La recientemente aprobada reforma en el sistema de pensiones del sector público ofrece “beneficios limitados” para las finanzas públicas del Paraguay, sostiene la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings.

Sin embargo, ante ello explica que es muy probable que se necesiten reformas adicionales para contener y reducir el déficit del sistema.

Las reformas al sistema de pensiones del sector público (Caja Fiscal) fueron aprobadas por el Congreso y firmadas por el presidente Santiago Peña en marzo pasado.

En su más reciente reporte, la calificadora señala que a pesar de que la reforma aprobada en el Congreso suavizó significativamente la propuesta original del gobierno, la misma sigue siendo coherente con la previsión de que el déficit de la caja fiscal de Paraguay disminuirá al 1,5 % del PIB en 2026 y que se mantendrá prácticamente sin cambios en 2027.

En tanto, advierte que las presiones fiscales están aumentando. En ese sentido, mencionó que las deudas registradas con proveedores del Estado podrían ejercer presión al alza sobre el déficit en 2026 si se liquidan directamente, o a mediano plazo si se liquidan mediante factoring u otros mecanismos.

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“Estimamos que el logro de la meta de déficit del 1,5 % respaldaría la estabilización de la deuda pública/PIB en torno al 31,6 % en 2026, una de las más bajas entre los países con calificación ‘BB’. Los bajos déficits fiscales y la deuda son factores que contribuyen a la perspectiva positiva de la calificación soberana ‘BB+’ de Paraguay, junto con un sólido desempeño y perspectivas de crecimiento gracias a una sólida cartera de inversiones y aumentos estructurales en la aún baja base de ingresos», señala el reporte.

Como conclusión, indica que la reforma fiscal de la caja de marzo difícilmente será un catalizador por sí sola para una mejora de la calificación soberana, ya que solo aborda modestamente los desafíos estructurales que podrían complicar el cumplimiento de las metas fiscales.

“Las perspectivas de una mejora de la calificación probablemente dependerán de otros esfuerzos para garantizar un bajo déficit fiscal, la sostenibilidad del sólido crecimiento y la dinámica de inversión de Paraguay, y una gestión exitosa de la crisis del petróleo”, concluye.

Las estimaciones del gobierno muestran que se estabilizará en el 1,2 % del PIB a partir de 2032, en comparación con el 1,6 % en un escenario sin reforma, aunque esto podría capturar principalmente la contribución estatal, lo que significa un beneficio menor para el saldo del gobierno central.

La reforma aprobada diluyó significativamente la propuesta original del gobierno que contemplaba una edad mínima de jubilación de 57 años y una contribución gubernamental menor del 3 %, tras la oposición del Congreso y las protestas públicas.

Esto pone de relieve el desafío institucional de reformar completamente la Caja Fiscal, a pesar del fuerte impulso reformista en otras áreas.

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El Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció el inicio del Programa de Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Sistema Penitenciario, impulsado por el Gobierno del presidente Santiago Peña para esta segunta etapa de mandato; con intervenciones simultáneas en los 19 centros penitenciarios del país. El proyeto contempla la transformación estructural de los lugares de reclusión.

El ministro Nicora estuvo acompañado de altas autoridades del ámbito de seguridad, encabezó la palada inicial simbólica de todas las obras en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, marcando el comienzo de una nueva etapa para el sistema penitenciario nacional. Indicó que estas obras, cuando concluyan, marcarán la reconversión total de la penitenciaría que va a dejar de llamarse Tacumbú.

Como parte de este proceso, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú avanza en su reconversión para convertirse en el Centro Nacional de Prevenidos, en línea con una política de ordenamiento, modernización y respeto a los derechos humanos. “El segundo tiempo ya empezó”, afirmó el titular de Justicia, subrayando la decisión institucional de continuar fortaleciendo el sistema penitenciario.

Con estas acciones, el Ministerio de Justicia avanza hacia un sistema penitenciario más eficiente, seguro y humano, en el que la infraestructura acompañe los procesos de reinserción y garantice el respeto a los derechos fundamentales.

“Acá solo vamos a tener a personas con procesos abiertos y la unidad industrial La Esperanza va a ampliarse para poder ahondar los programas de reincersión para personas que tienen condenas”, indicó como uno de los aspectos a ser encarados en el marco de las obras.

“Este año nosotros tenemos pensado habilitar esto con una gran inversión en lo que será el Centro Nacional de Prevenidos, ampliando los programas de reinserción social y produndizando el cambio dentro del sistema penitenciario”, añadió.

