto, pero no hay dudas de que el aumento de la donación y de la sensibilización de la gente se da justamente a través de la instalación de estas leyes porque finalmente toda la sociedad debate sobre el tema. Y por supuesto, es siempre un proceso el poder conciliar todas las miradas”, enfatizó.

La senadora Esperanza Martínez sostuvo que si bien el tráfico de órganos siempre es una posibilidad que se baraja cuando surgen nuevas legislaciones como esta, sin embargo, dijo que es prácticamente imposible que se materialice, puesto que necesariamente tiene que haber una histocompatibilidad entre el órgano del donante y el receptor.

“No todos pueden ser donantes, para comenzar. No todos pueden recibir el órgano donado. Son procesos casi simultáneos que se realizan, o sea, tiene que haber toda una complicidad de todo el hospital para el equipo que saca el órgano y el que coloca el órgano. Y no es algo que se pueda hacer clandestinamente”, mencionó.