El agente fiscal Luis Piñánez allanó esta tarde la vivienda de Ramón González Daher, por un caso de usura, lavado y quebrantamiento del depósito. Recordemos que González Daher fue condenado recientemente a 15 años de cárcel por los hechos punibles de usura, lavado de dinero y declaración falsa.
Según se informó, el procedimiento en curso este miércoles guarda relación con la supuesta desaparición de 900 cheques del Poder Judicial, de los cuales cientos tendrían relación con el proceso contra el exdirigente deportivo.
En la oportunidad, los intervinientes están en busca de unos 380 cheques robados del juzgado del magistrado Humberto Otazú.
Días atrás, la Corte Suprema de Justicia dispuso intervenir la Contaduría General de los Tribunales por la desaparición de los cheques y se ordenó la separación de varias personas, entre ellos los funcionarios Gustavo Daniel Peña, Nilda Vega y Sandra Carolina Fleitas Vera.
Todos serán objeto de un sumario y de ser encontrados culpables incluso se les podría abrir un proceso penal. Igualmente, la máxima instancia judicial designó a Edith Graciela Gallardo Aguilera en carácter de interventora de la Contaduría General de los Tribunales.
Antecedentes
El Consejo de Superintendencia de la Corte dispuso la intervención de la Contaduría General de los Tribunales y la separación del cargo de la titular, Marta Sosa Heisele, tras una denuncia de desaparición de 900 cheques judiciales, formulada el pasado 17 de noviembre. A partir de ello, se iniciaron los trabajos de auditoría y se encontraron varias irregularidades en la citada dependencia judicial.
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Concepción: Prefectura Naval investiga accidente fluvial que dejó un muerto y un desaparecido
La Prefectura Naval inició la investigación oficial para esclarecer las circunstancias de un accidente fluvial ocurrido el domingo en el paso Arrecife, al norte de Concepción.
El grave percance dejó como saldo un tripulante fallecido y otro desaparecido. Ambos formaban parte de la dotación de una lancha de balizamiento que prestaba apoyo operativo a un convoy remolcador.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro Mereles y Jorge Oliveira, quienes se encontraban a bordo de una pequeña lancha de balizamiento perteneciente al convoy remolcador Tommy H, de la empresa Mercopar. Oliveira falleció, en tanto que Mereles desapareció en aguas del río Paraguay.
Mientras continúan las tareas de búsqueda del tripulante desaparecido, el sector marítimo y fluvial expresó su profundo pesar por lo ocurrido y aguarda los resultados de la investigación técnica.
El capitán de corbeta Emigdio Zayas explicó que la lancha habría perdido potencia en el motor y, sumado a las condiciones del río y los fuertes vientos, terminó impactando contra el convoy de barcazas.
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“Bajaron de su convoy en una embarcación menor para hacer fraccionamiento de la embarcación con las barcazas para poder proseguir la navegación aguas arriba”, precisó a la 1020 AM. El accidente ocurrió en un sector considerado de alta complejidad para la navegación debido a la presencia de rocas y fuertes corrientes, donde la lancha guía cumplía la tarea de orientar el paso seguro del convoy.
“Como es una zona de paso difícil, tuvieron que fraccionar y balizar como lo hacen normalmente para estos pasos. Iban a hacer un pasaje de un lado al otro del río. Y posiblemente, como dijo el capitán, tuvieron pérdida de motor y fueron directamente a impactar por el convoy de las barcazas”, detalló.
Mencionó que estaban haciendo un trabajo rutinario que es el balizamiento por medio del cual se guía el capitán para hacer su travesía y poder navegar seguro, cuando se registró el siniestro. “Se nota que perdió potencia el motor, también los fuertes vientos, eso se verá con el peritaje de la investigación, y fue a impactar directamente contra la barcaza nuevamente la embarcación con los dos marineros”, puntualizó.
El capitán comunicó que uno fue al agua y el otro quedó en la embarcación menor sin signos de vida. También fueron convocadas autoridades policiales y del Ministerio Público para el procedimiento de rigor.
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Fiscalía pidió salida procesal para el extesorero del Consejo de Salud de CDE
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.
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Detuvieron a uno de los supuestos autores del homicidio de un guardia en San Alberto
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En pleno inicio de la final del Mundial de Fútbol con el asado de por medio, el fiscal Fidel Godoy y agentes policiales allanaron ayer una vivienda y detuvieron a uno de los supuestos autores de un hecho de robo agravado y homicidio ocurrido en una estación de servicios de San Alberto.
Se trata de Elvio Lidubino López Fleitas (32), quien guarda reclusión en la Comisaría 13ª. del mencionado municipio. Esto fue reportado por el Departamento de Investigación de la Policía de Alto Paraná.
El procedimiento fue ayer domingo 19 de julio, a las 15:15, en una vivienda del barrio San Isidro, de Minga Porã. El detenido tiene como antecedente una orden de captura por declaración de rebeldía, dictada por el Juzgado Penal de Garantías de Saltos del Guairá, en marzo del 2016, por hurto agravado y reducción.
La intervención fue con relación a la causa número 550/2026, en la cual se investiga el asalto y robo a la tienda de la expendedora de combustibles y muerte por disparos de arma de fuego del guardia de seguridad, Máximo Chamorro Gauto (44). El hecho fue en la madrugada del 13 de julio pasado.
Fueron incautados de la casa un rifle de aire comprimido; dos motocicletas, una de la marca Kenton y otra de la marca Leopard; prendas de vestir varias, presumiblemente vinculadas al hecho investigado; una memoria extraíble (Micro SD) perteneciente al sistema de videovigilancia de la vivienda; una cámara filmadora y cuatro aparatos celulares. También hallaron seis dosis de cocaína.
La investigación reportó que, estando en las adyacencias de la vivienda a ser allanada, un hombre salió del sitio para intentar huir al percatarse de la presencia de la comitiva fiscal y policial, pero fue interceptado y reducido en el patio posterior de la casa, procediéndose a su detención. Luego confirmaron que se trata de Elvio Lidubino López Fleitas.
Posteriormente, se realizó el registro e inspección integral del inmueble, conforme al mandamiento judicial, procediéndose a la incautación de evidencias e indicios materiales de interés investigativo, según reportó el Departamento de Investigación.
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Ministerio Público urge destrabar causa de excolaboradores de Abdo
El objetivo de la Fiscalía es que se resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados.
- HOY.COM.PY
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados. Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
CAUSA PARALIZADA
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones.
Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial. Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
PROLONGADO PROCESO PENAL
El 31 de julio de 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018.
El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial. El 11 de marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por varios delitos. En agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó seis meses más de tiempo para seguir investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y al grupo.