Por su parte, la arquitecta Estela Azuaga, directora de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia, indicó que el trabajo iniciado contempla una intervención completa de la infraestructura, reubicando espacios de acuerdo a su función, e incorporando aulas para la formación de los personas privadas de libertad.

Señaló que el objetivo es concluir las obras este año y que para ello entrarán a trabajar unos 200 operarios, incluyendo también a personas privadas de libertad con formación en oficios como electricidad y plomería, que contribuirán con su trabajo.

El ministro Nicora remarcó en su discurso que con el Operativo Veneratio, que marcó un antes y un después dentro del sistema penitenciario, no se solucionaron todos los problemas, pero destacó que una característica distintiva de esta adminstración es “la voluntad política para cambiar las cosas”, enfatizó.

Destacó que durante este gobierno se han llevado a cabo más de 6 operativos exitosos que representaron avances en el proceso de transformación del sistema penitenciario, incluyendo el cierre de la cárcel de mujeres y el traslado de unas 800 personas privadas de libertad a la nueva penitenciaría de Minga Guazú.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, indicó que está conversando con las diferentes bancadas para llevar adelante el proyecto que propone la creación de una comisión especial que dará seguimiento a la situación de deuda del Estado con los proveedores. El objetivo es acompañar las negociaciones y los detalles del acuerdo que se pueda llegar entre el Gobierno y las empresas afectadas.

“Estamos conversando con colegas de diferentes bancadas, estamos presentando un proyecto para crear una comisión que le de seguimiento al pago de las deudas del Estado con proveedores, con las farmacéuticas, con las empresas de construcción”, expuso en conversación con los medios de comunicación.

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El legislador indicó que se trata de compromisos asumidos con las empresas, resaltando que estas firmas tienen un importante impacto en el dinamización de la economía y en la generación de empleos, que finalmente beneficia a la ciudadanía.

“Tenemos que recordar en primer lugar, que estos son compromisos asumidos, en segundo lugar, estas empresas, estas industrias sostienen a cientos de miles de paraguayos, son las que pagan los salarios, son las que dinamizan nuestra economía, son las que cuando se construye una ruta hacen que se compre de la despensa, en el supermercado local y es fundamental saldar estas deudas, honrar estos compromisos para poder mejorar la situación del dinero circulante en Paraguay”, apuntó.

Por otra parte, se refirió a la designación de Óscar Lovera al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ya está en funciones, calificando de una segunda etapa no solo para la institución, sino también para el Gobierno.

“Yo interpreto esto como una segunda etapa en términos económicos, la primera que tenía que ver con el ordenamiento macro económico que reo que está cumplida, y hoy por hoy, la misión fundamental es hacer que los paraguayos sientan el dinero circulante, que tengan el dinero en su bolsillo, que le sea más fácil a la familia paraguaya llegar a fin de mes, y parte de eso es que el Estado pueda honrar sus deudas”, concluyó.

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La fase C de la obra que encara la Defensa Costera de Pilar, incluirá una costanera, un parque lineal, ciclovías, senderos peatonales, zona de playa paisajismo y más.

La ciudad de Pilar dio un nuevo paso en su proceso de transformación urbana con la socialización de la tercera fase de la Defensa Costera, que incorpora la construcción de una avenida Costanera y un parque lineal para reconectar la ciudad con su frente fluvial.

La jornada reunió a cerca de 70 participantes, entre vecinos, autoridades y técnicos, quienes accedieron a los detalles del proyecto, sus plazos de ejecución y las medidas socioambientales previstas para intervención que redefinirá la ribera.

La nueva etapa apunta a cambiar la fisonomía de la ciudad con una infraestructura que combina conectividad, espacio público y desarrollo turístico. El plan incluye desde una avenida costera de alto estándar, un parque lineal con áreas recreativas, ciclovías y senderos peatonales.

Asimismo, está contemplado la recuperación de la zona de playa, iluminación eficiente, paisajismo, y un sistema de drenaje vial. La propuesta incorpora además criterios de movilidad sostenible, con espacios pensados para el uso ciudadano y el esparcimiento.

La obra representa una inversión de G. 267.716 millones, financiada por el gobierno nacional, y está a cargo del Consorcio Costero Ñeembucú, integrado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.

Lo interesante del proyecto, es que más allá de ser una obra de envergadura, busca redefinir la relación de Pilar con su río, combinando infraestructura, espacio público y potencial turístico en una de las principales apuestas urbanas del sur del país.